“Democracia ecológica”: lo que demandan las organizaciones medioambientales para una nueva Constitución

La relación entre los derechos humanos y el medio ambiente se ha vuelto innegable. Tanto la Constitución de 1980, como múltiples tratados internacionales, resguardan para los ciudadanos del país el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua y a vivir en un ambiente saludable, garantía que, según la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha sido incluida en las Cartas Fundamentales de cerca de cien Estados. Al respecto, en el artículo 19 de la nuestra se establece “el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, siendo el deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”. No obstante, parte de las demandas que se han levantado en el contexto del actual estallido social que está pidiendo por una nueva Constitución, están relacionadas con “el resguardo al derecho a un medioambiente limpio”, según explica Ezio Costa, abogado y director de ONG Fima. De hecho, según la encuesta Termómetro Social de octubre, que realiza el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el 76% de los chilenos y chilenas está disconforme con la actual Carta de 1980. “Una nueva Constitución debiera hacer expresa la visión sustentable del desarrollo, poner al medioambiente sano como uno de sus principios, ponerlo por sobre el derecho de propiedad y de libertad económica, asegurar ese derecho tanto en su visión individual como colectiva y, poner la gestión de los bienes comunes como uno de los ejes del actuar del Estado”, agrega Costa.

Según la encuesta Termómetro Social de octubre, el 76% de los chilenos y chilenas está disconforme con la actual Carta de 1980.

Entre esos bienes comunes -dice el abogado- están el agua, el océano, los bosques, los humedales y los glaciares. Asimismo, Costa propone que la visión económica que impulse una nueva Constitución, no sea la del crecimiento infinito basado en la extracción. “Acá es donde radica la real discusión, pues que una vez que se haga la Asamblea Constituyente, deberíamos avanzar en ser una de las primeras Constituciones del mundo que apunte a una transición hacia una democracia ecológica, con una economía descarbonizada”, opina. Matías Asún, Director de Greenpeace Chile, también es enfático en que una nueva Constitución debe asegurar los derechos ambientales en el país. “El gran problema de la Constitución actual es que a pesar de que tiene un artículo que considera que existe un derecho en un medioambiente libre contaminación, en la práctica ese derecho se contrapone contra otros artículos de la actual norma que finalmente terminan permitiendo que en Chile contaminar sea más barato que producir energías limpias”, dice. [caption id="attachment_826233" align="alignnone" width="300"]

Así lucía el río Aconcagua el pasado 23 de agosto, a la altura de Quillota. Foto: Dedvi Missene.[/caption] Y agrega: “estas contradicciones señalan las propias limitaciones que tiene la Constitución hoy. Y debe cambiar a través de un proceso que nos permita generar un pacto democrático para el país que queremos y eso supone un proceso participativo e inclusivo”. Por su parte, a través de un comunicado la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) que reúne a 130 organizaciones del mundo ambiental, movimientos territoriales, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones políticas y académicas, sostiene que “la crisis social, es también ecológica”. “El planeta no resiste el estilo de vida que estamos llevando ni el modelo productivo que ha regido en el país. Así́ como hemos sido ejemplares en la instalación y profundización del sistema neoliberal, debemos ser un ejemplo también en una salida democrática a esta crisis que evite una catástrofe social y climática, asegurando la vida digna de todos y todas”, expresa la SCAC.

En su manifiesto, la SCAC sostiene que la desigualdad social tiene diferentes raíces en Chile, siendo la injusticia socio ambiental una parte importante de ellas. “Por una parte, los recursos naturales están explotados y privatizados para el beneficio de algunos, como el agua. O las industrias forestales están deforestando territorio Mapuche, degradando sus suelos y atentando contra la biodiversidad. Los escenarios descritos son replicados en otros sectores económicos, como la salmonicultura, la minería y las termoeléctricas, que han desencadenado en la existencia de ‘Zonas de Sacrificio’, donde se ha sometido a comunidades enteras a vivir en un ambiente altamente contaminado por empresas, vulnerando completamente su derecho constitucional a la vida”, dice el documento. [caption id="attachment_835346" align="alignnone" width="300"]

Bahía de Quintero y Puchuncaví, una de las denominadas 'zonas de sacrificio' del país. Foto: La Tercera.[/caption] Al respecto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) publicó en 2017 el “Mapa de Conflictos Socioambientales”, donde a través de la plataforma

se muestran 116 puntos a lo largo de todo el país, en los cuales se han generado diversas pugnas entre comunidades y proyectos productivos que podrían crear impactos negativos en sus territorios. Para detectarlos se identificaron disputas entre diversos actores como personas naturales, organizaciones, empresas públicas y privadas, y el Estado, manifestadas públicamente y que expresan divergencias de opiniones, posiciones, intereses y planteamientos de demandas por la afectación de derechos humanos, derivada del acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de las actividades económicas. Por ejemplo, hay 62 conflictos activos, 30 latentes y 24 cerrados, que tienen que ver con la explotación o exploración de faenas; residuos; emisiones; y uso y/o contaminación de recursos naturales. Los principales sectores productivos asociados a los conflictos son iniciativas relacionados con generación energética (38% de los casos); minería (28%); saneamiento ambiental (9%); y otros (25%).

Según el INDH hay 116 conflictos socioambientales en Chile, que tienen que ver con explotación o exploración de faenas, residuos, emisiones y, uso o contaminación de recursos naturales.

Además, se da cuenta de que tales pugnas abarcan todas las regiones de Chile y que, un tercio de éstas, afectan a territorio indígena. “En Chile se vulnera el derecho a vivir en un medioambiente sano, a la salud, al agua y el derecho a la participación. En las zonas de sacrificio eso es una realidad diaria y el ejemplo de Quintero-Puchuncaví es el más evidente porque ya no es sólo un reclamo ciudadano, sino que es algo que fue constatado por la Corte Suprema. Lo mismo pasa con el agua. Lo vemos en muchas zonas del país, donde sí existe el recurso pero ella es puesta al servicio de la producción minera, forestal o agrícola, en desmedro de la supervivencia de las personas y de los ecosistemas”, afirma Ezio Costa, de la ONG Fima. [caption id="attachment_890430" align="alignnone" width="300"]

Imagen aérea del ecosistema del Bosque Valdiviano. Foto: Archivo.[/caption] “Eso es gravísimo, no solo porque se está atentando contra los derechos de personas en situaciones vulnerables, sino porque no preocuparse de mantener los ecosistemas significa alterar el ciclo hídrico”, agrega. En este sentido la Sociedad Civil por la Acción Climática afirma que es “necesario realizar una Asamblea Constituyente cuyo resultado del proceso deliberativo será una Constitución democrática, donde es fundamental asegurar el desarrollo económico sustentable, sin lógicas extractivistas ni mercantilización de la naturaleza; el acceso al agua para todas las personas y los ecosistemas, siendo este un derecho humano; y el fin a todas las 'Zonas de Sacrificio' que hoy existen en Chile, asegurando que todas las personas, sin distinción, tengan derecho a la vida y la salud", recalcan.