Periodista de Política de La Tercera
La ministra del Interior logró un acuerdo técnico con asesores parlamentarios y propuso crear un nuevo secretario regional ministerial de Seguridad, pero que debe responder directamente a cada requerimiento del delegado presidencial para intervenciones en materia de orden público.
En los partidos de gobierno no dudaron en apuntar al comandante en jefe del Ejército, quien aseguró hace unos días que solo una parte de las tropas están financiadas por ley, y lo acusaron de entregar “información mañosa”.
El presidente del PPD, junto a otros personeros del partido, se desplegaron para persuadir a parlamentarios de oposición ante el riesgo de que se activara una presentación contra la ministra. La idea era tratar de asegurar una tregua para la titular del Interior, al menos, ante un nuevo libelo.
Senadores y diputados que conforman la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias entre ambas cámaras, votarán el articulado final de esta iniciativa, que se fue postergando por diferencias jurídicas y políticas. Esta reforma iniciada en el gobierno de Piñera se convirtió en el buque insignia de la agenda legislativa de la ministra del Interior.
El recado -que se comunicó al ministro Álvaro Elizalde y a la subsecretaria Macarena Lobos- no era una queja formal, ya que la postura oficial aún no ha sido acordada por la sala o los jefes de bancadas. Sin embargo, es probable que en los próximos días se materialice una resolución institucional. El vicepresidente de la corporación, Eric Aedo (DC), calificó como injustificados los dichos de la ministra de la Mujer.
En La Moneda indican que la visita del Mandatario francés aún no está confirmada. Sin embargo, en el Parlamento alistan una gran puesta en escena para recibir a uno de los principales líderes mundiales, posterior a la cumbre del G20 que se hará en Río de Janeiro.
Sumado a las advertencias de los legisladores de oposición que obligaron al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a readecuar las cifras de ingreso, el gobierno debe encarar la discusión haciéndose cargo de la gran cantidad de indicaciones -pequeños articulados que sugieren cambios- que presentaron los propios parlamentarios que representan al Ejecutivo.
La semana pasada, la ministra le hizo un reproche a toda la Cámara de guardar silencio ante los casos que han afectado a diputados en ejercicio. Uno de los aludidos, Enrique Lee (indep.), acusó a la titular de la Mujer de "violar la verdad", pues ella le atribuyó -aparentemente por error- haber filtrado la identidad de la denunciante, cuya presentación tampoco prosperó en instancias judiciales y laborales.
El llamado del Servel para dar un bono a vocales de mesa, que trabajaron en los pasados comicios regionales y municipales, comenzó a ganar rápidamente apoyo transversal en la Cámara, desde el PC al Partido Republicano. Incluso, ante la negativa del ministro de Hacienda, legisladores oficialistas aprobaron un proyecto para dar un día libre a quienes trabajaron en ese proceso electoral.
El impacto que generó la denuncia contra el exsubsecretario tendría un efecto en dos reformas: la que crea el nuevo Ministerio de Seguridad y la que perfecciona el Sistema de Inteligencia. La idea es restringir facultades o someterlas a mayores exigencias para prevenir eventuales abusos de poder.
Con el fin de destrabar esta reforma, el Ejecutivo ingresó anoche nuevas indicaciones que insisten en que haya un “secretario regional ministerial” (seremi) de Seguridad Pública a cargo de dirigir las policías y que estará obligado a actuar ante requerimientos del delegado presidencial en cada zona.
El procedimiento de carácter interno será dirigido por el diputado Jorge Alessandri (UDI), quien tiene 20 días hábiles para recomendar si se aplica o se desestima una sanción a la legisladora, sin perjuicio de que los hechos constitutivos de delito también pueden ser derivados al Ministerio Público.
En vista del presunto abuso del Sistema Inteligencia, en el que habría incurrido Manuel Monsalve, diputados y senadores quieren eliminar esta potestad del nuevo subsecretario de Seguridad y radicarla exclusivamente en el ministro de la cartera. El cambio tiene una explicación: que la autoridad que use estas atribuciones especiales pueda ser objeto de una acusación constitucional.
El senador Latorre, que mantenía en suspenso su reelección, afirmó que estaba "disponible a que busquemos un diseño colectivo e inteligente para maximizar las posibilidades del Frente Amplio y del progresismo” en la región.
Este paquete de modificaciones está separado, al menos, en dos proyectos que correrán por carriles distintos. El primero, que perfecciona el sistema electoral y consagra la multa por no votar en forma permanente, ingresó el año pasado, pero no se ha discutido en la Comisión de Gobierno del Senado. La otra iniciativa que busca fortalecer a los partidos ni siquiera ha sido presentada.
