Los tres integrantes de la mesa acordaron un diseño salomónico para no dar pie a tentaciones de censura de parte de la derecha, una vez que la presidenta de la Cámara inicie su prenatal. Además, diputadas de derecha advierten que tampoco avalarían intentonas para tomar el control de la corporación, aprovechándose de la licencia de la legisladora comunista. La idea es dar paso a un clima de entendimiento entre oficialismo y oposición para conformar a mediados de abril una nueva directiva de consenso.

Aunque Boric había comprometido una iniciativa para combatir la fragmentación de la política, el desafío se ha vuelto más complicado de lo esperado. De las ocho colectividades que componen la alianza gubernamental, el PC, la Federación Regional Verde Social, el Partido Radical, el Partido Liberal y Acción Humanista han expresado su oposición al texto de los senadores.

Inicialmente, la secretaria de Estado concurriría junto con el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, pero el viernes definió que no asistiría. Con ese cuadro, los diputados llegan a una nueva jornada de la instancia con un ojo puesto en la reunión que tienen agendada, para este jueves, con la contralora Dorothy Pérez.

El proyecto impulsado por los senadores no tendría efecto retroactivo. Sin embargo, si hubiera estado en vigencia años atrás, 23 diputados no habrían podido asumir. Otros 33, además, habrían cesado en el cargo por haber renunciado a su partido o, bien, a su comité de origen.

“Solo los partidos políticos que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional, en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados, tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara”, dice la norma, que al estar redactada de esa forma (en singular) excluiría al Senado de estas condiciones especiales para asignar cupos.

La entrada en vigencia de la ley no implica que la nueva cartera comience a operar inmediatamente. El gobierno tiene que redactar primero un conjunto de decretos para poner en marcha la nueva institucionalidad. Sin embargo, tras el despacho de la reforma por el Congreso, Tohá se puso como meta tener operativo al ministerio antes del 1° de junio del próximo año.

La normativa, que vuelve a la Cámara a tercer trámite, prohíbe además que los parientes de parlamentarios y miembros del Ejecutivo puedan concursar para convertirse en notarios, conservadores o archiveros.

El informe final de la iniciativa fue aprobado por el Senado y este miércoles será votado por la Cámara, por lo que quedaría en condiciones de convertirse en ley. Sin embargo, a juicio de los gobernadores regionales, debilita a la descentralización.

La iniciativa será votada esta tarde por el Senado y mañana por la Cámara, por lo que quedaría en condiciones de convertirse en ley. Sin embargo, a juicio de las autoridades regionales debilita a la descentralización.

Según la Ley Orgánica del Congreso, los representantes del gobierno están obligados a entregar información que se solicite en instancias investigadoras de la Cámara. El hermetismo del jefe de asesores no solo exasperó a la oposición, también incomodó al menos a dos integrantes de oficialismo en esta instancia: las diputadas Placencia (PC) y Musante (Independiente PPD).

Si se aplicara hoy el umbral de 5% de los votos en elección de diputados o el mínimo de ocho legisladores, solo cuatro de las ocho tiendas de la alianza gubernamental pasarían la prueba. Otras cuatro colectividades (radicales, liberales, el FREVS y AH) serían disueltas, salvo que accedieran a fusionarse. Aunque las fuerzas de gobierno apoyan el objetivo de combatir la fragmentación, la falta de comunicación y los intereses electorales enrarecieron el clima interno.

Si bien el proyecto de un grupo de senadores molestó a los diputados, lejos de inhibirse el ánimo reformista, hay más voces pidiendo cambios. El problema es que estas exigencias solo añaden más dudas de si será posible congeniar todos los intereses en juego en tan poco tiempo.

Representantes del oficialismo y de la oposición en esta rama del Congreso admiten que no fueron informados del proyecto de los senadores, quienes supuestamente actuaron coordinados con el Ejecutivo. La molestia, incluso, era mayor entre los legisladores de la alianza gubernamental.

La presidenta de la Cámara de Diputados sostuvo que así como el Mandatario tiene derecho a su defensa, la denunciante tiene derecho a ejercer acciones judiciales.

A pesar de la resistencia del PC, el Frente Amplio y algunos socialistas en ciertas materias, la iniciativa pasó su primera valla. La ministra del Interior indicó que se elevan exigencias para regular "el acceso a la nacionalidad y a la la residencia", precisando que son "normas más estrictas que de alguna manera se alinean con lo que es la legislación internacional”.