La jurista asistió a audiencia de cautela de garantías solicitada por la defensa del exsubsecretario.
23 oct 2024 09:35 AM
Periodista de La Tercera
La jurista asistió a audiencia de cautela de garantías solicitada por la defensa del exsubsecretario.
La determinación se confirmó la jornada de este martes, en la antesala de la audiencia de cautela de garantías que solicitó la defensa del ex subsecretario.
¿Con quién conversó la víctima? ¿Qué dijo por esos días el ex subsecretario y a quién? Esas son parte de las preguntas que busca responder la Fiscalía Centro Norte en medio de las diligencias del caso. Esto, con miras a develar eventual omisión de denuncia.
El abogado, que se encuentra en prisión preventiva, expone que los persecutores se comprometieron a resguardar la información del teléfono que le fue incautado, por lo que solicita que se entregue un listado y se cite a declarar a los funcionarios que han tenido acceso a sus conversaciones en el Ministerio Público. Incluso, pide que se entreguen los registros de visitas de las dependencias de la Fiscalía.
El equipo encabezado por María Inés Horvitz solicita se les dé acceso a la carpeta investigativa y asegura que exsubsecretario no ha concretado una declaración judicial, aunque fuentes del caso insisten en que compartió versión con fiscal a cargo.
Las mencionadas diligencias tuvieron lugar luego de que el otrora subsecretario se reuniera con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda la noche del martes 15 de octubre, mismo día en que hizo entrega voluntaria de su celular.
La acción del organismo encabezado por Dorothy Pérez busca que las reparticiones remitan informe detallado respecto de acciones que se siguieron una vez que se conoció la denuncia contra el exsubsecretario. Entre estas, por la disposición de un avión en que se trasladó desde el Biobío.
Ana María Watkins Sepúlveda presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra 99 diputados que rechazaron la “cuestión previa”. En el texto cuestionan la fusión de dos acusaciones, la de Muñoz y Vivanco. Eso sí, el abogado que representó a Muñoz en el Congreso, Jorge Correa Sutil, explicó a La Tercera que el recurso fue interpuesto “sin consentimiento ni conocimiento de Sergio Muñoz”.
Óscar Crisóstomo era uno de los 18 personeros de la Región de Ñuble que fueron requeridos en el marco de las instrucciones que impartió esta semana el fiscal regional Patricio Cooper.
La funcionaria de la Subsecretaría del Interior que denunció a la ahora exautoridad, realizó ante la PDI un relato de dos episodios en los que -acusa-, su entonces jefe, Manuel Monsalve, vulneró su intimidad. Acá los detalles de una acusación que impactó de lleno en La Moneda.
El pleno del máximo tribunal acordó señalar que no les compete reprochar actuaciones del Poder Legislativo, y que solo acatan las determinaciones a las que arriban en función de las atribuciones que les entrega la Constitución. Resuelto el futuro del magistrado en el Congreso, optaron por archivar los antecedentes que se levantaron a su respecto en la Comisión de Ética.
En atención a que la Corte Suprema no ha emitido la sentencia que sella formalmente su remoción del Poder Judicial y que el Senado ya aprobó la acusación constitucional en su contra, la defensa de la otrora magistrada pidió que se archive el proceso.
"El Tribunal Pleno tomó Conocimiento y atendido a que el ministro ha sido destituido y que no forma parte de este tribunal determinó archivar los antecedentes", indicó la ministra María Soledad Melo.
Antes de que se iniciara la sesión en que el Senado zanjó el futuro del ahora exmagistrado al interior del Poder Judicial, los titulares del máximo tribunal analizaron la petición que presentó con miras a conocer el informe de la Comisión de Ética que analizó cargos en su contra. Era “su última esperanza”, dicen cercanos, pero al magistrado sus pares por primera vez le dijeron “no ha lugar”.
Según detalla el director del Centro de Estudios de la Administración del Estado, que está a cargo de la iniciativa, el programa busca ser un "aporte para la gestión de las autoridades electas, para que puedan detectar y prevenir actos irregulares". Las actividades se iniciarán el 5 de noviembre.