Periodista de Política de La Tercera
Algunas legisladoras oficialistas estaban molestas por el diseño de la defensa del Presidente Boric, ya que al haber exponer de golpe esta denuncia, las puso en una situación incómoda. Incluso, la diputada Placencia (PC), cuestionó la sobreexposición del caso. "Me parece pésimo que hoy tengamos que conocer antecedentes detallados, de contenidos de alto calibre, que exponen a una denunciante, que yo creo que merece respeto", dijo.
Conscientes de que al menos dos influyentes colaboradores del Mandatario -Miguel Crispi y Carlos Durán- serán citados, en Palacio se resolvió que ellos concurran sin resistencia, a diferencia de los tironeos que hubo en la pasada comisión investigadora por el caso Convenios.
Conscientes de que al menos dos influyentes colaboradores del Mandatario, Miguel Crispi y Carlos Durán, serán citados, autoridades de gobierno resolvieron que ellos concurran sin resistencia, a diferencia de los tironeos que hubo en la pasada comisión investigadora por el caso Convenios.
Pese a que la derecha se impuso en las gobernaciones del Biobío, Arica, El Maule y Coquimbo, además de Aysén y los Lagos, donde la izquierda no logró pasar la primera vuelta, los resultados se convirtieron en un golpe anímico para la alianza gubernamental. En La Moneda temían un efecto electoral de la denuncia por violación contra el exsubsecretario Monsalve.
La Constitución pone un plazo de un año para que ciertas autoridades dejen sus funciones si es que desean presentarse como candidatos al Congreso. Al tener que medirse en una segunda vuelta, siete jefes regionales optaron por quedarse en el cargo para no dar señales de una posible derrota.
El actual subsecretario Luis Cordero dijo que reportó a la Contraloría "para estos efectos", con el fin de arquear el uso de estos fondos, ya que de la última remesa (de $ 50 millones) solicitada por Monsalve solo quedaba un poco más de un millón de pesos.
Luego del fallecimiento de la diputada, que fue elegida en cupo del extinto partido Revolución Democrática, en la bancada del partido del Presidente Gabriel Boric no ha existido un análisis ni político ni jurídico respecto de quién ocupará su cupo.
La última vez que un Presidente de Francia fue recibido en el Congreso Pleno ocurrió en 1964. Sin embargo, esta vez, a pesar del entusiasmo que provocó la visita del mandatario galo entre los legisladores presentes, la concurrencia fue baja, mientras que el PC y la UDI protagonizaron gestos de reclamo.
El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, destacó la aprobación de recursos y resaltó que "lo más importante es que tengamos una institucionalidad en materia de derechos humanos conforme a un país que aspira a tener una democracia de alto estándar".
El secretario de Estado negó que existiera silencio por parte del Ejecutivo y aseguró que “lo que ha habido es una actitud proactiva de parte de todas las autoridades con el objeto de contribuir al éxito de las investigaciones”.
Comités resolvieron mandatar a la presidenta de la Cámara para redactar un texto, que será sometido a consideración de todos los grupos políticos antes de ser enviado a la titular de la Mujer.
El diputado Tomás Lagormarsino (indep. radical) acusó gestiones del ministro, a través de su colectividad, para que votara por la diputada Joanna Pérez (Demócratas) a la presidencia de la instancia investigadora, sin embargo, el timonel de su partido, Leonardo Cubillos, lo desmintió públicamente.
En una señal política, por unanimidad, la bancada PS acordó mantener a Jaime Naranjo como integrante a pesar de su renuncia a la colectividad. No obstante, los legisladores accedieron a una petición de la presidenta del partido de no escalar el conflicto y bajaron la idea de una declaración pública solidarizando con el exmilitante.
"Naranjo siempre ha trabajado con su electorado sin considerar su impacto en el Partido Socialista. No apoyó a Álvaro Elizalde, tampoco me ha apoyado a mí durante el tiempo que he sido senadora", dijo la timonel socialista.
En el marco de la discusión del Presupuesto 2025, los legisladores de la Cámara Alta desecharon una indicación del Ejecutivo que suprimía la propuesta. El ministro Mario Marcel hizo reserva de constitucionalidad.
