Periodista de la Unidad de Investigación de La Tercera
Fruto de la severa crisis que azota al SLEP Atacama y de los cuestionamientos que han surgido a la nueva institucionalidad, el titular del Mineduc citó para este viernes a una sesión telemática extraordinaria a los seis consejeros de la instancia que analiza de forma permanente el proceso de desmunicipalización escolar.
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas conoció hace algunos días los resultados de la auditoría al proceso del programa Beca TIC -que entrega soluciones tecnológicas a los beneficiarios- y en el que se daba cuenta de un problema no menor: más de 9 mil equipos fueron recibidos por estudiantes erróneamente priorizados.
En los testimonios entregados en las últimas semanas ante la Fiscalía por parte del exdirector Jurídico, la exdirectora de Salud y la arquitecta que contactó y recibió los informes de los tasadores, aparece reiteradamente el nombre de Luis Mayorga como el hombre que encabezó el proceso de negociación y firma del contrato para la fallida adquisición del centro médico. Por el momento, Mayorga decidió guardar silencio ante el fiscal Patricio Cooper.
Desde el año pasado, la empresa Aridum, que está registrada en la CMF, ofrece un servicio de asesoría para inversiones de corto plazo aprovechando las alzas puntuales del fondo A de la cuenta de ahorro voluntario. Su creador, César Beltrán, asegura que con su método pasó de tener $10 millones en enero de 2016 a amasar $1.686 millones a 2022. Pero ante la amenaza del surgimiento de un nuevo Felices y Forrados, las AFP alertan de los posibles efectos del negocio en los fondos de pensiones -una de ellas se querelló- y la Superintendencia de Pensiones comunicó a las gestoras cambios en la normativa a partir de noviembre.
Polemista y activo crítico por redes sociales, especialmente de Boric y su coalición de gobierno, el urbanista Iván Poduje lanzó esta semana un segundo libro bajo el título "Chile tomado". En el texto sostiene que fue la pandemia y no el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019 lo que logró frenar la violencia del estallido social, pero que en las ciudades se ha instalado la ley del más fuerte.
En una carrera contra el tiempo, la organización de los juegos ha sufrido un fuerte aumento de sus costos. Gran parte de esa alza se ha debido a los retrasos y ajustes de precios de las principales obras de infraestructura que albergarán a las competencias deportivas, las que se deberán usar con un "permiso de funcionamiento temporal" otorgado por la Municipalidad de Ñuñoa. La Tercera constató que el IND ha gastado un 19% más de lo presupuestado: lo equivale a cerca de US$70 millones. Mientras que en todo el evento, si en 2017 se pensaba que el Estado debería invertir US$170 millones para ser sede, hoy esa cifra ya va en US$770 millones.
Para muchos periodistas y funcionarios, este 2023 el canal estatal está “hundido”. No sólo volvieron las pérdidas, sino que en términos de audiencia la señal se consolidó en el cuarto lugar de la TV abierta y muy por debajo de sus competidores. La tensión se instaló en los equipos y esta semana ello llevó a la salida del director de Programación. Sin embargo, la inquietud está lejos de aplacarse.
Roberto Cisternas presentó su dimisión al canal estatal tras haber asumido en julio del año pasado.
Un maletín, más de $50 millones y un viaje accidentado. Esto, es parte de la trama que ronda a un desconocido caso policial en la previa de los Juegos Panamericanos, que surgió luego de que los representantes de una de las empresas que realizan trabajos para el evento, retiraran un millonario pago desde una sucursal bancaria en Santiago centro.
Un debate de los tantos que levanta hoy el proceso constituyente es cuán partisano es el nuevo texto. Al analizar las votaciones, se ve que un 57% de lo aprobado corresponde a normas intactas del proyecto de los expertos, y un 41,4% son enmiendas que fueron principalmente presentadas y respaldadas por el Partido Republicano y Chile Vamos. Los capítulos donde más se hace sentir ese sello son los tres primeros, que abordan los principios que dan forma al estado social, derechos y libertades, y representación política y participación.
Al interior de compresores de aire, en dobles fondos de casas rodantes y en medio del chasis de vehículos usados. Esas son parte de las nuevas técnicas utilizadas por narcotraficantes europeos para ingresar miles de dosis de drogas de síntesis al país. Desde la Policía de Investigaciones alertan que tan sólo entre 2021 y 2022 las incautaciones de este tipo de sustancias traídas por mar crecieron en un 2.600%, mientras que los poppers y la ketamina, con la que se fabrica el popular "tussi", también preocupan por su irrupción en el mercado nacional.
Entre 2019 y 2023, un total de 28 menores de edad han sido detenidos y condenados por lanzar bombas molotov en Santiago. De ellos, 20 casos ocurrieron al interior o en las inmediaciones de los llamados "liceos emblemáticos", entre los que el Liceo de Aplicación lleva la delantera. Sin embargo, las bajas penas y los beneficios aplicados a los adolescentes han derivado en que gran parte de ellos no reciban acompañamiento o intervención desde programas especializados del Estado. En paralelo, sigue siendo un misterio cuántos de ellos han sido expulsados o reubicados en otros establecimientos educacionales.
En paralelo al proceso judicial que busca recuperar los $91 millones que Democracia Viva aún no devuelve de los convenios firmados con el Minvu de Antofagasta, el ex militante de RD ha debido enfrentar también el cobro en tribunales de $4.2 millones que le debe a la casa de estudios. La deuda tiene su origen en un pagaré que Andrade firmó en 2021 para financiar parte de sus estudios y del que no ha pagado ninguna cuota, pese a que en 2022 y 2023 tuvo trabajo en tres reparticiones públicas.
En menos de dos años, el creador de Democracia Viva pasó por tres empleos públicos: Pedro Aguirre Cerda, el MOP y Defensa. Por medio de documentos obtenidos por Ley de Transparencia, La Tercera pudo comprobar que Andrade habría mentido sobre una supuesta asesoría prestada a la diputada Catalina Pérez, su expareja; que no cumplía con los requisitos formales para uno de los cargos y que consiguió beneficios a los que sólo unos pocos funcionarios pueden optar, pese a su corto recorrido profesional.
