“Conmigo se está cometiendo una injusticia”, asegura sin dudar el poderoso ministro de la Corte Suprema. El magistrado enfrenta una acusación constitucional en el Senado que, de aprobarse, pondrá fin a sus 42 años en el Poder Judicial. “Acúsenme por los fallos, pero no pueden porque las sentencias no pueden ser revisadas por otro poder del Estado”, enfatiza y agrega estar confiado en que los senadores escucharán su defensa sin ser prejuzgado.
Quienes se consideraban amigos y cercanos a quien fue el influyente fiscal de la zona oriente, dicen que hoy ven en Guerra a distintas personas habitando dentro de un mismo hombre. Un hábil, "inteligente y honesto" miembro de la masonería que sabía navegar por las redes del poder; pero al mismo tiempo, un abogado que, según sus propios mensajes, habría negociado -fuera de toda norma- una salida política a causas judiciales como el caso Penta.
Luego de haber presentado observaciones a la prueba, el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana fijó la vista de la causa para este jueves. En la audiencia se escucharán los alegatos de la parte requirente, en voz del abogado Sebastián Winter, y de la defensa de la exalcaldesa, representada en Héctor Parra. Luego la instancia tendrá un máximo de 15 días para dictar sentencia.
La cita quedó fijada para este jueves. El objetivo es que la mesa de técnicos del sector traspase la discusión sobre asuntos como el umbral electoral, el fin de los pactos, las listas cerradas, entre otros. La idea es entregarles la responsabilidad a los timoneles para así acelerar las negociaciones con la derecha y luego con el ministro Segpres, Álvaro Elizalde, y la reforma pueda ingresar este año.
El gremio, integrado por 19 consejeros, lleva un año inmerso en una disputa por cómo reaccionar al caso que tiene a Luis Hermosilla en prisión preventiva. Dos causas éticas -una suspendida y otra en investigación-, tres comunicados públicos e intensas discusiones marcan la manera en que la entidad enfrenta la fuerte crisis por la que atraviesa la profesión. Pese al rol activo que dicen tener, de afuera abundan las críticas.
El expersecutor del caso Penta facilitó su casa en La Reina a su amigo personal, el exconstituyente Christian Viera, para que junto a otros dos representantes de la bancada del FA -Jaime Bassa e Ignacio Achurra- se reunieran con la entonces vocera del máximo tribunal. El encuentro tuvo como objetivo conversar sobre las polémicas normas transitorias que afectaban la duración de la carrera de los jueces.
El fiscal nacional está fuera del país, en comisión de servicio en una actividad en el extranjero. Por esa razón será el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, quien lo subrogue en el cargo, y el responsable de responder la solicitud de la defensa de Luis Hermosilla en la que piden inhabilitar a la persecutora que dirige la indagatoria del caso Audio.
El jefe del Ministerio Público tiene que responder la solicitud para inhabilitar a la persecutora regional Oriente, lo que fue solicitado por Juan Pablo Hermosilla, defensor de Luis Hermosilla. Esto, porque la persecutora le habría solicitado ayuda previo a investigarlo en dos procesos de nombramientos. El problema es que esta solicitud activará un dilema debido a los vínculos de Ángel Valencia con el exministro del Interior Andrés Chadwick antes de llegar al organismo persecutor. Por una parte, hizo clases, y su esposa arribó a la casa de estudios tras un retiro voluntario de la Fiscalía.
La emblemática jueza del Caso MOP-Gate de forma paulatina ha ido dando un paso al frente al interior de la Suprema. Haciendo dupla con el presidente, Ricardo Blanco, ha llenado el vacío de liderazgo por el que atraviesa la magistratura. Este ha sido el camino de la magistrada que, en poco más de una década, se abrió camino en la cúspide de la judicatura y, si se sigue respetando la tradición, se convertirá en la primera mujer en presidir el máximo tribunal.
Una de las cuatro salas del máximo tribunal, la instancia dedicada a causas laborales, no funcionó durante este viernes. La enfermedad de otro magistrado obligó a hacer un movimiento de último minuto que provocó que no hubieran magistrados suficientes.
La jueza Graciel Muñoz, del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, desde 2008 a la fecha ha ido comprando una veintena de departamentos, estacionamientos y bodegas en las comunas de Ñuñoa, Las Condes, Viña del Mar y Concón. Uno de ellos es el que forma parte del escándalo inmobiliario que arrastró a su padre a la Comisión de Ética de la Corte Suprema y a una acusación constitucional ante la Cámara.
Por parte del oficialismo fue el PS el que se encargó del libelo acusatorio en contra de la suspendida ministra de la Tercera Sala. En el caso del magistrado de la sala penal, fue la bancada DC la que redactó el texto. En la derecha, RN elaboró el documento de Vivanco, y la UDI, el del poderoso ministro Sergio Muñoz. Este lunes, la bancada de RN además confirmará si agregará una cuarta acusación contra el ministro Mario Carroza.
La Moneda quiere salir de la peor crisis de la judicatura impulsando una modificación al sistema de nombramientos. El actual sistema lleva 27 años sin tocarse, pero se ha intentado cambiar varias veces. En ese tiempo, han ingresado un total de 27 iniciativas, de las cuales 11 están archivadas y 16 en trámite. El gobierno apostará por lograr lo que ningún otro ha conseguido y la tarea parte cuesta arriba: hay consenso en el diagnóstico, pero profundas diferencias en la solución. Aquí, las propuestas más importantes sobre la mesa.
El tribunal de alzada capitalino resolvió que el caso se quedará en el 7mo. Juzgado de Garantía de Santiago. Con este antecedente la investigación debería avanzar hacia la tan ansiada formalización, que previamente se vio obstaculizada por una serie de recursos ante el TC. “Esta es una oportunidad única para la Fiscalía de demostrar que este no es uno de los casos en que las influencias pueden superar los hechos de la investigación", afirma el querellante Carlos Hidalgo.
En un intento por contener la peor crisis del Poder Judicial desde el retorno a la democracia, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, hizo todo lo posible por actuar rápido y con severidad. La judicatura que preside está bajo asedio: tiene a cinco ministros indagados por la Comisión de Ética, tres acusaciones constitucionales confirmadas, una magistrada a punto de ser removida, la CAPJ descabezada y el riesgo de perder de una sola vez a cuatro de los 18 integrantes de la Suprema.
