El anunciado cierre en tres meses de la compañía siderúrgica con 70 años de historia, debido a la irrupción del acero chino, amenaza con dejar sin empleo a miles de personas en la Región del Biobío y con generar una crisis social sólo comparable con el fin de las minas de carbón en 1997.

Claudio Cofré, quien durante once años fue carabinero, es el defensor de seis de los cabecillas de la banda venezolana en Chile. Como abogado ha representado a narcotraficantes y dos de los asesinos de Daniel Zamudio. No sólo eso: denunció escuchas ilegales por parte de la policía y enfrentó reprimendas de los jueces por su comportamiento en audiencias.

Como nunca antes en la historia del cargo, el Presidente Boric ha hecho de la red social X (ex Twitter) una plataforma para comunicar parte de sus decisiones, dar opiniones políticas en temas candentes e, incluso, dar a conocer sus preferencias musicales o literarias. En este reportaje, La Tercera hace una revisión al comportamiento tuitero del Mandatario. Estos son los temas, los personajes y sus horarios preferidos en dos años de mandato.

El abogado de la esposa del exteniente espera ser parte de la postergada audiencia y solicitó reuniones con el Ministerio del Interior y el Ministerio Público para solicitar medidas de resguardo para su familia en Chile.

Los últimos episodios de desmanes en la final de la Supercopa y agresiones en Mendoza son algunas de las consecuencias de la nueva dinámica al interior de la barra brava de Colo Colo. Luego de décadas de liderazgos fuertes y cuestionados, que llevaron a una seguidilla de asesinatos, hoy se vive un vacío en que varios grupos, con un largo historial de rencillas y presuntas vinculaciones con el crimen organizado, se pelean por ser reconocidos y tomar algo de poder en al interior de la Garra Blanca.

Detrás del cinematográfico secuestro del exmilitar, quien vivía en Chile desde agosto de 2018, se esconde una historia de presuntas conspiraciones, operaciones de inteligencia y el escape desde una prisión destinada a los opositores al régimen de Nicolás Maduro. Amigos de Ojeda reconocen que desde mediados de enero estaba en alerta: la supuesta confesión de un excapitán capturado, con quien mantenía fluido contacto, lo había situado como parte de un presunto plan para atacar un regimiento y matar al mandatario venezolano.

En sus mensajes el exmilitar secuestrado hacía un constante llamado a la recuperación de Venezuela y daba entrevistas sobre su experiencia de prisión y tortura. Incluso criticaba el momento que estaba viviendo Chile tras el estallido social de 2019.

La suspensión del partido que el domingo pasado jugaban Colo Colo contra Huachipato en el Estadio Nacional reavivó los cuestionamientos a Estadio Seguro, programa gubernamental que en 12 años no ha logrado reducir la violencia en los estadios y que prometió ser cambiado por una política de "barrismo social" por el actual gobierno. En contraste con esa idea inicial, Estadio Seguro comunicó ayer a la ANFP que el uso de un registro obligatorio de hinchas, medida que ha sido rechazada por Colo Colo, será una condición clave para autorizar nuevos partidos de alto riesgo.

Cercados por el fuego que entró por las quebradas que rodean a la población de la parte alta de Viña del Mar, sus habitantes tenían sólo una opción para arrancar del fatídico incendio forestal del pasado viernes 2 de febrero: tomar la colapsada calle Gabriela Mistral, bloqueada a esa hora por desesperadas personas que en sus autos intentaban entrar y salir del barrio. Cerca de 60 personas perdieron la vida en la Villa Independencia, varias de ellas sin poder salir del taco mortal. Quienes sobrevivieron acusan una tardía orden de evacuación y nula información sobre hacia dónde buscar refugio del fuego.

Por primera vez, desde 2012, las elecciones municipales y de gobernadores volverán a ser con voto obligatorio e inscripción automática. Este cambio mantiene en alerta a los partidos políticos, que intentan analizar y definir cómo enfrentarán un escenario que todos describen como incierto.

Durante el año pasado Carabineros incautó 2.752 armas de fuego en todo el país, cifra que se ha mantenido estable en los últimos cuatro años, pese al alza del crimen organizado. En los datos de la policía uniformada se destaca que sólo una de cada 10 armas son requisadas a extranjeros y que comunas como Santiago, Viña del Mar y Antofagasta, donde ha existido un importante alza de los homicidios, están entre los territorios donde más pistolas y revólveres se encontraron en manos de civiles.

Entre los 58 beneficiarios de pensiones de gracia tras el estallido social que tienen antecedentes penales, según detectó Contraloría, destacan el caso de un hombre de Valdivia, que el año 2009 abusó de una niña de seis años. Y el de un joven de Chillán, que el 2018 grabó desnuda a una menor de 17 años, cuya pensión ya fue revocada por el Presidente Boric. Además, existe un beneficiario con nueve condenas por delitos reiterados y otros por intento de robo de altas sumas de dinero.

En medio del escándalo por las supuestas coimas a funcionarios del SII y la CMF que quedaron en evidencia tras la divulgación del audio de una reunión entre la abogada Leonarda Villalobos, su colega Luis Hermosilla y el empresario Ariel Sauer, un antecedente en la historia de Villalobos dio cuenta de su cercanía histórica con el SII: por más de 40 años, su padre, Osvaldo Villalobos, fue funcionario del servicio en Valparaíso, donde su carrera terminó abruptamente. La Tercera accedió al sumario que ordenó su destitución tras pagos recibidos por su esposa de parte de contribuyentes con problemas tributarios y la misteriosa desaparición de un expediente que nunca se pudo aclarar.

Entre los 58 beneficiarios de pensiones de gracia tras el estallido social que tienen antecedentes penales, según detectó Contraloría, destacan dos casos de delitos violentos y de alta connotación pública. El de un hombre de Valdivia que el año 2009 abusó de una niña de seis años, y el de un joven de Chillán, que el 2018 grabó desnuda a una menor de 17 años. En este último caso, el Presidente Boric ya firmó el decreto para revocar el beneficio.

En una primera instancia, el ente fiscalizador identificó que algunos de los beneficiarios que sufrieron daños o lesiones en el contexto del estallido social también estaban recibiendo el Subsidio Único Familiar (SUF), lo que habría sido incompatible con optar a una pensión de gracia. Sin embargo, un posterior análisis del IPS validó el doble beneficio.