El candidato independiente de 35 años se impuso ante la candidatura de Karla Rubilar.

Recursos ante cortes de apelaciones y requerimientos en organismos internacionales son parte de los caminos que evalúan los removidos abogados y otrora compañeros en la Tercera Sala.

Defensa del exalcalde indica que el Tercer Juzgado de Garantía trasladó esta jornada la solicitud respectiva al Ministerio Público, lo que impediría que existiese una resolución final antes de la realización de las elecciones regionales y municipales.

Fue la primera jefa de Inteligencia de todas las ramas policiales y de las Fuerzas Armadas. Fue también a quien contactó el exsubsecretario para desplegar una serie de maniobras previo a la denuncia por violación que se presentó en su contra el 14 de octubre. Cercanos a la mujer dicen que fue engañada por Monsalve y es que el perfil de la removida jefa de Inteligencia -dicen en la PDI-, nunca fue de "calle", sino más cercana al mundo político. De ahí que no pocos piensan que se encumbraba como la próxima directora de la policía civil hasta que este escándalo se cruzó en su camino.

"Descartamos de forma categórica y absoluta cualquier tipo de amenaza directa o indirecta realizada por nuestro representado en contra de la denunciante o de cualquier otra persona”, manifestaron los abogados del exsubsecretario.

“No solamente hay que hablar de operadores judiciales. Yo creo que también hay que extenderlo a operadores políticos. Operadores en todo tipo de ámbito pueden existir", apuntó.

En medio de las gestiones que realizó el exsubsecretario antes de que se concretara la acusación en su contra, pidió a detectives que se contactaran con la funcionaria que días después lo acusó de violación. Pero ¿cuál fue el motivo por lo que personal de Inteligencia llegó hasta el departamento de la víctima?

Como aseguró el profesional, la determinación se tomó estimando que "era lo mejor" para el curso del caso. "Una profesional mujer con sólida formación académica sintoniza mejor ante hechos tan terribles como los que se investigan", comentó.

El Internado Nacional Barros Arana vivió quizás la jornada más negra de su historia, luego de que la manipulación de -aparentemente- una bomba molotov terminara con más de una treintena de estudiantes quemados de diversa gravedad. De ellos, siete tienen mayor compromiso y uno se encuentra en serio riesgo vital.

Las medidas se dieron producto del sumario iniciado respecto de los funcionarios que estaban a cargo del resguardo de la otrora autoridad. Esto, dado que no estaban con él los días en que se produjeron parte de los hechos denunciados.

"No hay doble lectura del hecho de que una persona que está a cargo de las policías haya ordenado este tipo de diligencias y que además funcionarios de la PDI hayan ido al domicilio de mi representada. Me parece sumamente grave", aseguró la abogada.

“Del contenido de la investigación ya no se habla más de él. Lo tengo prohibido por ley”, recalcó.

En medio de una audiencia de cautela de garantías solicitada por su defensa, el Ministerio Público detalló una serie de peticiones realizadas por el exdiputado que podrían haber implicado la pérdida de evidencia clave en el caso. Como deslizó la abogada querellante, María Elena Santibáñez, el éxito de la indagación podría estar en riesgo. Una de las situaciones que más destacó el fiscal Xavier Armendáriz fue cómo, usando su cargo, el imputado -incluso- mandó a policías a contactar a la víctima antes de la denuncia.

Defensa y Fiscalía debatieron en tribunal por la pertinencia de los análisis al dispositivo.

"La supuesta declaración es un intercambio de palabras que habrá durado un minuto", afirmó el fiscal.