Carlos Montes está preocupado. El senador PS, referente de la oposición y presidente de la Cámara Alta desde marzo, es conocido por su disposición a los acuerdos, algo que defendió incluso cuando los partidos de su propia coalición hablaban más de "retroexcavadoras" durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Pero hoy levanta la voz para cuestionar a quienes levantan la tesis de que la Nueva Mayoría sufrió un golpe electoral al izquierdizarse, levantada especialmente por el ex canciller y candidato a presidir el PPD, Heraldo Muñoz.

No es lo único en que fija su postura. Afirma que está dispuesto a entregar los informes de asesorías a los senadores, siempre y cuando la petición de la Fiscalía sea específica. Dice varias veces que el Tribunal Constitucional se está "autodestruyendo" y promueve su reforma. Y aunque valora bien el debut del ministro Gonzalo Blumel -quien lleva la relación directa con el Parlamento-, cuestiona a Felipe Larraín, ministro de Hacienda, acusándolo de hacer actos que van contra el discurso de consensos del gobierno de Sebastián Piñera.

En las últimas semanas, figuras históricas de la DC, como Gutenberg Martínez y Soledad Alvear, han decidido dejar ese partido. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo?

Es muy preocupante. Creo que esto puede afectar mucho el futuro político. Yo quisiera que esto se resolviera, y que la DC encontrara a partir de sus elecciones, de su debate interno, una solución. Para mejorar este país, la DC es muy importante. En ningún caso creo que esto es bueno, como algunos piensan. Por el contrario, creo que su debilitamiento afecta el entendimiento entre el centro y la izquierda.

En 2010 había una situación más ordenada después de la derrota, o por lo menos un eje aglutinador, Michelle Bachelet.

Había una perspectiva clara de que era Bachelet y la posibilidad de que fuera gobierno. Había unión en torno a ella, pero eso inhibió o limitó la capacidad de que los partidos y el conjunto se repensara.

Hoy no se ve una figura así en la oposición, e incluso hay quienes dicen que la persona que tiene que tomar ese liderazgo nuevamente es Bachelet. ¿Qué piensa usted?

No creo que vaya a ser ella. En ningún caso. Espero que no, porque a veces las condiciones y la situación se da de una manera que no quedan muchas posibilidades. Yo espero que surjan otros liderazgos, sobre todo… ¿cómo le llaman ahora? Sub 60, ojalá. El problema es que tenemos que abrirnos a pensar las cosas de otra manera.

La ex presidenta prepara la creación de una fundación que va a defender alguna de las principales banderas de lo que fue su segundo gobierno. ¿La oposición debiera articularse en torno a la defensa de esas ideas o tomar otro perfil?

El perfil principal es entender que el país está distinto, que el mundo está distinto, ver lo que está ocurriendo con la economía. Y a partir de eso empezar a proponerle al país su proyecto sobre temas parciales y más globales.

¿Entonces el legado no basta?

En ningún caso. El legado del segundo gobierno de Bachelet es parte del capital que tenemos, pero también lo que se hizo antes.

Hay quienes, cuando hablan de legado, hablan solamente del segundo gobierno de Bachelet. No de la Concertación para atrás.

No soy de aquellos. El segundo gobierno de Bachelet se explica por lo que hizo la Concertación antes. Separar las dos cosas ha sido la intención de algunos sectores políticos de la centroizquierda, pero no es necesariamente lo que pensamos los socialistas.

¿Comparte el diagnóstico de Heraldo Muñoz, candidato a presidir el PPD, de que se pecó de izquierdizar demasiado el discurso en el segundo gobierno de Bachelet?

Fíjese que no entiendo mucho lo que está diciendo Heraldo Muñoz. Porque cuando él habla de que nos izquierdizamos, ¿qué fue izquerdizar? Toda la reforma educacional no es otra cosa que volver al estándar que tienen los países europeos y los países latinoamericanos, lo que tuvo Chile hasta el 73. Que haya una educación pública con un concepto de educación más integral no es ninguna cosa izquierdista. Hacer una reforma tributaria como la que se hizo, que en el fondo, implicaba terminar con ciertos privilegios, del FUT, y no sé cuántas cosas más... ¿uno podría decir que es izquierdista? Si eso está muy por debajo de lo que tienen todos los países de la OCDE. ¿Terminar con el binominal es izquierdista? Entonces, no sé. El estilo de hacer política puede ser, alguna gente que cayera en eso. Pero yo no entiendo lo que está haciendo Heraldo Muñoz.

¿Cree que se instaló una especie de mito del anterior gobierno en torno a que las transformaciones fueron más radicales de lo que realmente fueron?

No me cabe la menor duda. Si esto era volver a un cierto estándar de todas las democracias del mundo. No es otra cosa. El sentido de que una sociedad avance, en la medida que colaboramos, cooperamos unos con otros y no solamente que estamos en una competencia que no se justifica... o sea, ¿eso es para llamarse izquierdista? Yo creo que habría que conversarlo más para ver cuál es el alcance de lo que se quiere decir.

La próxima semana se va a realizar una sesión especial en la Cámara Alta para discutir sobre las atribuciones y las últimas actuaciones que ha tenido el Tribunal Constitucional en los casos que se han llevado en el último tiempo. ¿Sirve de algo?

Es primera vez que se discute esto en el Congreso. Yo estoy con la impresión de que el Tribunal Constitucional se está autodestruyendo con sus decisiones. Está llegando más allá de lo razonable en ciertos temas. Esto ha debilitado un organismo que las democracias requieren, que revisa la constitucionalidad de las leyes. Ahora va a quedar como un tribunal de siete miembros que votan por lo que el gobierno actual dice, y tres que, no sé, que vamos a ver cómo van a ir votando en distintas materias.

Lo que está planteando es complejo, porque el TC, se supone, es el último guardián de la estructura de un país...

Yo creo que con los fallos se está autodebilitando. Y, bueno, eso es lo que se va a discutir el día miércoles. Uno acata los fallos del tribunal, ésa no es la discusión; es cuál es el contenido y si tiene fundamento suficiente.

Entonces, lo que está diciendo es que está tomando un rol de deliberación política.

No me cabe la menor duda que muchos de los considerandos y las referencias que yo tengo del tipo de debate que se ha hecho al interior del Tribunal, son bastante políticos. No son de técnicas jurídicas: tienen una alta connotación política y bastante influencia de los factores políticos de la coyuntura.

Uno podría decir: "Ahora que hay una conformación más favorable a la derecha, la oposición reclama"…

El problema de fondo es que hay que reformar el TC, y el programa del presidente Piñera también dice que lo va a reformar. Lo que pasa es que lo quieren dejar para el final del gobierno. Nosotros decimos: "Mire, una entidad que cumple un papel de mucha significación, que se esté autodebilitando, autodestruyendo, es peligroso, y sería bueno hacerlo cuanto antes".

¿Qué reforma en concreto le interesa?

Me parece muy importante cómo se generan las distintas alternativas, los integrantes, los quórum para tomar decisiones. Materias en las cuales no deben meterse y otras en que deben meterse. Ahora, usted se da cuenta que incluso están interviniendo en temas de Derechos Humanos, una cosa insólita.

¿Y diría que el TC hoy está cargado hacia la derecha?

Claro que es así. Y lo hemos dicho una y otra vez. De eso no hay duda. Aquí debería tener un rol mucho más importante la trayectoria de los integrantes, las capacidades profesionales, las capacidades técnicas.

Usted como presidente del Senado mantuvo la decisión de su antecesor, Andrés Zaldívar, de no entregar los informes de asesorías de legisladores que le había solicitado el fiscal Manuel Guerra. Hay quienes dicen que es una manera de mantener la opacidad en el trabajo parlamentario.

En el pasado el Senado decidió que no correspondía que le pidiera indiscriminadamente sobre los parlamentarios en general, sin un motivo específico. Y yo creo que eso fue un criterio que se sostuvo jurídicamente, y hubo cierta gente que estuvo muy de acuerdo con él, se entregaron todos los análisis del caso.

¿Pero a usted le parece razonable? Porque deja una mala imagen...

Personalmente, creo que el Senado, por transparencia activa, por su propia decisión, debiera poner todos los elementos a disposición. Pero que otra instancia, para una investigación, le diga 'quiero todo'... Los expertos en esto han dicho que eso no corresponde, y eso fue una objeción. Ahora, si el día de mañana se solicita por un número determinado de casos, obviamente vamos a hacerlo. Nosotros queremos que haya transparencia. Pero, más allá de lo que pide el Ministerio Público, lo que queremos que poder poner a disposición todo. ¿Qué pasa con las asesorías externas? Estamos esperando que en el Consejo de Asignaciones definan qué es lo que es una asesoría externa. Y, a partir de eso, tenemos que, a mi juicio, poner a disposición todos los informes.

Imaginemos que un ciudadano común y corriente hace una solicitud al senador Carlos Montes de que le pueda enviar el desglose de sus asesorías parlamentarias que ha tenido en estos últimos años y el contenido. ¿Estaría disponible para enviarlos?

Absolutamente.

¿Y cuál es la diferencia con lo que pide el Ministerio Público?

Aquí se pide, en general, sin precisar por qué. Es un problema de la facultad del Ministerio Público. Nunca se pide genéricamente y sin fundamentos: se dice: "Estoy investigando a estos diez senadores por esta razón". En fin: motivos específicos. Entonces, lo que alegó el Senado fue eso.

Si el fiscal acota la petición y pide sólo ciertos informes, usted, como presidente del Senado, ¿estaría dispuesto a entregarlos?

No tengo la menor duda: lo haría inmediatamente, de aquello que exista como información, porque tenemos la información de 2015 hacia adelante. Hacia atrás no hay.

¿Y qué opina de decisiones como las que ha tomado el Ministerio Público de llegar a acuerdos en situaciones que involucran a parlamentarios? Por ejemplo, Iván Moreira, que es parte de la Cámara Alta.

El Ministerio Público llegó a la conclusión de que podía tomarse otra alternativa, distinta al juicio que se había hecho antes con (Jovino) Novoa. Eso tendrá que verse por los argumentos que dan. ¿Qué me parece a mí? Que la sanción pública y política no hay que mirarla a huevo. O sea, Moreira estuvo desaforado, cuestionado en todos lados, ha tenido una determinada sanción. Pero los criterios del Ministerio Público no los conozco.

¿Cómo ha visto el debut de Gonzalo Blumel como ministro de la Segpres?

Es una persona abierta a distintos temas. Está aprendiendo de su labor. Yo algunos reparos se los he hecho privadamente, de algunas cosas que él ha dicho. Pero en general está muy abierto al diálogo. Lo que no tiene ninguna relación con el trato que, por ejemplo, hemos tenido del ministro de Hacienda. No es propia la agresividad que ha tenido.

¿Hay diferentes posturas en el gobierno?

Por supuesto. Yo marco una diferencia muy clara: este informe de los US$ 5.500 millones de déficit a cinco años, el ministro no ha logrado sostenerlo ni siquiera en el Consejo Fiscal Asesor. O sea, es una cuestión muy poco rigurosa, muy poco seria. Y después lo que dice de las contribuciones, que es algo que claramente no es lo que él decía. Y se le pudo demostrar y se replegaron. Prefiero un ministro de Hacienda que esté tratando de gobernar y ver como el país crece, como empujamos el desarrollo hacia adelante, más que uno que cada cierto tiempo inicie una operación para cuestionar a los gobiernos anteriores.

El gobierno ha marcado que quiere hacer acuerdos, consensos, ha llamado a comisiones. ¿No lo siente tan así?

O sea, yo siento que hay un doble discurso. Por un lado dice eso, pero por otro lado, en distintas señales, concretas en áreas de gobierno, no ha sido así. Hacienda quizás es el caso más fuerte. En Educación también.

¿Y qué le parece que se opte por la vía de dictar decretos o de hacer retiros de proyectos del Congreso?

Se han dado señales de querer influir en la orientación de las leyes a través de decretos -lo que va a generar un gran conflicto- o por intervenciones desmedidas, más allá de lo razonable y sin argumento suficiente por parte del TC, que han sido dos maneras de alterar el sentido de las leyes.