Entre los 58 beneficiarios de pensiones de gracia tras el estallido social que tienen antecedentes penales, según detectó Contraloría, destacan dos casos de delitos violentos y de alta connotación pública. El de un hombre de Valdivia que el año 2009 abusó de una niña de seis años, y el de un joven de Chillán, que el 2018 grabó desnuda a una menor de 17 años. En este último caso, el Presidente Boric ya firmó el decreto para revocar el beneficio.

En una primera instancia, el ente fiscalizador identificó que algunos de los beneficiarios que sufrieron daños o lesiones en el contexto del estallido social también estaban recibiendo el Subsidio Único Familiar (SUF), lo que habría sido incompatible con optar a una pensión de gracia. Sin embargo, un posterior análisis del IPS validó el doble beneficio.

La llegada del voto obligatorio provocó la irrupción de un importante bloque de votantes que hasta 2021 se habían mantenido alejados de la política. Luego de participar en tres elecciones, la última de ellas el plebiscito del 17D, académicos y expertos alertan que la masividad de este grupo, su desarraigo ideológico y su volatilidad a la hora sufragar, provocarán mayor incertidumbre en el mapa electoral y en la manera de hacer campaña.

Casi totalmente a la inversa de lo ocurrido en el plebiscito de septiembre de 2022, los sectores de centro izquierda e izquierda que en esta oportunidad respaldaron la opción En contra lograron revertir los magros resultados obtenidos con el Apruebo en 13 de las 16 regiones del país. Mientras que los sectores que se inclinaron por el Rechazo de 2022 sólo conquistaron tres regiones durante este proceso electoral.

Criado al interior de la comunidad de Temucuicui, la vida del joven mapuche estuvo marcada por la figura de un padre violento y ausente, además de problemas con la justicia. Pero lo que marcó su vida fue presenciar el asesinato del comunero Camilo Catrillanca a manos de Carabineros. Su testimonio fue clave para echar abajo el montaje policial con el que se pretendió ocultar el crimen. Hace una semana, Palacios, de 20 años, murió atropellado en lo que la policía presume fue un intento de robo.

La querella es la primera arremetida legal que emprende una empresa por las facturas falsas emitidas por Inversiones DAS Limitada, Comercial Textil Ziko Limitada y Asesorías e Inversiones ART SpA., en cuyas dos primeras participan Daniel y Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg. Esto ocurre a un mes de que se divulgara el audio en el que aparecen los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, junto a Daniel Sauer, planificando el eventual pago de sobornos a funcionarios del SII y de la CMF.

Además de investigar los posibles delitos en la emisión de miles de facturas falsas por parte de Factop y de la realización de una "caja chica" para pagar sobornos a funcionarios del SII y la CMF, la Fiscalía Metropolitana Oriente mantiene abierta una causa para dilucidar si hubo o no delitos en la grabación y divulgación del registro oculto de la reunión que sostuvieron Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer en junio pasado. Con el paso de las semanas se ha conocido la confesión de Villalobos, quien reconoció haber grabado, y su declaración de que habría compartido la pieza con Yael Speisky, esposa de Rodrigo Topelberg, socio de los Sauer en Factop. Pero de ahí en adelante aún persiste el misterio sobre cómo el registro llegó a instituciones públicas y a medios de comunicación, aunque algunas pistas dan luces de que semanas antes de su revelación el audio ya circulaba entre destacados abogados de la plaza.

El nombre de la abogada Leonarda Villalobos, que se hizo conocido en el caso Hermosilla, no es nuevo dentro del mundo judicial y de ello han sido testigo los tribunales de justicia. Allí, ha llevado a su mamá y a su hermana, ha sido denunciada por su exmarido de falsear documentos y ha debido defenderse de acusaciones de amenazas. Incluso, asesoró a la "Cuca" en un millonario juicio contra la animadora de televisión Tonka Tomicic.

Pese a que su nombre se hizo conocido por la grabación en la que, junto al penalista Luis Hermosilla y con el empresario Daniel Sauer hablan de pagar supuestos sobornos a funcionarios del SII y la CMF, los escándalos y las polémicas no son algo nuevo en la vida de la abogada. Testigo de ello han sido los tribunales de justicia. Allí, ha llevado a su mamá y a su hermana, ha sido denunciada por su exmarido de falsear documentos y ha debido defenderse de acusaciones de amenazas. Incluso, asesoró a la "Cuca" en un millonario juicio contra la animadora de televisión Tonka Tomicic.

Junto con los eventuales pagos a funcionarios del SII y la CMF, el audio revelado la semana pasada, en el que Luis Hermosilla habla de eventuales delitos, dejó también al descubierto que muchas de las "viejas prácticas" de los abogados que se formaron con el sistema judicial antiguo aún no han desaparecido. Por ello, la nueva generación de penalistas nacidos al alero de la Reforma Procesal Penal hoy se declaran molestos y decepcionados. "La reforma ofrecía una promesa de superar las opacidades del antiguo sistema de persecución penal. Los hechos que se han conocido públicamente ponen dudas acerca de si el sistema ha podido cumplir la promesa que hizo", asegura uno de los juristas.

La explosión de extranjeros que buscan hacer una vida en Chile superó la capacidad del Servicio Nacional de Migraciones que, a marzo de 2022, tenía cerca de 580 mil solicitudes de residencia en trámite: algunas de ellas con esperas de hasta tres o cuatro años. Por ello un grupo de abogados, con tarifas que van desde los $220 mil a $1 millón por trámite, comenzó a utilizar los recursos de protección como una herramienta para acelerar las respuestas. Sin embargo un "Supremazo" en marzo pasado frenó el mecanismo, llevando la tasa de éxito de los recursos a menos de un 30%.

Desde el año 2018, el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, órgano que asesora al Presidente de la República en el seguimiento de la reforma, ha venido levantando una serie de alertas sobre las dificultades que están sufriendo los nuevos servicios locales de educación. Muchas de ellas, heredadas desde los municipios, como el excesivo aumento en el número de docentes y asistentes de la educación, serias falencias en el traspaso de la infraestructura, la falta de personal con conocimientos en el área y la rigidez presupuestaria para afrontar situaciones de emergencia.

Fruto de la severa crisis que azota al SLEP Atacama y de los cuestionamientos que han surgido a la nueva institucionalidad, el titular del Mineduc citó para este viernes a una sesión telemática extraordinaria a los seis consejeros de la instancia que analiza de forma permanente el proceso de desmunicipalización escolar.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas conoció hace algunos días los resultados de la auditoría al proceso del programa Beca TIC -que entrega soluciones tecnológicas a los beneficiarios- y en el que se daba cuenta de un problema no menor: más de 9 mil equipos fueron recibidos por estudiantes erróneamente priorizados.

En los testimonios entregados en las últimas semanas ante la Fiscalía por parte del exdirector Jurídico, la exdirectora de Salud y la arquitecta que contactó y recibió los informes de los tasadores, aparece reiteradamente el nombre de Luis Mayorga como el hombre que encabezó el proceso de negociación y firma del contrato para la fallida adquisición del centro médico. Por el momento, Mayorga decidió guardar silencio ante el fiscal Patricio Cooper.