Las tres claves para entender la crisis del PPD

El Partido por la Democracia(PPD) fue fundado por Ricardo Lagos y Jorge Schaulsohn a fines de 1987, durante la recta final del régimen militar, como un partido instrumental cuyo objetivo era cobijar a todos los que estaban en contra del régimen, sin importar su ideología o militancia. De hecho, una vez cumplido su propósito, tras el plebiscito del 89, la elite de la Concertación apostaba por su desaparición.

Pero el PPD resistió, convirtiéndose en el tercer partido más grande de Chile con más de 90.000 militantes inscritos, y autodefiniéndose como una colectividad en la que convergen la tradición socialista democrática y la tradición política liberal progresista.

Sin embargo en los últimos años, para muchos de sus militantes, la identidad del PPD comenzó a perderse, principalmente porque se volvió muy difícil diferenciarlo de otros grupos de su sector, compitiendo con el PS y el PC por el electorado de izquierda. El problema se agudizó en 2010, cuando el partido pasó por primera vez a estar en la oposición, y la perspectiva es que se vuelva aun más evidente en las próximas elecciones debido al fin del binominal, ya que elimina la posibilidad de llegar a acuerdos o negociaciones.

Quien ha encarnado de manera más pública estas críticas es el diputado Pepe Auth, ex presidente del PPD entre 2008 y 2009, quien a fines de abril presentó su renuncia al partido, acusando una izquierdización excesiva de la colectividad bajo el liderazgo de Jaime Quintana y el sector que domina  Guido Girardi.

Aunque hace años que el senador por Santiago Poniente no ocupa ningún cargo en la directiva, tanto la mesa liderada actualmente por Quintana como la nueva que asumirá este fin de semana presidida por el alcalde de Lo Prado, Gonzalo Navarrete, fueron hechas a su medida.

Aunque Girardi –a quien Auth se refiere como el único "controlador político" del PPD–, reconoce que tiene poder en el partido, ha desestimado cualquier crítica a su estilo.

En todo caso, el diagnóstico de Auth es compartido. José Joaquín Brunner, otro militante histórico, anunció que no va a refichar su militancia, decisión que también están evaluando otros cuatro parlamentarios: Tucapel Jiménez, Joaquín Tuma, Cristián Campos y Jorge Tarud. Otros parlamentarios como Felipe Harboe y Ricardo Lagos Weber, pese a estar de acuerdo con el análisis, buscarán dar la pelea desde adentro.

En este escenario de división, la investigación por los dineros de SQM termina por agravar la situación. Porque a pesar que desde el partido han salido a blindar a Carolina Tohá -quien no solo es una de sus figuras mejor evaluadas, sino que también es una de las candidatas más fuertes del partido de cara a las próximas elecciones municipales-, es inevitable que la alcaldesa de Santiago salga ilesa ante la opinión pública. Más allá de las declaraciones que ha emitido Tohá defendiendo su inocencia, la causa que decidió abrir el Tribunal Supremo del partido para ver si existieron irregularidades en el sistema de financiamiento inevitablemente apuntarán a su gestión. En este sentido, en el caso de la arista SQM también se han visto dos almas en el PPD: una directiva, que descarta cualquier responsabilidad, versus un Tribunal Supremo que siente la necesidad de seguir indagando.

El PPD ha estado en la mira de la fiscalía desde hace un año en el marco del caso SQM. En octubre de 2015, el Servicio de Impuestos Internos se querelló en contra de Patricio Rodrigo, director de Chile Ambiente, por emitir 10 facturas falsas a SQM-Salar entre los años 2011 y 2012. Su declaración es la que ha permitido armar el rompecabezas.

Rodrigo, un reconocido ambientalista, militó hasta el año 2012 en el PPD. Además de su rol en Chile Ambiente, que el mismo fundó, también es conocido por haber sido vocero de Patagonia Sin Represas y fue asesor de Guido Girardi entre los años 2010 y 2014, recibiendo un sueldo de 1,2 millones por esta labor.

Gracias a la declaración de Rodrigo, hoy sabemos que Chile Ambiente, por petición de Luis Matte –tesorero de la mesa directiva que presidía presidía Carolina Tohá–, suscribió un contrato con SQM, según el cual recibiría $47 millones de pesos en doce pagos, por concepto de asesorías. A su vez, se realizó un subcontrato con la Corporación Innovación y Democracia para hacer operativas las acciones comprometidas, que eran formación y capacitación de dirigentes políticos en gestión ambiental.

A cambio del dinero, Chile Ambiente realizó una serie de charlas para la minera. No obstante, la fundación cobraba un overhead (un monto por costo fijo) por estas actividades, y el resto del dinero iba a parar a las arcas del PPD. En total, la fundación facturó cerca de $58 millones a SQM, de los cuales entre el 85-90% fue remitido al partido que lideraba Tohá.

El mismo mecanismo se utilizó para recaudar dinero de otras empresas, entre ellas Energía Coyanco, la generadora eléctrica del grupo Claro que entregó 30 millones de pesos a Chile Ambiente.

Estos antecedentes han sido corroborados por una serie de correos que recopiló la PDI por orden de la fiscal Carmen Gloria Segura, a cargo del caso, y que fueron publicados por La Tercera, donde quedan las conversaciones que mantuvieron Matte y otros miembros de la directiva con Katherine Bishof, ex secretaria del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, además de los cheques que emitió Chile Ambiente al PPD.

De acuerdo a lo que ha señalado Rodrigo, el dinero habría sido para pagar los gastos básicos del partido, como la luz, el agua o los honorarios de los funcionarios. No obstante, en el último de los correos entre Matte y Bischof, el tesorero  pidió a SQM un adelanto de las cuotas debido a "apremios por el tema municipal".

Tanto la defensa de Rodrigo como la del PPD ha sido que estos aportes se enmarcaron dentro de la antigua ley de donaciones, y por lo tanto no son ilegales.

Efectivamente, en julio de 2011 Chile Ambiente fue inscrito ante el Servel –con firma de Carolina Tohá–, como un instituto de formación política, modalidad que le permitía actuar como recaudador de fondos para la colectividad.

Hasta abril del año pasado, los artículos 8 y 9 de la ley 19.885 permitían que las empresas realizaran donaciones a los partidos políticos inscritos a través de institutos de formación política y entidades recaudadores de fondos. Las condiciones era que estos organismos estuvieran acreditados ante el Servel, a quien además se le debían notificar todos los pagos. Si se cumplían los requisitos, el Servel emitía un certificado con el cual las empresas podían gozar de exenciones tributarias.

El mecanismo –que fue derogado tras el establecimiento de financiamiento estatal para los partidos políticos–, causó que en los últimos años surgieran una serie de fundaciones sin fines de lucro ligadas a los partidos cuyo único objetivo, más allá de la razón por la que decían ser creados, era recaudar dinero. Muchas de ellas han sido cuestionadas en el marco de las investigaciones por financiamiento irregular a la política, dado que se habría torcido el espíritu de la ley. Tal es el caso de Ciudad Justa, la fundación del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, que le vendió un informe a Penta, o las fundaciones de Pablo Longueira, Chile Justo y Fundación Web, actualmente bajo investigación por haber recibido financiamiento de SQM.

En el caso del PPD, por su parte, hay un elemento adicional: Chile Ambiente recibió donaciones de parte de empresas que defendían intereses completamente contradictorios con los valores de la fundación, como es el caso de Energía Coyanco.