Periodista de Política de La Tercera
Este martes, Ricardo Lillo, Camilo Araneda y Catalina Arrey comparecieron a la comisión de la Cámara que investiga políticamente la denuncia por violación contra el exsubsecretario. Con una particular puesta en escena, el gobierno siguió atentamente la presentación y conversó previamente con los asesores.
Ante el inminente acuerdo del gobierno con los senadores de Chile Vamos, la Cámara recién estaría en condiciones de discutir el proyecto previsional la última semana enero, lo cual -del punto de vista de reglamentario- solo podría ocurrir si la colectividad fundada por José Antonio Kast concede la unanimidad para suspender el calendario de trabajo territorial.
El ingreso de las enmiendas se postergó para este miércoles dado que el Ejecutivo sigue negociando con Chile Vamos. En las conversaciones se ha planteado que un 4,5% de la cotización se destine directo a cuenta individual, y que un 4% tenga destino un seguro social. Este último incluye el 1,5% de préstamo y agrupa en otro 2,5% lo que ya se paga por Seguro de Invalidez y Sobrevivencia más el bono tabla. El senador Coloma dijo que serán 150 páginas de indicaciones. La división de la industria de AFP no avanzaría. Varias senadoras pidieron reducir las exigencias para que las mujeres accedan al nuevo beneficio.
A casi un año su fallecimiento, además, el senador Felipe Kast está gestionando otro reconocimiento para que la sala de la Comisión de Hacienda lleve el nombre del expresidente.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, emplazó al partido de José Antonio Kast a postergar su asueto, ya que ellos se resisten a dar la unanimidad para sesionar en la última semana de enero. Esa negativa pone en jaque la aspiración del gobierno de sacar el proyecto antes del receso de febrero. Sin embargo, detrás del tironeo se esconde el rechazo de los republicanos al acuerdo que podrían lograr La Moneda y Chile Vamos.
La decisión de “sacar al pizarrón” al bloque opositor se sustentaba en la convicción de que la oposición ya había llegado a un punto de no retorno y ya no tenía margen para amenazar con un rechazo. El Ejecutivo ingresará las indicaciones con el posible acuerdo el próximo lunes. Solo entonces se sabrá si el apretón del Presidente Boric de esta semana rindió frutos.
Con un itinerario resuelto por el Senado y un ánimo de despachar de todos modos un texto -aunque sea con un acuerdo parcial-, el proyecto previsional quedaría en condiciones de ser votado por la Cámara a finales de enero. El problema es que a partir del 26 hay "semana distrital" y, según interpretan los diputados, se requiere unanimidad para sesionar en esos días, consentimiento que aún no existe de parte de la colectividad que lidera Arturo Squella.
La solicitud la hizo el senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke, quien sinceró una inquietud velada en la derecha. Sin embargo, tuvo una respuesta negativa de la titular del Trabajo, Jeannette Jara. "No sería justo para las personas que están esperando", dijo la secretaria de Estado. Al margen de ese tema, que quedó pendiente, la Comisión de Trabajo acordó votar la reforma previsional la próxima semana.
En materia de disciplina interna, la propuesta del Frente Amplio va más allá de la presentada por los senadores. Además de plantear el cese del cargo del legislador que renuncie a su colectividad, sugiere que quienes sean expulsados, de acuerdo a los estatutos partidarios, también pierdan su escaño parlamentario.
Si bien hay una opinión mayoritaria en el Congreso para sancionar al elector que no vote, existe un debate detrás respecto de si la obligatoriedad debiera aplicarse a los migrantes, que -aunque no estén nacionalizados- son incluidos forzadamente en los padrones electorales cuando tienen 5 años de avecindamiento.
El Ejecutivo se encuentra afinando las indicaciones para poder ingresar los cambios que han acordado con la coalición de derecha respecto del 6% de cotización adicional y la licitación del stock de afiliados, pero también aquellos en que no hay consenso, como la división de la industria de AFP. En este escenario, el Presidente Boric moderó el tono a diferencia de sus declaraciones del lunes.
El Senado votará este miércoles la idea de legislar de la reforma política a pesar de que La Moneda aún no materializa su propuesta.
La censura en contra del diputado Miguel Mellado (RN) fue rechazada este lunes, sin embargo, las tensiones dentro de la instancia permanecen y algunos temen que la indagación parlamentaria no arroje resultados satisfactorios.
Por mayoría, se resolvió poner en discusión el proyecto para modificar el sistema político, impulsado por senadores del PS, del PPD, de RN, de Evópoli, de la UDI y un DC, que exige un umbral de votos o un mínimo de legisladores para que los partidos tengan representación en la Cámara. La reforma también considera la cesación del cargo de los parlamentarios que renuncien a sus colectividades.
Los proyectos incluidos en los “fast track” de Mario Marcel y Carolina Tohá dieron al gobierno sus principales logros legislativos en 2024. Sin embargo, para el comité político de ministros siguen siendo tareas pendientes ciertos compromisos presidenciales, como la reforma de pensiones, el cambio al sistema político, la modernización de TVN y el envío del proyecto de aborto.
