Violación correctiva: el ataque silenciado

Ese día, el día que la violaron, Catalina abrió los ojos bien temprano. La despertaron: primeros meses de 2017 y, como ha sido la tendencia de los últimos veranos en la Sexta Región, el sol golpeó fuerte, incómodo, de lleno en su cara. Habrá mirado la hora en su celular y luego los varios mensajes que acumulaba en su WhatsApp, acaso alguno que esperaba en particular. Todavía no era mediodía, pero estaba con los ojos bien abiertos. Inusual para lo que eran sus vacaciones. Seguramente pasó una buena porción de ese día recostada, como casi siempre, en su pieza, uno de los pocos lugares donde encontraba algo de privacidad. La necesitaba.

Catalina, nombre que pidió para identificarse en este reportaje, entonces tenía 14 años. Y era lesbiana. No lo había confesado, pero su núcleo familiar lo sospechaba: les parecía extraño, por decir lo menos, que nunca antes presentara algún pololo en la casa. Por el contrario, sus padres no escondían su molestia y preocupación por alguna tendencia que consideraban masculina. Su manera de vestirse, por ejemplo. Sus reacciones, sus amistades.

Catalina, como la mayoría de las mujeres que sufren algún episodio de violencia sexual, prefiere no darle muchas vueltas al tema, le cuesta recordar, volver a esa imagen que la tuvo durante dos años en terapia intentando entender por qué.

Solo cuenta lo que considera estrictamente necesario: que fue durante la tarde, que fue un familiar cercano que se resistía a su orientación sexual, que le mencionó la idea de hacerla mujer, que era necesario "probar" a un hombre. Que la violaron porque le atraían las mujeres, como si se tratara de una enfermedad, como si de plano no existiera esa posibilidad. Que sus padres se enteraron, pero nada hicieron. Que guardaron un silencio cómplice.

Catalina, tiempo después, llegó hasta un centro de salud. Allí, escucharon con horror su historia más íntima y decidieron hacer la denuncia. Sin embargo, pese a todo, no se pudo acreditar jurídicamente que abusaron de ella. Falta de pruebas, argumentaron. La denuncia, entonces, quedó en nada. El tribunal de familia derivó el caso a la Fundación Tierra de Esperanza, que se hizo cargo de ella desde ese instante. Le ofrecieron un tratamiento psicológico.

El episodio que sufrió Catalina se enmarca dentro de una práctica tan violenta como oculta: las denominadas violaciones correctivas.

Para aproximarse con mayor exactitud al concepto, se considera como violación correctiva la práctica que realizan hombres, habitualmente vinculados al círculo más próximo de la víctima -de su familia o su barrio-, que pretende castigar el lesbianismo a través de la violencia sexual. Una conducta que, en su cabeza, no se ajusta a lo que consideran normal y que debiera ser corregida.

—Ellos piensan que la heterosexualidad las arregla. Son los parámetros de la sociedad imperante, que es una sociedad patriarcal —aclara Ivonne Sepúlveda, directora (S) de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional.

Carmen García, trabajadora social, ingresó al Centro de Atención Reparatorio para Mujeres Víctimas Sobrevivientes de Agresiones Sexuales de Valparaíso (CVS) en 2015. Desde entonces se desempeñó en un programa enfocado en las mujeres sobrevivientes a situaciones de violencia sexual: antes trabajó con niñas y niños que habían sufrido algún tipo de maltrato grave y, también, con menores vinculados a redes de explotación sexual. Pero, reconoce, nunca se había enfrentado a un escenario tan terrible como el que encontró en las violaciones correctivas.

Con el paso del tiempo, sorprendida por la escasa información disponible, y buscando visibilizar esta realidad que la impactó, comenzó una investigación. Se reunió con distintas agrupaciones de disidencia y colectivos de lesbianas y de feministas: su sorpresa aumentó al constatar que nadie sabía concretamente acerca del fenómeno. Lo habían escuchado, les aterraba la idea, pero no era un hecho mayormente conocido.

Si bien no existe un perfil genérico de las víctimas que sufren estos ataques sexuales, en su estudio, García determinó que son siempre menores de 25 años, y que, en el caso de las "camionas", como se les suele apodar a las mujeres lesbianas que se identifican con alguna característica física o de vestimenta masculina, son más comunes las agresiones.

La trabajadora social menciona también otro inconveniente: en su mayoría, las mujeres evitan denunciar las agresiones, situación que, dice, se sostiene a partir de lo duro que resulta para una víctima el proceso:

—Imagínate para una mujer lo violento que es ir a una comisaría a hacer una denuncia por una violación —reflexiona García—. Lo violento que es ir a un servicio público, a un hospital para constatar lesiones. Después, ser parte de un proceso judicial. ¿Tú crees que va a decir, oye, a mí me agredieron porque soy lesbiana? Hay que entender que aquí hay una doble discriminación: no solo por ser mujer, sino también por la orientación sexual.

Las investigaciones sobre este tipo de violaciones, además, presentan una serie de elementos que entorpecen el desarrollo del proceso judicial.

—Muchas veces, cuando se hace efectiva, la denuncia es tardía. Y verificar estos casos con posterioridad tiene muchas repercusiones. Hay pruebas físicas o pruebas biológicas que necesitan ser recopiladas cuando ocurre el hecho…, después no se puede, porque ha transcurrido mucho tiempo. También está la falta de testigos: muchas veces la única testigo de este evento es la misma mujer y eso dificulta mayormente la investigación —explica Ivonne Sepúlveda.

Desde la Fiscalía Nacional reconocen su preocupación por el fenómeno y pretenden enmendar el escenario con la creación de un observatorio de violencia dedicado especialmente a temas de género y diversidad sexual. Su objetivo, cuenta Sepúlveda, es "invitar a la sociedad civil a contar aquellos hechos que afectan a la comunidad LGTBIQ+ y, de esta manera, poder ejercer de modo más eficaz la persecución penal de este tipo de delitos".

—Esto pasa en todos los países del mundo —dice Carmen García—. En todos.

En efecto, la violación correctiva parece ser un problema a nivel global: son varios los países que han denunciado esta práctica. Sin ir más lejos, uno de los casos más bullados es el de Eva Analía Dejesús, "Higui", en Argentina, quien pasó siete meses encarcelada por matar a uno de los hombres que quiso violarla para "curarla", en 2017. También es un método que fue utilizado en las polémicas clínicas de "deshomosexualización", a cargo de evangélicos, en Ecuador. Perú, por su parte, fue uno de los países donde se destaparon los primeros casos: hay testimonios que datan, al menos, desde 2005.

—En Sudáfrica fue una pandemia —cuenta Erika Montecinos, fundadora de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio—. Yo tuve la oportunidad de viajar y estar en centros de acogida de mujeres que fueron víctimas de estos delitos. Fue una pandemia, porque eran hombres que se organizaban y en grupo atacaban a mujeres lesbianas. En Perú también se registró un aumento y visibilización de esto.

Pese a estos antecedentes, Brasil es el único país de Sudamérica que lo tipificó como un agravante: desde el año pasado, un caso de abuso "correctivo" aumenta hasta dos años una condena por violación.

En Chile, actualmente no existe la violación correctiva como categoría jurídica o específica, por lo que tampoco hay disponible un registro que permita determinar una cifra exacta sobre estos abusos. Carmen García, sin embargo, asegura que, desde 2015, son ocho las mujeres lesbianas agredidas que han llegado hasta el CVS de Valparaíso. De ellas, tres con resultado de embarazo. La Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), por su parte, cuenta siete casos de esta clase en los últimos seis meses: tres se encuentran en etapa de investigación.

La Ley Zamudio, concebida con el propósito de castigar todo tipo de discriminación arbitraria, parece ser el medio clave para combatir las violaciones correctivas. Sin embargo, según Rolando Jiménez, vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), desde la promulgación de la ley en julio de 2012, y hasta julio del 2018, solo 319 personas presentaron denuncias, habiendo sentencias apenas en 90 ocasiones. Peor aún: solo en dos casos se pudo aplicar la agravante a los delitos motivados por discriminación.

Sobre una posible reforma, Jiménez explica que el Movilh no considera necesaria una tipificación: creen que este tipo de prácticas, que tienen su origen en la tendencia sexual de la víctima, califican per se dentro de la Ley Zamudio. Lo que sugieren es un cambio en la redacción de la ley.

Así se establece en las propuestas que entregó la organización al gobierno: "Para aplicar la agravante, el proyecto del Movilh cambia de la ley la frase 'delitos motivados' por discriminación, por el de 'delitos con presencia de elementos discriminatorios'. Esto, porque la motivación del agresor es casi imposible probarla, a tal nivel que solo en dos ocasiones se ha aplicado la agravante. En cambio, si se indica con presencia de elementos discriminatorios, basta con demostrar que durante una agresión a alguien lo ofendieron en razón de algunas de las categorías protegidas por la ley".

Distintos colectivos feministas, sin embargo, creen que distinguir una violación correctiva como agravante debiera ser prioridad. Para lograr esto, Erika Montecinos dice que en Rompiendo el Silencio el objetivo es incidir en el proyecto de Ley de Violencia contra las Mujeres:

—Nosotras creemos que a través de esa ley vamos a poder aumentar las penas y tipificar específicamente la violencia hacia las mujeres por orientación sexual e identidad de género, más allá de la Ley Zamudio.

Desde Fundación Iguales también consideran urgente realizar un cambio:

—No se puede hablar de violencia hacia las mujeres sin hablar específicamente de violencia hacia las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, que hablemos de mujeres en términos generales produce una invisibilización de una realidad específica. Tenemos que especificar que se dan tipos de violencia por orientación sexual y por identidad de género.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pretende integrar esta agravante en el anteproyecto de reforma al Código Penal que presentaría en mayo. En la propuesta, se busca establecer un máximo de 14 años de prisión para quien cometa cualquier delito de violación que se realice "de un modo que expresa rechazo o desvaloración por el género u orientación o identidad sexual".

En pleno centro de Santiago, a unos cuantos metros de la Torre Entel, se encuentra Tierra de Esperanza, fundación ideada con el objetivo de ayudar a niñas y niños en situación de vulneración social. Desde comienzos de 2017, y hasta hace un par de semanas, Catalina estuvo allí, tratando de recuperarse. Fueron dos años de tratamiento, que desde la institución consideran exitosos: cuando llegó, explican, emocionalmente se le veía muy afectada, cargaba con mucho estrés, le costaba relacionarse.

—Pero participar en el programa le permitió sentirse como una persona valorada, reconocida y aceptada —dice Pedro Canales, director de Tierra de Esperanza—. El proceso buscó asegurar competencias y herramientas de interacción social tanto con el adolescente como con la familia.

Carmen García, por su parte, explica en qué consiste el tratamiento que reciben las mujeres agredidas que llegan hasta el CVS de Valparaíso.

—Nosotras trabajamos a través de grupos de ayuda mutua, que es un espacio de autocuidado donde participan solo mujeres que sobrevivieron a violencia sexual, entonces encontrarse con otra compañera que ha pasado por una experiencia similar igual es súper potente —dice la trabajadora social—. Trabajamos con un enfoque feminista, de derechos humanos, a través de documentales. Muchas ingresan a este espacio y, cuando terminan, deciden si desean continuar en atención individual, que es la atención con la psicóloga.

—El mayor desafío es aceptar a los demás como personas iguales por el solo hecho de ser humano. Legitimidad natural de todos —reflexiona Canales—. A la sociedad aún le cuesta aceptar la diferencia.

Catalina lo tiene claro. Hoy, a sus 16 años, comenzó una nueva batalla. Durante este período entendió que su cuerpo no coincidía con su identidad de género: se sometió a un tratamiento hormonal para empezar su transición. A la espera de regularizar su situación, y tras haberse cambiado a un colegio donde se siente respaldada, ya dio el primer paso: cambió su nombre social.