El giro de La Moneda frente al voto universal en los partidos

"Las elecciones deberán observar el carácter personal, igualitario, libre, secreto e informado del sufragio. Corresponderá al Servicio Electoral (Servel) velar por las observancia de estas reglas". El proyecto original del Ejecutivo, presentado al Congreso para establecer una ley de partidos políticos, consagraba la exigencia del conocido sistema de "un militante un voto" para que las colectividades elijan a sus dirigentes.

La iniciativa que establece obligaciones mínimas a los partidos, como la de convertirse en personas jurídicas de derecho público o la reinscripción completa de sus militantes, también asegura por otra parte el financiamiento público de sus actividades.

Pero, a poco andar, durante la tramitación en el Congreso la presión de las colectividades ha obligado al gobierno a modificar varios aspectos, siendo los más discutidos la reinscripción de militantes y, precisamente, la de establecer mecanismos democráticos para elegir a sus autoridades.

Si bien en el primer tema los partidos ya han arribado al consenso de que no podrán esquivar la obligación de renovar sus padrones –hoy se discute el plazo exigido para ello- el tema de la democracia interna ha sido un dolor de cabeza para el gobierno y las dirigencias partidarias.

El 9 de septiembre el gobierno ingresó sus indicaciones al proyecto suprimiendo el párrafo que aseguraba la elección universal y devolviéndole a los partidos la atribución de elegir soberanamente el mecanismo que consideren adecuado para definir a sus autoridades.

Si bien el proyecto establecía que "todos los miembros de los órganos (…) deberán ser elegidos democráticamente, aplicando para ello la regla de mayoría y de acuerdo a los procedimientos que establezcan sus estatutos", las indicaciones del gobierno fueron mucho más allá. La última frase fue reemplazada por la expresión: "los estatutos de cada partido determinarán el sistema electoral y los procedimientos para la elección de sus autoridades".

Las modificaciones del gobierno señalan que "el sistema establecido en los estatutos deberá observar el carácter personal, igualitario, libre, secreto e informado del sufragio de sus afiliados".

Pese a que dichas modificaciones fueron ingresadas el 9 de septiembre, los diputados de la comisión no han logrado ponerse de acuerdo sobre el punto.

Ayer la comisión avanzó en aprobar el piso mínimo de inscripción de los partidos políticos, subiendo la exigencia de 0,25% a 0,5% de sufragios de la última elección parlamentaria, respecto de la democracia interna la discusión ha sido trabada.

En los partidos defienden la prerrogativa de elegir su propio sistema de elección, en los que predominan elecciones indirectas, y complejos sistemas de decisión. Como en el Partido Comunista, que ha defendido sus procesos de renovación de directiva que se inician en las instancias comunales, luego regionales, y que finalmente se discuten en el congreso del partido, máximo órgano de decisión.

"Las reglas del juego de los partidos tienen que ver con objetivos públicos y uno de ellos es la democracia interna. Esperamos que el gobierno pueda insistir con la idea original del proyecto", señala el diputado Mirosevic.

De hecho, en septiembre pasado se dio inicio a dicho proceso que culminará recién en marzo del próximo año con la renovación, o no, de su dirigencia.

"Nosotros tenemos una organización interna que es democrática a nuestro modo de ver. Hay votaciones directas e indirectas, son secretas, son informadas. Se pueden presentar candidatos a elecciones y tenemos una cultura centenaria de fórmula de trabajo. Nosotros pensamos que un partido es más o menos democrático no tanto por su organización interna sino por la conducta que tiene frente a la sociedad y en eso el PC de Chile, en la sociedad que le corresponde estar, puede decir que es un partido democrático que ha defendido la democracia", dice el presidente del PC, Guillermo Teillier.

El diputado especifica, por ejemplo, que si bien es partidario de la fórmula "un militante un voto", cree que sólo deberían aplicarse en instancias de base.

"Creemos que debe haber una elección universal un militante un voto en aquella parte que es la base de la pirámide direccional del partido que son las organizaciones comunales. Eso lo estamos discutiendo y en este Congreso lo vamos a discutir de acuerdo como salga la ley", señala.

Los diputados Vlado Mirosevic (Partido Liberal) y Giorgio Jackson (Revolución Democrática) presentaron una indicación que incluye la frase "mediante votación universal de los militantes con derecho a voto", la que no ha tenido apoyo de sus pares.

"Si es que el Estado va a financiar los partidos con lo que estoy completamente de acuerdo, tiene el Estado que ponerle ciertas condiciones democráticas a los partidos. No tiene sentido que el Estado financie instituciones poco democráticas", dice Mirosevic.

Otra visión es la de los diputados DC Aldo Cornejo, Fuad Chahín, Ricardo Rincón y René Saffirio, quienes presentaron otra indicación para establecer que se aplique la "regla de mayoría absoluta" sólo para los cargos de presidentes nacionales, regionales y comunales y que en los demás cargos (vicepresidentes, secretarios generales, etc.) se apliquen las fórmulas establecidas por el partido en sus estatutos.

El tema ha sido monitoreado por Espacio Público, el think tank presidido por Eduardo Engel, quien lideró la comisión de probidad que incluyó esta y otras medidas en su informe con que la presidenta Bachelet buscaba sortear la crisis política instalada por las investigaciones de financiamiento de la política. Desde el centro de pensamiento han transmitido su preocupación por la negativa de los partidos a establecer mecanismos universales.

La discusión sigue abierta y en las próximas semanas se resolverá cuando se vote el artículo en la comisión de Constitución de la Cámara.