Esta semana, el jefe de la bancada de RN abrió líneas de negociación con el PS y el PPD para intentar retomar la conformación de una mesa que integre a representantes de la oposición y la alianza de gobierno.
José Miguel Wilson
Periodista de Política de La Tercera
El jefe de la bancada republicana, Luis Sánchez, señaló que la censura no está zanjada, pero que por el momento se mantendrán a la espera de las explicaciones de Cariola: "Esperamos que dé alguna explicación convincente. Si no lo hace, yo veo muy difícil que no termine viéndose forzada a renunciar".
En la oposición están conscientes de que este año tendrían una posible ventaja y sus bancadas ya comenzaron a sondear nombres. Sin embargo, a diferencia de periodos pasados, en esta oportunidad son varias las voces que plantean que lo mejor para este último año es conformar una mesa directiva de unidad, que integre a representantes de los principales bloques políticos de derecha y el oficialismo.
El gobierno tiene un puzle pendiente por armar tras la renuncia de Carolina Tohá para ser candidata presidencial. Sin embargo, hoy la cartera está vacante y desde los mismos partidos del oficialismo y la oposición recomiendan que la actual ministra subrogante asuma la titularidad de las relaciones con el Congreso.
La Corte Suprema se demora entre uno y tres meses en resolver este tipo de casos. Por lo tanto, el veredicto podría darse justo en los días en que los diputados elegirán a la nueva mesa de este rama del Congreso. Ello le restaría al oficialismo un voto decisivo.
En la solicitud realizada por 17 parlamentarios se busca citar a los ministros Marcel y Grau; además de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez y el director ejecutivo del organismo, José Miguel Benavente.
El gobierno y la oposición están enfrentados por el impacto que tendría el creciente número de migrantes habilitados para votar. El sufragio obligatorio y, en especial, el desequilibrio que puede ejercer la comunidad venezolana entrampan el debate por la reforma electoral.
Una peculiaridad del sistema electoral chileno es su apertura para conceder el derecho a votar a extranjeros, aun cuando no estén nacionalizados. Son incorporados al padrón sin su consentimiento y pueden quedar en el registro electoral a pesar de que se hayan ido del país. Ese es el caso de muchas figuras ligadas al fútbol. No solo eso. Hoy la Constitución chilena, además, los obliga a votar.
A partir de marzo y no más allá de abril, el ministro debe tratar de conseguir un acuerdo en torno a las reformas políticas y desatar dos nudos pendientes en materia de leyes electorales: el voto de los extranjeros y la multa por el sufragio obligatorio. Además, debe entrar de lleno a negociar los nombres de dos nuevos integrantes del Servel. Todo ello, antes de que comience formalmente el período de elecciones.
Las enmiendas del Ejecutivo buscan corregir la reforma electoral, aprobada el pasado 14 de enero por el Senado, que regula la multa para el voto obligatorio. Desde el Congreso, las fuerzas oficialistas se cuadraron con la ofensiva de Palacio, mientras que desde la oposición acusaron un cálculo electoral.
Las quejas de legisladores apuntaban especialmente al artículo, que habilita el uso de dispositivos electrónicos, entre ellos el IMSI catcher, para rastrear e intervenir celulares y direcciones de IP.
La arremetida fue promovida por el diputado Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano), quien buscaba que firmaran el requerimiento los 38 parlamentarios que votaron en contra en la Cámara, sin embargo al legislador solo le faltaron tres rúbricas.
El organismo no hizo objeciones sobre el uso de dispositivos IMSI catcher, que permiten rastrear celulares. La norma quedó redactada en términos amplios, y una vez que el Presidente publique la nueva ley, estas herramientas de intervención y detección -que a juicio de la izquierda eran invasivas de la vida privada- pueden servir para delitos terroristas y también para casos de drogas, de control de armas y de crimen organizado.
La Moneda busca que ciudadanos de otros países habilitados para votar en Chile solo puedan ejercer este derecho en comicios municipales y plebiscitos comunales. Además, la ofensiva legislativa, coordinada por el ministro de la Segpres, propone como exigencias que los migrantes presenten un certificado de antecedentes penales para ser incluidos en el padrón y que tengan residencia definitiva, no "temporal".
Una candidatura parlamentaria fallida, un negociador estable de RN con el gobierno y dos senadores escépticos que se convirtieron en aliados fueron parte de las piezas clave del acuerdo previsional.
