Congelamiento de parque de taxis

UN PROYECTO de ley presentado por un senador de la Nueva Mayoría propone suspender por cinco años la inscripción de taxis en cualquiera de sus modalidades (básicos, ejecutivos y de turismo) en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, proceso que se debiese relicitar a fines de este año. Se trata de una medida cuestionable, entre otras razones porque vulnera el precepto constitucional que garantiza a las personas el derecho de realizar libremente una actividad económica.

El parque vehicular de taxis se congeló en 1998, y a partir de esa fecha la medida ha sido extendida en varias oportunidades -manteniendo una flota de 27 mil de estos vehículos en la Región Metropolitana-, lo cual ha permitido la creación de una suerte de monopolio en torno a esta actividad. Ello, en directo perjuicio de quienes legítimamente están interesados en participar del negocio, pero que debido a las restricciones impuestas por la autoridad, no lo han podido hacer.

Más que un interés por mitigar el impacto de la congestión vial, esta restricción ha permitido a los actuales operadores de taxi contar con una renta segura, privilegio que no se extiende a otros sectores productivos. A ello se suma también la opción que se les concedió de poder transar el permiso de inscripción, cuyo valor hoy supera los ocho millones de pesos debido precisamente a la alta demanda por obtener uno y al congelamiento del parque de taxis.

Si el objetivo de la autoridad es mantener un control de este mercado, lo que correspondería hacer es convocar a una licitación abierta a la que se puedan presentar todos los interesados y sobre la base de criterios objetivos, asignar los mismos cupos existentes en la actualidad a quienes cumplan de mejor forma esos requisitos. Así se podría evitar lo que ocurre en la actualidad, donde no existen incentivos poderosos para que los actuales operadores de taxi, por ejemplo, renueven sus vehículos o entreguen un servicio de mayor calidad a los usuarios.