El día en que la oposición apoyó el control preventivo de identidad a menores

"Pasamos de 'los niños primero' en la fila a someterlos a controles preventivos de identidad, es decir, sin que exista ningún indicio de haber cometido un delito. Eso, efectivamente, atenta contra los derechos del niño. Esta es una medida del gobierno para tratar de esconder su fracaso en el combate de la delincuencia", ha dicho por estos días el presidente de la DC, Fuad Chahin, anticipando el rechazo de sus parlamentarios y de parte de la oposición a la idea de la administración del Presidente Sebastián Piñera de ampliar las facultades que tienen las policías para verificar la identidad de las personas, incluyendo, ahora, a menores de edad mayores de 14 o 16 años, y a los que se les podrían registrar, si prospera la iniciativa en el Congreso, sus ropas, accesorios y medios de transporte.

Las duras palabra de Chahin y de otros dirigentes opositores, que han acusado al gobierno de populismo y de actuar presionado por las encuestas con el anuncio de este proyecto de ley -cuyo envío al Congreso se debería materializar los primeros días de abril-, buscan presionar y alinear a los parlamentarios del sector, luego de que al menos tres de ellos (Pablo Lorenzini, Miguel Ángel Calixto y Manuel Antonio Matta) se mostraran disponibles a votar a favor de la iniciativa del gobierno, siempre que esta se amplíe solo a los mayores de 16 años.

Hace menos de tres años y medio, el 9 de septiembre de 2015, sin embargo, el entonces diputado Chahin y otros 38 parlamentarios del desaparecido bloque de la Nueva Mayoría apoyaron y votaron a favor un proyecto de ley -respaldado por el gobierno de Michelle Bachelet- que legalizaba los controles preventivos de identidad a todas las personas. Esa vez, el texto no hacía distinción alguna de edad, podría haberse aplicado, incluso, a menores de 14, sin que hubiera indicios tampoco de la comisión de un delito.

La polémica iniciativa fue aprobada ese día en primer trámite legislativo por 88 votos a favor, pese a que expertos en seguridad, académicos, el Poder Judicial y organizaciones con larga trayectoria en el tema del combate contra la delincuencia, como Paz Ciudadana, alertaban -al igual que ahora- sobre la ineficacia de los controles masivos de identidad en la reducción de los delitos y sobre los riesgos que el uso de esta facultad discrecional de las policías podría tener sobre algunos grupos de la población.

Casi el mismo debate, las mismas razones. Al igual que ahora, la iniciativa no estaba dentro del programa original del gobierno. Fue una encuesta y la presión por aparecer dando respuesta al aumento de la delincuencia lo que llevó al gobierno de Bachelet a respaldar la idea, según recuerdan autoridades de la época, que prefieren mantener su identidad en reserva.

El diputado RN Gonzalo Fuenzalida no recuerda con precisión la fecha en que se reunió en La Moneda con el entonces ministro del Interior, Jorge Burgos, y la ministra de Justicia, Javiera Blanco. Pero tiene que haber sido entre fines de julio o inicios de agosto de 2015, porque fue entonces cuando se produjo la voltereta del gobierno de Bachelet.

En esa cita en La Moneda, Fuenzalida defendió una indicación que había presentado en el marco de la ley corta antidelincuencia de Bachelet junto a los diputados Gabriel Silber (DC) y Daniel Farkas (PPD), que modificaba el artículo 85 del Código Penal, introduciendo un nuevo inciso que autorizaba a las policías a "solicitar la identificación de cualquier persona para cotejar la existencia de órdenes de detención pendientes".

La indicación había sido aprobada por siete votos a favor y seis en contra en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, sin que ningún miembro reparara en que se incluía con esa redacción a los menores de edad.

El texto debía pasar a debate en la Comisión de Constitución de la Cámara y todo indicaba que sería rechazada la polémica indicación de control de identidad.

Para entonces La Moneda era contraria a extender el control preventivo de identidad. Así se lo dijo Burgos a Fuenzalida en esa cita en La Moneda. "Es impensable que el gobierno respalde esa iniciativa, porque se presta para discriminación", recuerda el parlamentario que fue la respuesta del jefe de gabinete de Bachelet.

Lo que pasó después no deja de sorprender. Apenas unos días antes de que la ley corta de seguridad se votara en la Comisión de Constitución, Cadem dio a conocer una encuesta en la que el 86% de los chilenos estaba a favor del control preventivo de identidad.

Según algunos parlamentarios, los resultados de la consulta fueron decisivos en el giro del gobierno.

A la Comisión de Constitución de la Cámara Baja llegó un oficio firmado por la entonces Mandataria y su ministro Burgos con una indicación que incluía un nuevo artículo 12 al proyecto de ley, "que facilita la aplicación efectiva de penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal de dichos delitos". Esta indicación facultaba a los funcionarios policiales "a controlar la identidad de cualquier persona que se encuentre en las inmediaciones o en lugares que, por su naturaleza o circunstancias específicas, se encuentren expuestos a un mayor peligro para la seguridad y el orden público, o en lugares donde existan grandes aglomeraciones de personas que puedan provocar riesgos para la vida, integridad física, propiedad u otras garantías constitucionales".

El texto, al hablar de "cualquier persona", dejaba abiertas las puertas a que se controlara la identidad de menores, sin importar su edad. No solo eso, la indicación que envió el Ejecutivo -y que fue defendida más tarde por los ministros Burgos, Blanco y el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, otorgaba la atribución a los funcionarios policiales a revisar vestimentas, equipajes y vehículos solo para precaver que la persona controlada no portara algún tipo de arma.

Para la mayoría de los diputados de la ex Nueva Mayoría el texto propuesto por el gobierno de Bachelet era un exceso. Pero en vez de rechazarlo, en la misma Comisión de Constitución, los diputados entonces oficialistas negociaron con el gobierno una nueva redacción, la que, si bien aclaraba y simplificaba la indicación de La Moneda, persistía en dar la facultad a los funcionarios policiales para controlar la identidad de manera preventiva "a cualquier persona en el lugar en que se encontrare".

La nueva redacción, patrocinada por Osvaldo Andrade, Matías Walker, Lautaro Carmona, Guillermo Ceroni, Fuad Chahin, Daniel Farkas y René Saffirio, fue aprobada por unanimidad por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en agosto de 2015.

Lo que se dijo ese 9 de septiembre de 2015, el día en que se votó en sala el proyecto de ley -y que es posible revisar en el boletín N° 9885-07, en la web de la Cámara de Diputados, cuando buena parte de los diputados de la ex Nueva Mayoría aprobaron el control de identidad sin poner restricciones de edad, contrasta con lo que ahora varios de ellos manifiestan para rechazar la ofensiva legislativa de Piñera.

"Quién podría sentirse agredido porque le piden el carné de identidad? ¿Alguno de nosotros nos sentimos vulnerados en nuestros derechos si nos piden la licencia de conducir cuando viajamos en nuestros vehículos?", sostuvo en esa oportunidad el DC Fuad Chahin, al mostrarse satisfecho de que se dejara fuera el registro de vestimentas y accesorios y que se incluyeran controles al uso de esta atribución, entre estos una evaluación semestral de esta facultad, lo que no se ha hecho hasta ahora de manera exhaustiva, debido a que Carabineros no tiene desagregadas las estadísticas de los procedimientos de control de identidad que ha realizado.

"Votaré a favor (...). Me parece un buen punto de acuerdo entre la necesidad de conocer la identidad de las personas y la prevención del riesgo de discriminación que ese hecho conlleva necesariamente", dijo el diputado Pepe Auth.

Fueron varios los que alabaron entonces el texto concordado, sin reparar en que se abría la puerta al control de identidad de menores de edad. "Este control solo implica la solicitud de la identificación de la persona y, en caso de que se niegue, pueda ser llevada a la comisaría correspondiente, por un tiempo que no exceda las cuatro horas", señaló el entonces diputado Guillermo Ceroni en su intervención.

Algo en lo que concordó la ministra de Justicia de la época, Javiera Blanco. "Me parece que estamos ante una facultad policial muy bien lograda por los contrapesos que se han incorporado", señaló.

Otros, parlamentarios de la ex Nueva Mayoría, como el socialista Marcelo Schilling, aunque no estaban a favor del proyecto, lo respaldaron "con cero convicción", solo por el hecho de que tenía el respaldo del gobierno de Bachelet.

Recién dos meses después, con el proyecto ya en el Senado, en segundo trámite legislativo, la ex Nueva Mayoría caería en cuenta de lo que había hecho y se dejaría fuera del control de identidad preventiva a los menores de edad.

El 14 de marzo, en medio de la ofensiva del gobierno para defender el proyecto que fortalece el control preventivo de identidad y rebaja la edad a los 14 años, la intendenta de Santiago, Karla Rubilar, retuiteó un mensaje que había publicado momentos antes el ministro del Interior, Andrés Chadwick, justificando esa iniciativa.

Más allá de eso, la autoridad regional ha optado por guardar silencio respecto del proyecto.

En 2015, como diputada, Rubilar lideró junto a los parlamentarios de Amplitud, del PC y los exdirigentes estudiantiles Giorgio Jackson y Gabriel Boric el rechazo en el Congreso a darles a las policías la facultad de controlar la identidad de las personas.

En un encendido discurso, el 9 de septiembre de 2015, Rubilar rindió homenaje y citó al fallecido diputado socialista y académico del Derecho Juan Bustos para confrontar a los parlamentarios de la Nueva Mayoría que votaban a favor del control preventivo de identidad.

"Este tipo de políticas son voladores de luces, puesto que no combaten la delincuencia. Con este tipo de proyectos estamos engañando a la ciudadanía. Esa es la verdad", dijo la parlamentaria.

"En esta materia hay que tener una sola línea. No estamos aquí para hacernos populares, por mucho que este tipo de medidas tengan un 80 y tanto por ciento de adhesión ciudadana, sino para hacer buenas leyes y establecer requisitos que ayuden a combatir la delincuencia, lo cual no ha ocurrido con este proyecto", remarcó Rubilar en su intervención en sala el día en que se votó en primer trámite legislativo la llamada ley corta de seguridad de Bachelet.

Rubilar fue más allá. Junto al entonces diputado de Amplitud Joaquín Godoy, el liberal Vlado Mirosevic y un grupo de parlamentarios PS y de la DC redactaron un requerimiento ante el TC solicitando que se declarara inconstitucional el control preventivo de identidad.

El recurso no alcanzó a ser presentado. Las directivas de los partidos de la ex Nueva Mayoría, a petición del gobierno de Bachelet, presionó a algunos de sus diputados para que retiraran sus firmas.