Inicialmente, la secretaria de Estado concurriría junto con el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, pero el viernes definió que no asistiría. Con ese cuadro, los diputados llegan a una nueva jornada de la instancia con un ojo puesto en la reunión que tienen agendada, para este jueves, con la contralora Dorothy Pérez.

No obstante, la secretaria de Estado señaló estar abierta a debatir sobre la fusión de otras carteras. En tanto, el diputado del Partido Liberal presentará este martes una iniciativa legal para eliminar la Segpres y la Segegob, y crear dos nuevas subsecretarías: Relaciones Legislativas y Gobierno.

La declaratoria se da luego de que el canciller argentino no asistiera a la conmemoración del tratado en el Vaticano tras un presunto desencuentro que habría ocurrido en el G20.

Las coordinaciones entre ambas bancadas del partido -de diputados y senadores- llevaron a la redacción de un documento que presentarán en la reunión de comités de la Cámara para activar los diálogos en el Parlamento.

Desde el ministerio afirman que el exsenador socialista continúa ejerciendo sus funciones diplomáticas desde Chile y que sus remuneraciones -aunque esté llamado a consulta- están normadas en el decreto 147 del Minrel. La situación, de todos modos, generó el malestar de la oposición en el Congreso.

La entrada en vigencia de la ley no implica que la nueva cartera comience a operar inmediatamente. El gobierno tiene que redactar primero un conjunto de decretos para poner en marcha la nueva institucionalidad. Sin embargo, tras el despacho de la reforma por el Congreso, Tohá se puso como meta tener operativo al ministerio antes del 1° de junio del próximo año.

La comisión mixta aprobó la iniciativa, que la próxima semana deberá ser despachada por el Senado y enviada a la Cámara Baja para su último trámite.

Según la Ley Orgánica del Congreso, los representantes del gobierno están obligados a entregar información que se solicite en instancias investigadoras de la Cámara. El hermetismo del jefe de asesores no solo exasperó a la oposición, también incomodó al menos a dos integrantes de oficialismo en esta instancia: las diputadas Placencia (PC) y Musante (Independiente PPD).

A través de una misiva, los parlamentarios opositores le solicitan a ambos asesores que "tengan a bien presentar sus renuncias a los cargos que actualmente ocupan, considerando que un gesto de esta naturaleza ayudaría a generar las condiciones mínimas para que el gobierno supere el actual estancamiento en que se encuentra".

Ambos son cercanos al Presidente Boric, supieron de la denuncia de violación antes que la mayoría de los ministros del comité político, y en ellos dos quedó radicado el diseño de la primera y cuestionada estrategia con que el Mandatario enfrentó el caso.

Si bien el proyecto de un grupo de senadores molestó a los diputados, lejos de inhibirse el ánimo reformista, hay más voces pidiendo cambios. El problema es que estas exigencias solo añaden más dudas de si será posible congeniar todos los intereses en juego en tan poco tiempo.

Representantes del oficialismo y de la oposición en esta rama del Congreso admiten que no fueron informados del proyecto de los senadores, quienes supuestamente actuaron coordinados con el Ejecutivo. La molestia, incluso, era mayor entre los legisladores de la alianza gubernamental.

La moción cuenta con la firma de seis senadores del PS, PPD, RN, UDI y Evópoli. El proyecto es una reforma constitucional que instala el umbral electoral del 5% y la pérdida de escaño para los parlamentarios que renuncien a sus partidos. El gobierno ahora convocará a las fuerzas políticas para buscar consenso y conseguir los 29 votos en el Senado y 89 en la Cámara. La misión se ve cuesta arriba, ya que buena parte del oficialismo está en desacuerdo con las barreras electorales.

Ante la preocupación por el bajo número de senadores presentes, además de la carga de iniciativas agendadas para la sesión de miércoles, es que la sala de la Cámara Alta acordó, por unanimidad, aplazar su votación.

El ministro Marcel, luego de la votación, explicó que una de las opciones que maneja el gobierno es eliminar dicha indicación a través de la norma legal de reajuste al sector público. "Vamos a incorporar normas de carácter permanente, probablemente en la misma ley de reajuste y vamos a aprovechar de suprimir la glosa que se estableció", explicó.