Los secretos que reveló Colina 2

El informe reservado que Gendarmería elaboró tras intervenir el Módulo Beta de Colina 2, donde 112 condenados por tráfico de drogas y delitos violentos gozaban de privilegios indebidos, llegó a manos de la fiscal judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, la mañana del 10 de mayo. Cada año el Poder Judicial realiza un reporte público donde detalla las falencias, problemas e, incluso, las irregularidades en los beneficios que reciben algunos reclusos dentro de las cárceles del país.

En el documento de 21 páginas, al que accedió Reportajes, se detallan los hallazgos producto de los allanamientos a los llamados "módulos VIP" de Colina 2, las medidas que adoptaron tras el procedimiento y el destino que tuvo cada uno de los 91 reclusos que fueron trasladados luego del operativo. Pero también aborda un aspecto central que llevó al director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, a realizar la intervención al penal: el "aumento en los niveles de corrupción" entre algunos funcionarios a cargo de la custodia y vigilancia de recintos carcelarios.

El viernes, un operativo de Gendarmería reveló un segundo caso de "celda VIP". Esta vez dentro de la ex Penitenciaría, la cárcel con mayor hacinamiento en Chile.

Pese a que están separadas por más de 30 kilómetros de distancia, la historia del Módulo Beta de Colina 2 y la Calle 6 de la ex Penitenciaría están unidas por dos factores: el narcotráfico y las faltas a la probidad.

"La batalla contra la corrupción y el narcotráfico en la Penitenciaría está dada a todo nivel y pasó como en ella, en todos los centros penitenciarios del país", aseguró el viernes el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

En su informe, Gendarmería analiza la situación de Colina 2, el cual por años ha sido "el penal más violento en la administración penitenciaria, con reclusos altamente refractarios al régimen interno, la gran mayoría de altas condenas y pertenecientes a bandas delictuales". Actualmente detrás de los muros de este recinto habitan 1.771 internos que son custodiados por más de 350 uniformados.

Según el reporte, la compleja situación del penal llevó a que, por casi seis meses, la dirección nacional de Gendarmería planificara la intervención al Módulo Beta. El objetivo: retomar el "control de la población penal, en procedimientos, en la seguridad humana y física, y generación de oportunidades y espacios de trabajo que conlleven a un proceso de inserción más eficiente".

Del allanamiento, detalla el texto, se descubrieron elementos prohibidos que ingresaron con la venia de funcionarios penitenciarios. Dentro del Módulo Beta se encontraron refrigeradores, conservadoras de alimentos, encimeras, gran cantidad de televisores, gimnasio con máquinas de ejercicio. También puertas de celdas "con aldaba por el interior (con control de los internos); gran presencia de 'camaros' (confeccionados artesanalmente para mantener visitas íntimas en sector gimnasio) que obstaculizan el acceso al Módulo y el desplazamiento en lo que fueron comedores para el sector; el patio de módulo totalmente 'tomado' por los internos", detalla el reporte entregado a la fiscal judicial.

Además, los gendarmes decomisaron de las celdas cocaína, pasta base y marihuana. También se encontraron 35 celulares, 33 chip de teléfono, 20 armas blancas, licor artesanal, cuatro routers de internet y dos pesas digitales utilizadas para dosificar la droga que ellos mismos vendían dentro de Colina 2. Según el informe, pese a la gran cantidad de "elementos hallados, no se logró identificar a internos responsables".

Luego del operativo vinieron los traslados de los reclusos de mayor peligrosidad. En total, 91 de los 112 habitantes del Módulo Beta fueron redestinados a otros recintos. El operativo se realizó en completa reserva debido a que entre los condenados había líderes de bandas de narcotráfico y homicidas. Fuentes de gobierno aseguran que tras el operativo, tanto autoridades políticas que avalaron el procedimiento y como de la institución carcelaria aumentaron sus medidas de seguridad de manera preventiva.

A las 08:46 horas del 26 de abril, una cápsula de seguridad trasladó a los primeros 14 condenados hasta el Centro Penitenciario de La Serena. Posteriormente, a las 09:10, igual número de reos fueron enviados a la cárcel de Rancagua. Y finalmente, a las 09:42, un dispositivo de seguridad llevó a 37 presos a la ex Penitenciaría. Otros 16 ingresaron al penal Colina 1, dos llegaron a la cárcel de Puente Alto y, según el informe, los ocho reclusos más peligrosos del desarticulado Módulo Beta fueron trasladados hasta la Unidad de Alta Seguridad. Por decisión de Gendarmería, solo 20 reos de los 112, los de menor peligrosidad, permanecerán en Colina 2.

La seguridad dentro de las cárceles es un tema que preocupa a las autoridades penitenciarias y judiciales. Durante el año 2018 y lo que va del 2019, detalla el informe, "se contabilizan 10 homicidios de reclusos, 83 eventos de riña entre internos, con un número de agredidos que supera los 230 reclusos. Presentando la tasa más alta de muertes violentas en los últimos 10 años, sin poder establecerse internos responsables en la gran mayoría de los casos, denotándose un manto de impunidad que propicia la comisión de tales ilícitos".

Grupos de reos condenados por formar parte de bandas de crimen organizado y de tráfico de drogas son parte de la realidad que a diario enfrenta Gendarmería. Y es justamente este tipo de delitos los que, según el informe, tienen en alerta a las autoridades. Esto, debido a que estos grupos "han trastocado y aumentado los niveles de corrupción de funcionarios del Estado encargados de su custodia y vigilancia. Sumándose a ello, el aumento sustancial de las coordinaciones de las mismas organizaciones delictuales, para continuar perpetrando ilícitos desde el interior de los recintos penitenciarios, ya sea a través del uso de medios tecnológicos de comunicación (celulares, internet), o utilizando correos humanos reclutados para el efecto".

Lya Cabello, fiscal judicial de la Corte Suprema asegura a Reportajes que "cuando se revelan estas cosas todo el mundo dice: 'era un secreto a voces, todo el mundo lo sabía'. Y yo, como juez, digo, bueno si lo sabía todo el mundo, ¿por qué no lo denunciaron?".

"Me preocupa la corrupción. Ese es un tema. Se va a desvincular a funcionarios relacionados con esa situación puntual (de Colina 2) y vamos a poner a funcionarios nuevos. A ellos tenemos que prestarles no solo capacitación, sino incentivos para que no caigan en las mismas conductas", asegura la fiscal judicial.

De acuerdo con los registros de Gendarmería, solo en 2018 hubo 825 decomisos de droga. En su conjunto suman más de 15 kilos de sustancias prohibidas. La mayoría del tráfico dentro del penal "se coordinó y concretó desde el Módulo 2, dependencia que históricamente ha albergado a internos condenados por delitos de tráfico de drogas".

El 2 de abril, menos de un mes antes del operativo, un allanamiento aleatorio de Gendarmería decomisó cerca de un kilo de drogas, 52 teléfonos, 44 chips de celular, 10 routers y 34 armas blancas desde el mismo módulo.

Según el informe carcelario, "de esta realidad no están ajenos otros módulos de la población penal, lo que se ha constatado en terreno. Principalmente en los Módulos de la Avanzada Sur (que concentran a la población penal más refractaria), y en menor medida en los módulos de la Avanzada Norte, producto de la presencia de sectores de Intervención en materias de reinserción".

De acuerdo con el documento, en 2017 se vivió el momento de mayor tensión dentro del recinto carcelario, cuando "la autoridad de la época dispuso de una intervención del establecimiento. Lo que trajo consigo un rotundo fracaso, tras el alzamiento de la población penal en respuesta a las acciones operativas, propiciando desórdenes generalizados, huelgas masivas de internos y apremios del personal a los internos. Lo que implicó que en el acto, la administración retrotrajera y anulara el proceso".

Para el director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, el operativo realizado en Colina 2 "no fue improvisado bajo ninguna circunstancia. Descartamos que esto fue un hallazgo, Gendarmería lo sabía perfectamente. La diferencia es que tuvimos la decisión y planificación para desarrollar un proceso de esta envergadura, y tuvimos el profesionalismo del personal en un procedimiento blanco. Es lo que vamos a seguir haciendo en este plan anticorrupción porque la corrupción a nosotros nos mata. Y la lógica de enfrentarla decididamente tiene que ver con la sobrevivencia de Gendarmería", aseguró.

Hoy, asegura Alveal, Gendarmería cuenta con "el apoyo de la autoridad política, que impuso un plan anticorrupción y ese plan lo estamos haciendo evidente con acciones concretas, no con discursos. Esto es parte de la voluntad política de generar una estrategia anticorrupción. Antes quizás no se tuvo ese apoyo decidido en lo político y complicó cómo podíamos desarrollar un procedimiento operativo".

A la fecha, Gendarmería está implementando un plan anticorrupción y de intervención en todos los penales del país. Entre los aspectos que destacan del nuevo plan está la implementación de tecnología de detección de elementos prohibidos, mejoras en infraestructura y una reformulación de la inteligencia carcelaria.