La caída del general Blu

"No voy a declarar". El general Gonzalo Blu Rodríguez estaba acompañado por dos abogados institucionales cuando el 1 de febrero daba esta respuesta al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. Ese día, Palma lo había citado para tomarle declaración como imputado en la causa penal por eventual manipulación de pruebas derivadas de la investigación que personal de Inteligencia bautizó como Operación Huracán.

Siete días antes, el mismo miembro del Alto Mando de Carabineros había encabezado una conferencia de prensa, autorizada por el general director Bruno Villalobos, en que pedía a los tribunales no acoger el cierre del caso y acusaba al Ministerio Público de "amparar" a las personas que estaban "causando miedo" en el sur del país.

Fue la respuesta oficial de la institución luego de que el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, decidiera no seguir adelante con la investigación por supuesta asociación ilícita terrorista, debido a que peritajes alertaran que personal de la policía uniformada había implantado mensajes en celulares de los comuneros imputados en el caso, entre ellos el líder de la CAM, Héctor Llaitul.

El despliegue de Blu a esa altura era interpretado en el Ministerio Público como un "acto deliberante" de quien es considerado la mano derecha del general Villalobos. En una misiva que el fiscal nacional, Jorge Abbott, envió al gobierno reclamando la falta de reproche del Ejecutivo ante tal acto del uniformado, calificaron la acción una "vulneración a la Constitución".

El día en que el director nacional de Inteligencia fue citado por la fiscalía a declarar decidió no dar su versión de los hechos y acogerse a su derecho como imputado de guardar silencio. De todos los investigados en el caso, hasta el momento, es el único que ha invocado esta prerrogativa.

La fiscalía planea mañana -lunes 12- pedir la formalización del general inspector Gonzalo Blu, el polémico "profesor" Álex Smith y otros siete funcionarios de Inteligencia y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) involucrados en la falsificación de reportes con información obtenida bajo las reglas especiales de la Ley de Inteligencia. Contactada por Reportajes, la oficina de comunicaciones de Carabineros dijo que ni los abogados ni Blu harían declaraciones.

La imputación al alto oficial no sólo se basa en que firmó los informes que contendrían interceptaciones inventadas por personal de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE) de Carabineros, sino que, además, el Ministerio Público y la PDI contarían con antecedentes de que el general Blu monitoreaba personalmente la confección de los reportes. Distintas pruebas y testimonios allegados a la indagatoria dan cuenta de viajes que hacían los oficiales indagados desde Temuco a Santiago para presentar las acciones de la UIOE en la zona de violencia rural.

El Juzgado de Garantía de Temuco, a fines de enero, dio autorización al Ministerio Público para realizar interceptaciones telefónicas al personal de Inteligencia blanco de esta indagatoria. En esas escuchas habría personal de Labocar que se refiere a Blu en sus conversaciones y que apunta al grado de conocimiento que el alto oficial tendría de todas las acciones desplegadas por quienes realizaban las acciones de Inteligencia que hoy están cuestionadas.

Una vez que las versiones de Álex Smith, el civil contratado por Carabineros quien creó "Antorcha", comenzaron a perder sustento, desde el Alto Mando algunos señalaban que, quizás, el general Blu había sido engañado. Sin embargo, la indagatoria por presunta manipulación de evidencia contiene declaraciones que apuntan a que Blu corregía personalmente los reportes y pedía las supuestas interceptaciones para revisarlas.

El 26 de febrero, la abogada Marisa Navarrete, quien defiende al capitán (R) de Inteligencia Leonardo Osses, también imputado en el caso, afirmó al diario La Segunda que el general Blu liberó 1.100 reportes obtenidos con "Antorcha" para que los oficiales indagados pudieran presentar una mejor defensa ante la fiscalía. Como la información obtenida por la Ley de Inteligencia tiene un resguardo especial y su liberación sólo puede ejercerse por el director nacional de Inteligencia, la develación del material también fue parte del cuestionamiento que hizo Abbott al Ejecutivo en la mencionada carta.

Al interior del Ministerio Público la masiva liberación de antecedentes dejó perplejos a los investigadores. Sin embargo, si la hipótesis de que esa información fue fabricada como sostiene la fiscalía y así se demuestra en un juicio oral, algunos profesores penalistas consultados sostienen que no existiría infracción en la liberación de información del sistema de inteligencia para uso de un particular. Al no ser veraces los antecedentes, no existen.

El primer golpe a la posición de Blu se produjo esta semana, cuando el fiscal Palma se decidió a pedir el sobreseimiento respecto de una de sus denuncias en contra de personal del Ministerio Público de Temuco. Se trata de aquella en que el general liberó, el 11 de diciembre del año pasado, reportes de Inteligencia capturados con el software "Antorcha" -cuya existencia está en entredicho- y que develaba que la abogada Mónica Palma, de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, filtraba información a la CAM y a la ANI, supuestamente en conocimiento de su jefe, el fiscal Luis Arroyo, a quien se le endosaba una relación sentimental con la profesional.

Sin embargo, pericias realizadas por una unidad interna de la Fiscalía Nacional -y corroboradas por peritajes de la PDI-dieron cuenta en los últimos días que el reporte firmado por Blu es en su totalidad falso, por lo que el fiscal Palma decidió pedir el sobreseimiento de los denunciados.

El segundo golpe -más fuerte- en contra del alto oficial se concretará mañana, cuando se pida formalizar la causa por la manipulación de los dispositivos electrónicos de los ocho imputados de Operación Huracán. A diferencia de Palma y Arroyo, cuyos celulares fueron incautados por el fiscal regional de Aysén y no estuvieron nunca en manos de los oficiales de la UIOE, en los móviles de los comuneros se hallaron textos inoculados en distintos directorios de los dispositivos.

El futuro del caso

Es probable, además, que Palma agrupe todas las investigaciones en que los oficiales de Inteligencia usaron, supuestamente, el software "Antorcha". El viernes 9 se unió a los casos que debe investigar el fiscal uno en que se imputa a Carabineros por pérdida de armas en Iquique, y es probable que Huracán 2 sea también tramitada por el mismo investigador una vez solicitadas las formalizaciones.

La importancia de esta última indagatoria, que aborda la quema de camiones en San José de la Mariquina, es que reveló el quiebre entre el personal de Labocar que firmó pericias que sustentan los reportes de la UIOE de Temuco y que se sintieron engañados por el "profesor" Smith y el personal de la UIOE.

Tras declarar, los oficiales de Labocar Manuel Esperguel, jefe del Laboratorio de Temuco, y el cabo Manuel Riquelme fueron desvinculados esta semana.

Riquelme concurrió el 20 de febrero a declarar ante el fiscal regional, Juan Agustín Meléndez. El día anterior había sido formalizado por supuesta manipulación de pruebas en informes de Inteligencia sobre el ataque incendiario en San José de la Mariquina. Aunque el día de la audiencia estuvo acompañado por la abogada Navarrete, al día siguiente se presentó en la fiscalía solo.

"Tengo claro que en esta causa tengo la calidad de imputado por conductas que habría cometido en mi calidad de perito (...). He venido en forma voluntaria", señaló en su declaración. Riquelme agregó que "mi abogada, Marisa Navarrete, no sabe que estoy acá y tampoco tengo intención de avisarle, porque me he dado cuenta de que no me ha defendido como corresponde, sumado al hecho de que ella apareció en la defensa del caso por contactos que hizo con el capitán Osses (...). No necesito contar con un abogado en esta declaración, porque lo único que quiero es contar la verdad".

Durante su interrogatorio, el perito, el cabo experto en informática, aseguró que en enero de 2018 firmó un peritaje y que "el capitán Leonardo Osses me ordenó hacerlo, me entregó copia de la instrucción escrita del fiscal de Mariquina y que era muy simple, porque se iba a ocupar un programa del 'profesor' Smith". Riquelme fue quien compró el dominio "Tubicación.cl", otro de los supuestos inventos del "profesor" Smith que usó personal de Inteligencia en un reporte liberado en que con el uso de un router se podía establecer qué personas habían estado en un lugar determinado mediante la georreferenciación de su celular.

"Me trasladaron temporalmente a la UIOE para hacer una página web que iba a unir una aplicación del 'profesor' Smith que ya estaba listo, según me dijo el mismo 'profesor' y el capitán Osses", continuó Riquelme.

Asimismo, el cabo, quien en ese momento aún era un oficial activo de Carabineros, dijo al fiscal Meléndez que "quiero dejar en claro que la instrucción de hacer esta web fue del capitán Osses. Yo cumplí con mi parte (crear la página), pero el 'profesor' no cumplió, porque nunca unió mi página con un software, pero me afirmaba que estaba listo y que estuviera tranquilo". Agregó que fue a la empresa Sotraser el 10 de enero, cinco meses después del atentado, y Osses le pidió que prendiera un computador y se conectará a Wi-Fi. Nunca vio cómo funcionaba "Tubicación.cl".

Riquelme admite como un error no haber visto cómo funcionaba el software de Smith y explica que el domingo antes de ser formalizado junto al 'profesor', acudió en compañía del jefe del Labocar, mayor Nelson Esperguel, y otros oficiales investigados, a un hotel en Temuco donde el 'profesor' haría una prueba del router "Tubicación", la que falló.

"El 'profesor' dijo que iba a trabajar toda la noche para mostrar que su software funcionaba. El capitán Osses no dijo nada. Mi mayor Esperguel me dijo: 'Hasta aquí no más llegamos con este 'profesor'".

Riquelme es el primer carabinero -hoy desvinculado- que rompió el cerco de las supuestas implantaciones de pruebas en La Araucanía que en las próximas horas apuntará directamente al Alto Mando de Carabineros.