Ley de insolvencia: en qué beneficia a las personas y Pymes

A partir del viernes 11 de agosto entró en vigencia la actualización de la Ley de Insolvencia, la cual dará mayores facilidades en los trámites de las personas y Pymes que cuentan con problemas financieros. Esto se suma a que puedan tener más posibilidades de lograr acuerdos de pago con sus acreedores.

La normativa fue aprobada a inicio del 2023 y publicada en el Diario Oficial el pasado 10 de mayo, entrando en vigencia a partir de agosto.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, detalló que la antigua normativa se enfocaba en las empresas de mayor tamaño, dejando fuera a las Pymes, las cuales no le entregaban procedimientos de bajo costo y que fuese simplificado dada sus particularidades.

El superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, señaló: “Esta iniciativa introduce múltiples mejoras a la Ley 20.720, que implica un mayor acceso para las personas naturales y las micro y pequeñas empresas a procedimientos simplificados, más flexibles, menos burocráticos y más económicos en su acceso, permitiéndoles tener una segunda oportunidad en sus actividades económicas”.

Las autoridades señalaron que la nueva normativa cuenta con un enfoque ciudadano, ya que busca disminuir la pérdida social y económica. Esto se realizará mediante cuatro pilares, los cuales son:

• Nuevos procedimientos simplificados de rápida tramitación.
• Renegociación gratuita de las deudas ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento para personas que emiten boleta de honorarios.
• Promoción de reestructuraciones de deudas.
• Incentivo de reingreso del deudor al sistema crediticio.

La ley dispone la renegociación gratuita a las personas que emiten boleta de honorarios y que están con un sobreendeudamiento, por lo que se les incluye a los usuarios que hasta antes del 11 de agosto estaban impedidas de acceder al procedimiento por ser consideradas empresas, lo que implicaba que debían usar la liquidación como principal opción para salir de las dificultades económicas.

La nueva normativa introduce mejoras para reducir trámites redundantes y facilita el uso de la tecnología, con el objetivo de hacer más expedito el desarrollo de los procedimientos.