En Chile se rechaza cualquier tipo de violencia

“La justificación de la violencia en Chile ha cambiado en los últimos años, porque algunos tipos de violencia suben y otros bajan en su aprobación por parte de las personas”, explica la sicóloga social Mónica Gerber, académica de la U. Diego Portales e investigadora asociada del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (Coes). La experta se refiere a los resultados de un informe publicado en septiembre, el cual ocupó cifras de la ELSOC (Encuesta Longitudinal Social de Chile) y preguntó sobre la violencia contra la infraestructura pública, de transportes y comercios privados, de y hacia Carabineros y la que se ve en linchamientos a personas que son sorprendidas robando.

Alejandra Lunecke, académica de sociología de la U. Alberto Hurtado e investigadora asociada de Coes, cuenta que al analizar el sondeo hay tipos de violencia que a lo largo de los años mantienen un alto rechazo, como la ejercida hacia la mujer o contra la infraestructura pública, de transportes, negocios o barrios. De hecho, los chilenos que creen que nunca se justifica que se incendie o dañe inmobiliario público, como edificios o semáforos, subió de 80 a 81% entre 2016 y 2019. Lo mismo pasa con esa respuesta cuando se habla de ataques a medios de transportes, como el Metro o los buses (de 82% a 83%) y a que se atente contra negocios o locales comerciales, que está estable en un 87%.

“En términos globales, decir que hoy los chilenos aceptan más la violencia no es correcto, sino que en ciertas situaciones justifican el uso de determinadas estrategias, como las barricadas o el apedreo a Carabineros cuando se está ejerciendo violencia policial”, dice Lunecke, al referirse a un tipo de violencia que el informe define por el cambio social y describe como “actos de agresión instrumental perpetrados habitualmente por individuos o miembros de grupos (muchas veces desaventajados) que aspiran a promover un cambio en la forma en que se organiza la sociedad”.

“En términos globales, decir que hoy los chilenos aceptan más la violencia no es correcto, sino que en ciertas situaciones justifican el uso de determinadas estrategias, como las barricadas o el apedreo a Carabineros cuando se está ejerciendo violencia policial”, dice la socióloga Alejandra Lunecke.

“No diría que los chilenos validan la violencia en sí misma, pero sí está la sensación de que ‘después de tantos años en que no se han logrado cambios puede ser que sea necesario apelar a la violencia para lograrlos’”, opina Gerber, quien de todas formas, explica que quienes opinan esto son una minoría. “Aunque son menos minoría que hace cinco años”, precisa. Esto se refleja en que mientras en 2018 el 13% indicaba que en determinados momentos se justificaba el uso de violencia por parte de estudiantes en una marcha, esa cifra saltó a 27% en 2019.

El informe revela que luego del estallido social disminuyó el histórico apoyo que ha tenido la justificación de la violencia por parte de Carabineros y aumentó la defensa de la violencia por parte de los manifestantes. Si antes el 37% de los chilenos indicaba que había situaciones en las que se justificaba que Carabineros usara la fuerza contra una manifestación pacífica, después del estallido este valor bajó a 21%. “Esto puede deberse a una menor confianza en el criterio de Carabineros para decidir cuándo es pertinente aplicar violencia. También es posible que en 2018 al reflexionar sobre el ‘uso de la fuerza’ las personas pensaran en lacrimógenas, mientras que el año 2019 tenían en mente los daños oculares o hasta las muertes en contextos de protestas”, analiza Gerber.

Algo parecido ocurre con quienes nunca respaldan que Carabineros desaloje a la fuerza a estudiantes de un liceo en toma, valor que subió del 41% al 63% entre 2016 y 2019, y para los que nunca justifican que alumnos tiren piedras a Carabineros en una marcha por la educación, que desciende del 81% al 73% entre esos años. Según Lunecke estos cambios se producen porque “en este relato donde la sociedad chilena decidió institucionalizar una salida para darle respuesta al conflicto que vive, el extremo uso de la violencia física por Carabineros quedó muy descontextualizado”.

“En este relato donde la sociedad chilena decidió institucionalizar una salida para darle respuesta al conflicto que vive, el extremo uso de la violencia física por Carabineros quedó muy descontextualizado”, dice Lunecke.

La violencia por el cambio social muestra grandes variaciones por nivel educacional y edad. Por ejemplo, el 11% de los chilenos de entre 18 y 29 años la justifica (doblando a casi todos los otros tramos etarios). Además, esa cifra llega el 9% en las personas con educación universitaria, versus un 4% de los chilenos con formación técnica y educación media y un 5% entre quienes tienen educación básica. “No es que las personas con más educación validen más la violencia en general. En el fondo lo que vemos es un mayor apoyo de las personas con más educación probablemente al movimiento vinculado al estallido social”, opina Gerber.

Para Lunecke estos cambios en la justificación de los distintos tipos de violencia física responden al momento histórico. “Así como en los 70 estuvo vinculada a la violencia política por el contexto de dictadura militar, luego en la transición la agenda pública se construyó con el tema de la agenda delictual y durante 20 años estuvimos pensando que la violencia estaba asociada al delito”, explica, agregando que hoy está volviendo a ser ligada con procesos político-sociales. Esto puede verse en las variaciones que presentan los tipos de violencia interpersonal, como los linchamientos, donde quienes creen que nunca se justifica que personas persigan y golpeen a un delincuente que acaba de cometer un delito suben del 23% al 28% entre 2016 y 2019.

Para Gerber los riesgos de este fenómeno están en la normalización de la violencia como forma de resolver conflictos. “Para evitar esta escalada, es fundamental que el gobierno y las fuerzas del orden cuenten con mayores niveles de legitimidad y confianza por parte de la ciudadanía. En el caso de Carabineros, esta legitimidad no puede construirse si no se parte por un cambio estructural en los procedimientos utilizados en el control de las protestas, que asegure un aferramiento incuestionable a protocolos de uso de violencia que se guíen por criterios de proporcionalidad y necesidad y que impliquen la responsabilización institucional y de los altos mandos involucrados”, dice la sicóloga social.