Las vidas de Miguel Ángel Aguilera, el rey de la zona sur

Miguel Ángel Aguilera Sanhueza no pretende ceder un milímetro más. Si alguien pensaba lo contrario, es porque, tal vez, no sabe de su historia ni de su ambición.

La mañana del jueves recién pasado, durante la reunión del consejo de seguridad comunal, el alcalde de San Ramón alzó la voz delante de los representantes del Ministerio Público, de Carabineros y de la PDI. Miguel Ángel Aguilera (56) tomó la palabra para agradecer a la Fiscalía de la Zona Sur por haberle ofrecido protección policial permanente "tras denunciar a nueve bandas de narcotraficantes que operaban en la comuna".

-El alcalde no puede tener un PPI (Protección a Personas Importantes), si no hay policías para proteger a todos los dirigentes de las juntas de vecinos, de los clubes deportivos o de adultos mayores que se atreven a denunciar a los narcotraficantes. ¡Qué señal sería esa!-, dijo un canchero Aguilera, el mismo que en medio de la crisis política en que aún se encuentra el Partido Socialista, ha vuelto a estar en la mira porque es en su comuna del sur de Santiago donde comenzó a acuñarse el concepto de narcopolítica.

Aguilera, un tipo de poca oratoria y baja densidad política, arrastra denuncias desde 2017, las que hablan, precisamente, de contrataciones de traficantes de drogas y de personas con antecedentes penales en programas sociales del municipio; de presunto fraude y lavado de activos, y de levantar una poderosa base electoral, a través del clientelismo, que le habría permitido a su familia hacerse de un inusitado poder dentro del PS. Ahí está el capital de Aguilera: en su capacidad de levantar votos.

En una época en que los partidos políticos están a la baja en feligresía, San Ramón rompe todas las tendencias. Tras el proceso legal de refichaje de militantes, el padrón socialista en la comuna se disparó, hasta llegar a cerca de cuatro mil inscritos, el 26,4% de todos los militantes afiliados en toda la Región Metropolitana y más del 8% de todos los inscritos en el país.

Para ponerlo en perspectiva: el padrón comunista en la comuna llega apenas a los 200 militantes y el de la DC, a 94.

El 26 de mayo pasado, durante la elección interna del PS, votaron en San Ramón algo más de 1.500 personas, pero se convirtieron en el blanco de los alegatos de la lista de Maya Fernández, que resultó perdedora.

Y aunque el Tribunal Supremo anuló las elecciones de la comuna de San Ramón, la pugna electoral pasó a segundo plano frente a las acusaciones de la lista disidente, que hablaban de que el PS estaba infiltrado por bandas narcos. Los ojos, otra vez, se volcaron sobre San Ramón y su alcalde.

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Aguilera junto a Esteban Toloza, del clan narco "Las Risas", en la inauguración de un club deportivo de la población La Cultura, en 2016.[/caption]

Aguilera resintió el golpe. Creía que había cerrado un capítulo luego de haber renunciado al PS -del cual era vicepresidente- en octubre de 2017. Esa vez, dejó la militancia solo tres días antes de que el Tribunal Supremo lo expulsara por las mismas acusaciones que ahora reflotan.

La decisión de irse antes de que lo echaran la tomó, afirman en el entorno del alcalde, en una conversación telefónica con uno de sus más cercanos en el partido, el diputado Marcelo Schilling. El parlamentario es uno de los líderes de la Renovación Socialista, corriente interna en la que participan todos los miembros de la familia Aguilera. En ese diálogo, Schilling le habría hecho ver que era mejor anticiparse, pues todo indicaba que saldría mal.

Por eso, Aguilera dice estar dolido. Dolido con quienes fueron sus aliados y amigos políticos dentro del PS por más de tres décadas, y que ahora apuntan a San Ramón en un intento por evitar que el senador Álvaro Elizalde siga en la presidencia del PS. Para Aguilera, su caso aparece como una estrategia.

La situación lo tiene incómodo. Por eso es que ha decidido salir públicamente a defender a su hermana Mónica -consejera regional y candidata al comité central PS-, y de paso a sí mismo, de los ataques de un partido que él ve como clasista y que no tolera que crezcan los liderazgos populares. Hace unos días se atrevió a dar una entrevista en La Tercera y este domingo estará en TVN, aunque aún son varios los temas en los que no tiene respuestas o más bien en los que prefiere no ahondar para no abrir nuevos flancos.

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En enero de este año, en un encuentro con miembros de la Renovación Socialista con miras a la elección interna. Al centro aparece Schilling y, de negro, la esposa de Aguilera.[/caption]

Hasta antes de que se reavivara la polémica sobre lo que ocurre en San Ramón, el edil se sentía meridianamente tranquilo. El persecutor de la Fiscalía Metropolitana Sur Leonardo Zamora ya había desistido de investigarlo en la causa desformalizada que se abrió a partir de un reportaje de Informe Especial que denunció presuntos nexos del municipio con narcos. En esa causa, el único inculpado fue Jorge "Chino Pinto", jefe de un pequeño clan de traficantes de drogas que opera en la población La Bandera y que estuvo contratado durante cinco meses en un programa de reinserción laboral de la Municipalidad de San Ramón, con un salario de cerca de 550 mil pesos. Se le pagaba por trabajos de limpieza y mantención de una plaza que jamás hizo.

En su defensa, el alcalde señaló que no estaba al tanto de ese contrato. Su círculo dice que fue suscrito a sus espaldas por el alcalde subrogante, Juan Martínez, y por el secretario municipal, Patricio Riquelme Pino, el 21 de marzo de 2017. Aguilera en esos momentos estaba en la Clínica Alemana, operado de emergencia de apendicitis. En junio de 2017, el contrato del "Chino" fue renovado. La explicación es que su nombre iba dentro de un lista de 80 personas que serían recontratadas, por lo que el alcalde, en un acto de buena fe de lo obrado anteriormente por sus funcionarios de confianza, los aprobó.

Pese a los problemas que le provocó la divulgación de ese contrato, Aguilera no echó a Martínez del municipio, solo lo cambió de puesto. Los contratos no se modificarían hasta mucho después, incluso una vez que el "Chino" Pinto ya estaba en prisión por tráfico de drogas. Igual ocurrió con Carlos Adema, exjefe de operaciones del municipio y quien tenía que supervisar esos trabajos. Tras un sumario, fue suspendido por tres meses con goce de medio sueldo y, luego, trasladado a otras funciones.

Y aunque Aguilera zafó en esa causa, aún está abierta otra investigación en la Fiscalía Sur por fraude al Fisco, designación de cargos públicos afectos a inhabilidad legal, en la que está querellado por el Consejo de Defensa del Estado (ver recuadro).

En los últimos días, las cosas para Aguilera solo han salido mal. El viernes 28, la justicia sobreseyó a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, y a otras personas, contra quienes Mónica, la hermana del alcalde, se había querellado. La mujer las acusó de haberse coludido para realizar un montaje comunicacional, junto al equipo de TVN que realizó dos reportajes sobre los nexos de narcotraficantes con funcionarios de la Municipalidad de San Ramón.

Con todos los antecedentes sobre la mesa, Aguilera igual tiene el apoyo de la mayoría del concejo municipal, a excepción del RN David Cabedo.

Y mantiene un contacto permanente con las organizaciones sociales de la comuna. Cada semana, en promedio, tiene 35 encuentros con juntas de vecinos, clubes deportivos o de adultos mayores de su comuna. Y, dicen en el municipio, son miles los sanramoninos que cada año llevan de paseo al litoral central, al balneario de la Costa Azul.

Conoce San Ramón de memoria y ha recorrido todas sus calles, partiendo por la Av. Uruguay, donde nació y aún viven su madre y sus dos hermanas mayores.

Su padre, Juan Aguilera -ya fallecido-, fue funcionario de la Empresa de Transportes del Estado y llegó a ser presidente comunal del PS. Y su madre, María Sanhueza, también socialista, a fines de los 60 y comienzos de los 70 fue coordinadora del Campamento Ranquil, uno de los tantos que dieron vida a La Bandera. Además, era una de las encargadas de la Junta de Abastecimiento y Control de Precios (JAP) en la zona durante la UP.

Pese a que ellos tenían una vivienda al otro lado de la Av. Vespucio, la familia se trasladó a vivir al Campamento Ranquil para apoyar a los pobladores que estaban levantando a pulso una de las mayores poblaciones autogestionadas de la época.

Y vino el golpe. Desde el 73, sus padres pasaron ocultos casi tres años en la clandestinidad, mientras los hijos estaban al cuidado de su abuela. Cada seis meses, aproximadamente, la pareja saltaba los muros de las casas vecinas para ir a ver por unos minutos a sus hijos.

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Miguel Ángel Aguilera[/caption]

Miguel Ángel siguió los pasos de sus hermanos mayores y de sus padres. A los 14 años ya militaba en la Juventud Socialista, en un núcleo popular.

Por entonces, los Aguilera eran famosos en la zona. Tenían la única tienda de encintados para bautismos, primeras comuniones y matrimonios de la entonces comuna de La Granja, la que abarcaba los territorios de las actuales San Ramón y La Pintana.

Para fines de los 80, aunque toda su familia estaba ligada a la corriente de la Renovación Socialista, Miguel Ángel radicalizó sus posturas. Durante los años en que estudió para ser contador auditor en la Universidad de La Frontera, militó en la Juventud Rebelde, la orgánica juvenil del MIR. Su chapa era "Cotapos", se la pusieron los compañeros del Hogar Universitario, porque en una ocasión llegó a una reunión política con comida y bebidas para todos. Uno de los jóvenes gritó "llegó la plata" y desde entonces a Aguilera lo apodaron "el Pérez-Cotapos".

De su chapa pocos se acuerdan, pero sí de sus costumbres. Hasta el día de hoy le gusta agasajar: "Es la hospitalidad de San Ramón", dice.

Pero pasados esos tiempos de "Cotapos", su regreso a la casa de los padres también significó un retorno a la facción de los socialistas renovados. Como muchos de ese lote, se inscribirían en el PPD, como partido instrumental, para participar del plebiscito del 88.

Para entonces, y por varios años más, Aguilera seguiría siendo un desconocido militante poblacional de base.

El primer salto en su carrera política vendría mucho después.

Cuentan en el PS que en 1992 la corriente de los renovados que dirigía Ricardo Núñez puso en marcha una máquina electoral para sumar militantes que permitieran asegurar la conducción del partido. Uno de los principales operadores en ese entonces, y hasta ahora, de la renovación era y sigue siendo el diputado Marcelo Schilling.

El crecimiento de la corriente de la Renovación Socialista en la zona sur, donde los hermanos Aguilera cumplieron un papel importante, gracias a los recursos que les enviaban los barones de su facción, les permitió en 1993 ganar las elecciones internas. Como presidente del Regional Metropolitano asumió José Miguel Insulza, y de vicepresidente, Miguel Ángel Aguilera.

Ese mismo año, Miguel Ángel contrajo matrimonio con Giovanna Barrera Pino, también militante PS del lote de la Renovación. Se suponía que el economista y también PS Álvaro Díaz -después embajador de Chile en Brasil-, era quien llevaría a los novios a la iglesia. Pero algo pasó que no alcanzó a llegar y terminó Insulza siendo el chofer. De ahí nacería la confusión de que el exministro y actual senador había sido el padrino de la boda. Hasta ahora, "el pánzer" es una de los pocas voces que han pedido no adelantar juicios en contra de Aguilera.

Con Núñez, Schilling, José Antonio Viera- Gallo, Jaime Gazmuri y muchos otros de los barones de la Renovación Socialista, Aguilera mantendría una estrecha relación política desde el 92 hasta el 2012, período en el que fue concejal por San Ramón. Y aunque no tenía una relación social, ni de amistad, Miguel Ángel estuvo invitado al matrimonio del hijo de Schilling.

Y no fueron pocos los socialistas que lo felicitaron cuando el 2012 salió electo por primera vez alcalde, con el 50,32% de los votos. Para entonces, la carrera política de Aguilera solo conocía de ascensos. Ya eran frecuentes los viajes masivos de pobladores a la playa que organizaba para las campañas, o las reiteradas cenas para 200 personas para atraer electores.

Meses después de asumir la alcaldía, Aguilera decide dejar de vivir en San Ramón. Con su mujer e hijos se instaló en La Florida, en una casa de clase media, con un avalúo fiscal de poco más de 54 millones de pesos. El dinero lo adquirió con un crédito hipotecario del BancoEstado, que aún no ha terminado de pagar.

Para el 2015, aseguran los críticos de Aguilera en el PS, el edil ya había ampliado su base electoral, no solo con miras a la reelección, sino de entrar a una vicepresidencia del PS y luego ser diputado o senador.

Para ello era indispensable ampliar las redes más allá de la comuna y de su partido. Los detractores de Aguilera cuentan que contrató en el municipio a la esposa y un hijo del alcalde de Lo Espejo, Miguel Bruna, y a los concejales de La Pintana Rubén Urrutia (ex PR) y Juan Bustamante (PC); a una de las hijas de la concejala UDI Abigail Acosta, y al concejal de San José de Maipo Marco Quintanilla (PS). En las internas del PS también tenía su apuesta: le disputaría espacios de poder al colectivo del alcalde de El Bosque, Sady Melo.

En el último tiempo, Aguilera se resiste a entregar el poder que tanto tiempo le ha costado conquistar. A todos les ha dicho que está dispuesto a ir a primarias, para lo cual ha estado hablando sin éxito con distintos partidos.

En eso estaba cuando la crisis del PS volvió a poner el foco sobre San Ramón. "Esta pelea para mí es hasta el final. No me voy a rendir", asegura Aguilera.R

El 31 de marzo de 2016, Miguel Ángel Aguilera y su esposa, Giovanna Barrera Pino, llegaron hasta la notaría de René Benavente, en calle Huérfanos, para firmar la escritura de compraventa de la casa C del condominio ubicado en Álvaro Casanova N° 1.021, en la comuna de La Reina, cuyo valor comercial era de UF 13.155.

Según consigna la escritura, Aguilera pagó en efectivo el equivalente a UF 4.604, unos 100 millones de pesos de la época, por concepto de pie. Y el resto, lo financió con un crédito hipotecario del Banco Santander, pagadero a 20 años plazo.

Dado que la propiedad fue adquirida en sociedad conyugal, la esposa de Aguilera acreditó rentas con dos boletas de honorarios electrónicas -números 76 y 77- por un monto de $ 990.000 cada uno por servicios prestados en enero y febrero de 2016, como coordinadora de gestión de organizaciones en la Oficina de la Mujer, Dideco, de la Municipalidad de Independencia, donde ejerce como alcalde el socialista Gonzalo Durán.

Para entonces, Aguilera ya era propietario de otras dos viviendas, una en la comuna de Nogales, y de la propiedad que habitaban en La Florida, esta última adquirida mediante otro crédito hipotecario.

Aún así, las cifras de la transacción comercial llamaron la atención del Servicio de Impuestos Internos, que observó que los 100 millones que había pagado en efectivo no se ajustaban a los ingresos del edil.

Aguilera ha asegurado que esos 100 millones de pesos para el pie de la vivienda corresponden a un préstamo que debía cancelar en 19 cuotas. Sin embargo, no ha aclarado públicamente a qué institución o persona recurrió para ese préstamo.

"Eso es algo que debo aclarar ante las instancias pertinentes", se limita a responder cuando se le pregunta sobre este tema.

En su entorno dan cuenta, sin embargo, que en su última declaración de impuestos, el SII no presentó ninguna observación.

Aguilera enfrenta una querella del CDE por los presuntos delitos de fraude al Fisco y asignación de cargos públicos afectos a inhabilidades legales, que está en manos de la Fiscalía Metropolitana Sur, la que fue interpuesta luego de los reportajes de Informe Especial de TVN que dieron cuenta de narcotraficantes contratados en programas de reinserción laboral del municipio de San Ramón.

Pero la querella también está dirigida en contra del concejal socialista de San Ramón José Miguel Zapata Vergara, por el presunto delito de negociación incompatible.

El caso de Zapata quedó al descubierto luego de que funcionarios de la municipalidad denunciaran ante la Contraloría General de la República irregularidades en la adjudicación en 2015 de tres licitaciones para la ejecución de obras de adelanto, por un monto total de $ 164.921.000, financiados con fondos del gobierno regional, las que recayeron en la empresa Asesorías en Investigación Social Ltda., AIS Ltda., vinculada a Zapata, quien al mismo tiempo ejercía funciones en la Secretaría de Planificación del municipio de San Ramón, por lo que estaba a cargo de diseñar las licitaciones y, a la vez, era el jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional Metropolitano, responsable de visar esas licitaciones.

El 4 de julio de 2018, la intendenta de Santiago, Karla Rubilar, presentó una querella en contra de Zapata ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.