El Senado votará este miércoles la idea de legislar de la reforma política a pesar de que La Moneda aún no materializa su propuesta.
José Miguel Wilson
Periodista de Política de La Tercera
La censura en contra del diputado Miguel Mellado (RN) fue rechazada este lunes, sin embargo, las tensiones dentro de la instancia permanecen y algunos temen que la indagación parlamentaria no arroje resultados satisfactorios.
Por mayoría, se resolvió poner en discusión el proyecto para modificar el sistema político, impulsado por senadores del PS, del PPD, de RN, de Evópoli, de la UDI y un DC, que exige un umbral de votos o un mínimo de legisladores para que los partidos tengan representación en la Cámara. La reforma también considera la cesación del cargo de los parlamentarios que renuncien a sus colectividades.
Los proyectos incluidos en los “fast track” de Mario Marcel y Carolina Tohá dieron al gobierno sus principales logros legislativos en 2024. Sin embargo, para el comité político de ministros siguen siendo tareas pendientes ciertos compromisos presidenciales, como la reforma de pensiones, el cambio al sistema político, la modernización de TVN y el envío del proyecto de aborto.
Durante 2024 al menos 43 legisladores han pasado por tribunales. Algunos fueron absueltos o lograron acuerdos extrajudiciales; sin embargo, hay 38 que aún dependen de sentencias que se darán a conocer en las próximas semanas o meses.
De acuerdo al rumbo que están tomando las negociaciones entre el gobierno y la oposición, los mismos parlamentarios de la UDI, RN y Evópoli han señalado que es posible que no se llegue a acuerdo en todo y se deje un margen para votar con libertad ciertos aspectos de la reforma previsional.
"Somos, sin lugar a duda, el gobierno que más ha hecho en materia de seguridad en los últimos años", dijo la vocera (s) Aisén Etcheverry. Sus comentarios, sin embargo, fueron rebatidos desde la derecha, donde advierten que el gobierno ya está en un período de "pato cojo".
Diez diputados oficialistas hoy se encuentran en el banquillo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso por una solicitud de desafuero, de parte del exministro Chadwick, quien se querelló por injurias y calumnias. Legisladores de la alianza de gobierno, por su parte, siguen evaluando una acusación contra el mismo presidente de la Suprema.
Consultados algunos legisladores, descartan haber usado recursos fiscales en estas actividades navideñas. En todo caso, la normativa interna del Congreso prohíbe el uso de asignaciones públicas para regalos a la ciudadanía.
En estado de alerta se encuentran los senadores socialistas que aspiran a retener el cupo en el Consejo del Servicio Electoral. Sin embargo, parlamentarios frenteamplistas promueven a la abogada Antonia Rivas (cercana al FA), quien integró el Comité de Expertos en el segundo y fallido proceso constituyente.
La ministra vocera (s), Aisén Etcheberry, dijo que estaban "abiertos a tomar todas las acciones que sean necesarias para que terminemos en enero con una reforma de pensiones”. Del punto de vista legal y constitucional, el Ejecutivo tiene herramientas para obligar al Parlamento a sesionar en forma extraordinaria.
La evidente copia de contenidos de las reformas que plantean un umbral se debe a que fueron sacadas textualmente de la propuesta de la Comisión Experta que trabajó en el segundo proceso constituyente. En el plano electoral, también hay proyectos con similitudes que buscan fijar la multa por no votar.
La jefa de la bancada comunista cuestiona la efectividad de poner umbrales para evitar la fragmentación política. “No hubiera evitado que el Partido de la Gente llegara al Parlamento”, ejemplifica. Respecto de la reforma de pensiones, señala que sería decepcionante que no se toque la industria y que toda la cotización vaya a cuentas individuales.
En el Ejecutivo está cobrando fuerza la idea de extender el trabajo legislativo durante el verano, debido a que el Congreso solo tendrá nueve días de sesiones antes del receso de febrero. El riesgo de que la tramitación final de la iniciativa sea postergada para marzo complica especialmente al oficialismo, donde temen que el clima electoral altere la base de apoyo de un posible acuerdo.
El ajustado calendario legislativo que resta de aquí a marzo genera una complicación para el gobierno, que apuesta por despachar la reforma de pensiones en enero.
