"El gobierno y el Congreso deben hacerse cargo del proceso participativo constituyente"

Aunque Tomás Jordán (41 años) es militante en la Democracia Cristiana desde muy joven, evita entrar en la arena política: su identidad y peso específico está en lo técnico/jurídico. El ex asesor de la Segpres del gobierno de Bachelet se transformó en el hombre clave del proceso constituyente. Pese a los cambios de ministros, Jordán se mantuvo en pie: primero a cargo del proceso participativo de los encuentros locales y cabildos, para luego enclaustrarse en las oficinas del ala Noroeste de Palacio en la escritura del texto de una nueva Carta Magna que Bachelet presentaría al país. Tarea compleja, pues el mandato presidencial era reflejar en la mayor medida posible lo expresado por las 230 mil personas que participaron de las diferentes instancias de debate. Jordán afirma que hasta último momento hubo cambios en el texto y que pese a las críticas por entregar entre gallos y medianoche el proyecto, la misión —y la suya propia— se cumplieron: despachar un proyecto para que ahora el nuevo gobierno y el Congreso lo discutan.

"La discusión sobre el mecanismo es clave, pero también era claro que no había un consenso entre las fuerzas de centroizquierda de cuál iba a ser ese mecanismo."

El abogado, quien viene desde el gobierno de Ricardo Lagos asesorando ministerios —y, de hecho, fue uno de los ideólogos del Plan Auge—, tendrá ahora una nueva pausa en la arena pública, al igual que durante el primer gobierno de Piñera. Por estos días se integra a la oficina AD Abogados para dedicarse a materias de regulación. En medio de la mudanza analizó con Qué Pasa su rol en la elaboración del proyecto de nueva Constitución.

—¿Cuál es el análisis del proceso para una nueva Constitución que se realizó durante el gobierno pasado?

—Fue un proceso que estuvo muy ligado a todo el marco de las reformas políticas. El cambio constitucional era uno de los ejes clave del gobierno, también estaba el cambio al sistema electoral muy vinculado a la Constitución, porque tenía que ver con la forma que iba a tener el Congreso a futuro, por lo tanto, el cambio constitucional es un proceso de largo aliento que parte en el gobierno de la presidenta Bachelet, pero con miras a que continuara en el siguiente gobierno  para el inicio de un diálogo político. El proceso no buscaba redactar o tener una Constitución finalizada en el gobierno de Bachelet.

—¿Afectó para el proceso ese largo debate que hubo respecto al mecanismo, sobre todo por la idea de una Asamblea Constituyente?

—La discusión acerca del mecanismo es clave, pero también era claro que no había un consenso entre las fuerzas de centroizquierda sobre cuál iba a ser ese mecanismo: había algunos que querían que fuera el Congreso, otros querían una Asamblea Constituyente, otros que se convocara a un plebiscito. No hab ía claridad respecto a la sede donde se iba a discutir la reforma. Entonces lo que buscó la propuesta de la presidenta era ir construyendo esas alternativas, tanto de la sede como del contenido.

—¿Se leyó bien la prioridad de temas que marcaba la gente? Da la impresión de que al final la demanda por una nueva Constitución era menos de lo esperado.

—Si le preguntas a las personas si quieren cambiar la Constitución, independiente de cuál sea su prioridad, siempre aparece altamente rankeado. Ha sido una reforma que no bajó su popularidad, sino que la subió. Ahora, si uno pregunta si es la prioridad número uno, obvio que no, porque la realidad del día a día es otra. Sin embargo, toda la centroizquierda quiere una nueva Constitución e incluso fuerzas de derecha como Evópoli también. Hoy los que están a favor de una nueva Constitución son mayoría.

—¿Cómo se dio el diálogo entre el gobierno y la Nueva Mayoría? Los partidos terminaron al margen del proceso. Ellos acusan que finalmente no fueron escuchados.

—Me puedo hacer cargo del aspecto técnico que hay detrás, la pelea política es otra cosa. Lo claro es que, cerrada la fase participativa, con la entrega de las bases en enero de 2017, había un compromiso presidencial de que el proyecto de ley pudiese reflejar esas bases ciudadanas. La presidenta asumió ese compromiso ante la ciudadanía y los partidos. Eso lleva a que el trabajo interno de redacción del proyecto se hiciera en una esfera indoor, dentro del gobierno. Por lo tanto, la cuenta que hizo la presidenta el 6 de marzo es de un proceso que llevó dos años. Ella les dice a la gente y a los partidos que el texto es el reflejo de esa etapa participativa y que ahora se abre la etapa de diálogo político en el Congreso. Es legítimo el reclamo de los partidos, pero ellos sabían cómo era el proceso.

El tema constitucional excede a un gobierno determinado. Llevamos 37 años discutiendo sobre la Constitución (...) El problema constitucional existe. Nosotros deberíamos estar discutiendo sobre políticas públicas y no sobre la Constitución

—Leyendo el proyecto, hay muchos artículos que amplían una cantidad considerable de derechos ¿Cómo se llega a ese resultado?

—Se corrigen muchos derechos, pero se incorporan varios elementos nuevos, como la gratuidad en la educación superior, que viene a recoger lo que ha sido la discusión de los últimos años. El texto alberga dos ejes: uno que tiene que ver con la discusión clásica constitucional, régimen político y derechos sociales; y otro con los nuevos temas del Chile actual. Esa mezcla de discusión clásica de 40 años, más el nuevo Chile, es lo que trata de reflejar el proyecto.

—¿Qué diferencia existe entre este proceso y el vivido en 2005?

—Yo soy respetuoso de la transición. Ese año los objetivos eran otros: fijar un estándar mínimo democrático y eso se cumplió. El 2005 fue clave en generar una democracia mínima, pero la discusión constitucional profunda gira en torno a otros temas. Y ahí hay que distinguir entre reforma y nueva Constitución. El 2005 no tuvo como objetivo sellar un pacto, que es ponerse de acuerdo sobre los elementos para una nueva Constitución, y ese debate se aplazó durante los últimos 30 años.

—¿Cómo fue el proceso de redacción del texto para que reflejara esa participación de la que hemos estado hablando?

—Se hizo una traducción desde las bases hacia lo jurídico. Cristina Escudero, del Comité de Sistematización, nos ayudó a ver la fidelidad entre la traducción jurídica y las bases ciudadanas. Ella nos decía si había o no relación entre las bases y el texto.

—¿Cuándo se terminó de redactar el proyecto? Mucho se especula que el atraso estuvo en su etapa de redacción...

—Hasta el último, antes de su presentación. Pero el envío es una decisión política.

—Pero también se discutió que la presidenta no había alcanzado a leerlo bien. ¿Dónde estuvo el atraso?

—Lo que te puedo decir es que el proyecto se afinó hasta el final, y la decisión política es de la presidenta y sus ministros. Ahí no tengo nada que ver.

—¿Y qué le pareció que el proyecto se enviara la última semana en una ceremonia más bien fría, bajo un escenario que —entiendo— no era lo que se esperaba cuando se inició el proceso?

—Me parece que la presidenta dio cuenta de una etapa que se cerraba y de otra que se iniciaba. Ese es el elemento central de ese día: dar cuenta al país de cómo las bases ciudadanas se tradujeron en un proyecto de ley.

—¿Puede decir, entonces, que fue una misión cumplida?

—¡Misión cumplida! Quedé muy satisfecho, porque se cerró una etapa para iniciar un diálogo con el nuevo gobierno.

—Pero parece que este gobierno no está tan abierto a ese diálogo, es más, el ministro del Interior le dio un portazo en Icare.

—El tema constitucional excede a un gobierno determinado. Llevamos 37 años discutiendo sobre la Constitución Política. Somos una excepción respecto de cómo un país sigue discutiendo su Carta Fundamental año tras año; tiene más reformas que artículos y más reformas que años de discusión. El problema constitucional existe. Nosotros deberíamos estar discutiendo sobre políticas públicas y no sobre la Constitución. Y este problema no se resuelve con una decisión coyuntural de avanzar o no en un proyecto, y volverá a resurgir si se pretende olvidar. Me parece que la lectura que se hace de la coyuntura no considera al Parlamento. Lo que hace el ministro Chadwick es anunciar que no avanzará en el proyecto, que no avanzará en el Capítulo XV, y el Congreso a su vez le dice: nosotros también existimos y nos interesa el proyecto. El gobierno está en minoría en el Congreso, por lo tanto, requerirá habilidades en el diálogo más profundas. Pero también hay un problema jurídico en lo expresado por el ministro, porque los proyectos de reforma constitucional no tienen iniciativa exclusiva, entonces cualquier parlamentario puede presentar un proyecto completo. El gobierno no hace una lectura comprensiva del tema constitucional, y hoy el Congreso está legitimado para discutir. Es un momento más bien para abrirse que para cerrarse.

 —Parece entonces más bien una señal política de La Moneda de no priorizar el tema.

—El presidente Piñera en una entrevista dijo que, al menos, iba a leer el proyecto. Me quedo con eso.

—Pero quizás nuevamente sean más y más reformas para la colección.

—Claro, lo que hay que evitar es la lectura reformista. Sería un error tratar el tema constitucional como se trató hasta el 2005, porque es no hacerse cargo del problema constitucional. La Carta Magna es fruto del acuerdo de fuerzas políticas, y mientras eso no se dé, el problema seguirá. El ministro Chadwick hablaba de la certeza en Icare, y tiene razón, pero es al revés, porque la certeza jurídica se refiere a que haya reglas claras conocidas con anticipación. Entonces, discutir una Constitución por 37 años lo que menos da es certeza, porque nunca estarán cerradas esas reglas claras. Ese pacto constitucional debe permitir tener reglas claras a futuro. Eso es clave. Si un país discute todos los años la Constitución, eso no es una certeza.

—El gobierno puede enviar cambios, pero si eso se aleja de las bases ciudadanas, el proceso arriesga a quedar en nada.

—No, porque es en el Congreso donde se discutirá, no es posible obviar la participación. La incidencia se mira en que la participación de las personas se refleje en el proyecto.

—Pero ¿qué pasa si la gente que participó en el proceso ve que el resultado final se aleja de las bases?

—Eso es un supuesto. Hubo participación y el Congreso y el gobierno deben hacerse cargo del proceso participativo constituyente.

¿Cuándo tendremos una nueva Constitución?

—No existen plazos para nuevas constituciones. La experiencia determina que en democracia se requieren diálogos permanentes de los actores y los acuerdos más amplios, y es no tiene fecha de tope.

—¿Cree factible que se firme una nueva Constitución durante este gobierno?

—Me parece que el Congreso expresó su voluntad y dependerá de cómo lo haga el presidente Piñera en su propia propuesta y ahí se pueda llegar a una convergencia.