Las varas del contralor

"Lee y firma esto". El viernes 5, Eduardo Díaz recorrió piso por piso el edificio de Teatinos 56. El jefe de la División de Auditorías de la Contraloría General de la República y hombre de confianza de Jorge Bermúdez ingresaba una a una a las oficinas de los jefes de división y de unidades del organismo fiscalizador, responsable de ejercer el control de la legalidad de los actos del Estado y el buen uso de los recursos públicos. "Lee y firma esto", les pedía Díaz a los funcionarios con cargo de jefatura, pasándoles una carta que en su último párrafo dejaba por escrito el pleno respaldo a la actuación del contralor Bermúdez.

La misiva preparada por el círculo de hierro del contralor, que integran, además, su jefe de gabinete, Carlos Peña, y los jóvenes abogados asesores Alejandro Valenzuela, Gonzalo Gálvez y Loreto Valenzuela, junto al director jurídico de la institución, Camilo Mirosevic -hermano del diputado frenteamplista Vlado Mirosevic-, llamaba a terminar con las críticas internas y evitar las filtraciones de información, justo en momentos en que Bermúdez intenta dar por cerrados los cuestionamientos sobre las fórmulas con que los auditores regionales fiscalizan las arcas municipales, lo que genera diferencias millonarias en los resultados de déficit o superávit de los municipios.

Un tema que ha cobrado especial relevancia por las consecuencias políticas que puede ocasionar a un año y medio de las elecciones municipales. Hasta ahora, son a lo menos seis los alcaldes que enfrentan solicitudes de destitución en tribunales electorales y cuyos requerimientos se fundan, precisamente, en lapidarios informes de la Contraloría que daban cuenta de la existencia de millonarios déficit en el presupuesto del municipio. Los casos de la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI), y del edil de La Florida, Rodolfo Carter (ex UDI), son solo los más publicitados.

El viernes 5, el mismo día en que el entorno de confianza de Bermúdez hacía correr una carta de apoyo al contralor, había sido publicada en El Mercurio de Valparaíso una entrevista a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, en la que pedía a la Contraloría General que les precisara las fórmulas que había utilizado para determinar el monto del déficit de la Municipalidad de Viña del Mar.

Para la fiscalía, aclarar el tema es relevante. La Unidad Anticorrupción del ente persecutor analiza la eventual existencia de delitos en el municipio de Viña, a partir de los datos contables del informe de la auditoría hecha por Contraloría a la gestión financiera de la alcaldesa Reginato en el año 2017. Según contraloría regional, el déficit del municipio ese año alcanzó los 17 mil millones de pesos. El municipio afirma, sin embargo, que la cifra real es menor a los cinco mil millones de pesos.

"En el área del déficit municipal, que es donde surge el tema el fin de semana pasado, lo que nos preocupa es que se esté incorporando a la discusión el que estaríamos hablando de una cifra menor", dijo Claudia Perivancich.

Las dudas de la fiscal regional de Valparaíso surgieron luego de que el domingo 31 de marzo Reportajes diera a conocer las dos reuniones del 28 de febrero, una a las 10.00 y la segunda a las 14.30, en las que el jefe de la División de Análisis Contable, Patricio Barra, y el jefe de la Unidad de Análisis Financiero de la Contraloría, Ignacio Tapia, expusieron a Bermúdez el problema que ocasionaba la disparidad con que los municipios llevan su contabilidad y el hecho de que no hubiera uniformidad de criterios al momento de auditarlos. Un tema en el que venían trabajando desde que una funcionaria del organismo contralor, la analista contable de la Región Metropolitana Carmen Luengo, les consultara cuál era la fórmula correcta para el cálculo contable de las municipalidades, pues en las auditorías se estaban usando parámetros diferentes según la realidad con la que se encontraban los fiscalizadores en terreno.

A la primera cita, Barra y Tapia le llevaron al contralor un borrador de resolución destinado a las municipalidades y las asociaciones que las agrupan con instrucciones precisas sobre la forma en que debían proceder a registrar sus ingresos y egresos, de modo de facilitar el control por parte del concejo comunal y también con una propuesta para aunar la fiscalización de Contraloría.

Para reforzar su planteamiento, el jefe de la División de Análisis Contable y el jefe de la Unidad de Análisis Financiero le llevaron a Bermúdez ejemplos específicos de cómo cambiaba sustancialmente el resultado contable de una auditoría si se usaba alguna de las tres modalidades que, de acuerdo con la base de datos de la propia Contraloría, más se habían empleado en los informes de auditoría a los municipios.

Fuentes del organismo apuntan al caso de la Municipalidad de Arica, en manos del alcalde Espíndola Rojas. El informe de auditoría 774 de 2018 arrojó un déficit de $ 360.855.840, el que resultaba del cálculo de los ingresos percibidos ($ 44.832.154.835) menos los gastos devengados ($ 45.193.010.675). Sin embargo, analistas de la Contraloría le explican que si se usa la fórmula correcta, acorde con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Servicio Público (NICSP), adoptadas por la Contraloría, que considera los ingresos devengados más el saldo inicial de caja y luego se restaban los gastos devengados, Arica tenía un superávit de $ 278.779.602.

Situación similar ocurriría en Cañete y en otros municipios pequeños.

La duda que se instalaba era si esto también podía haber pasado en municipios grandes, cuyos alcaldes enfrentan solicitudes de destitución a raíz de los informes de déficit millonarios dados a conocer por la institución.

"Aquí no hay ninguna distinta vara para medir a nadie. Lo que nosotros hemos hecho en la Municipalidad de Viña, en La Florida, en Illapel, en Las Huaitecas, en Lo Espejo, es aplicar la metodología que siempre ha aplicado la Contraloría", dijo en su defensa Bermúdez el lunes 1 , luego de que la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, dijera que si el contralor no renunciaba de inmediato, los gremialistas evaluarían una acusación constitucional en su contra.

La timonel UDI no había sociabilizado previamente sus críticas al contralor, ni con el gobierno ni con el resto de los partidos de la coalición oficialista. Un error estratégico que le costaría caro.

Solo unas horas después de haber lanzado su advertencia, Van Rysselberghe planteó la situación del contralor en el comité político del lunes 1 en La Moneda. La respuesta fue categórica, los ministros Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel le indicaron que el gobierno no iba a tomar partido en esta materia. Desde RN y Evópoli le reprocharon a la dirigenta UDI no haberles consultado antes a sus aliados, más aún tratándose de una acusación constitucional, una herramienta cuyo uso el año pasado había sido fuertemente criticado por el oficialismo.

Aun así, aunque la presión por la salida de Bermúdez había perdido fuerza, el ministro Gonzalo Blumel llamó el lunes al contralor para que le explicara las fórmulas que usaba el organismo para fiscalizar a los municipios.

El lunes 1, desde Contraloría se aseguró que se transparentarían las fórmulas empleadas en los últimos años en las auditorías a los municipios.

Fuentes de gobierno aseguran que el contralor le envió una minuta al ministro, asegurando que no había sistemas de cálculos distintos, sin embargo, reconocía que los auditores en terreno debían adecuar las fórmulas a las realidades que encontraban en cada comuna, pues la información contable de las municipalidades no siempre era confiable.

La minuta la había elaborado Bermúdez en la mañana de ese lunes, en una reunión con sus asesores de confianza, donde evaluaron la estrategia de defensa. En esa cita no estuvo presente Camilo Mirosevic, pues estaba de feriado, por lo que Bermúdez pidió que se sumara al equipo de crisis el director de la División de Auditorías, Eduardo Díaz, el mismo que el viernes 5 recorría los pasillos de la Contraloría pidiendo que firmaran una carta de apoyo a Bermúdez y en la que se instaba a evitar filtraciones.

Ese mismo lunes 1, desde Contraloría se aseguró que se transparentarían las fórmulas empleadas en los últimos años en las auditorías a los municipios. Lo que finalmente no ocurrió. En vez de eso, Bermúdez optó por una salida política.

Tras asistir a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde expuso sobre el tema de los gastos reservados, el contralor se reunió con varios parlamentarios para explicarles su visión de lo ocurrido con las auditorías a los municipios. Uno de los diputados con los que habló fue el socialista Leonardo Soto, con quien acordó que el lugar más adecuado para entregar sus descargos sería la sesión del miércoles 3 de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

La defensa de Bermúdez ha llamado la atención en la propia Contraloría. En reserva se sostiene que la explicación que ha dado el contralor transgrede los principios del organismo fiscalizador.

En esa sesión, Bermúdez insistió en que Contraloría no tiene fórmulas diferentes, sino que se rige por el principio contable de saldo de caja inicial más ingresos devengados, a los que se restan los gastos devengados. Una fórmula "ideal", según explicó, que debe adecuarse ante las diferentes realidades que tienen los municipios y, muchas veces, ante la falta de información fidedigna con que se encuentran los fiscalizadores en terreno.

Las respuestas de Bermúdez, sin embargo, llamaron la atención al interior de la Contraloría y, en especial, del personal de auditorías.

Fuentes del organismo contralor aseguraron que, tras una revisión de los informes de auditoría publicados en la página web institucional, se aprecia que en los últimos años jamás se ha usado la "fórmula ideal" de comparar ingresos devengados, más saldo de caja inicial, con los gastos devengados.

Tampoco se aprecia que se realice en las fiscalizaciones posteriores un ajuste retroactivo de los ingresos devengados que fueron excluidos en la auditoría anterior, aun cuando se trate de derechos que no han caducado.

Considerar el déficit -explican auditores del ente contralor que pidieron reserva de su nombre-, como lo está haciendo Contraloría, mezclando bases contables diferentes, es decir base percibida para los ingresos y base devengada para los gastos, incluyendo o no el saldo inicial de caja, "transgrede los principios contables y las características cualitativas que debe poseer la información y que están establecidas en las propias normas de la Contraloría".