Contratos a honorarios en el sector público se triplicaron en 20 años

La polémica desatada por el despido de 385 funcionarios de Educación tras el cambio de administración en la cartera puso nuevamente en debate el tamaño del Estado chileno, su eficiencia y cómo se estructura su personal.

Datos recogidos por la Dirección de Presupuestos (Dipres) muestran que en los 20 años de la Concertación, la dotación de personal civil en el gobierno central (excluidos municipios, FFAA y empresas públicas) creció un 57%, llegando a 196.651 personas al cierre de 2009. En ese período, además, los empleados a contrata, es decir, quienes trabajan a honorarios, se triplicaron, pasando de 31.686 en 1991 a 106.926 en 2009. Hoy ya representan el 54% de todo el sector público central.

Según las cifras entregadas por la Dipres, el fuerte incremento de los contratos a honorarios bajo esa modalidad se constató principalmente en la administración de Eduardo Frei, donde crecieron un 41,6%. Fue en el mandato de Michelle Bachelet donde se observó el segundo mayor uso, con un alza de 34%. La administración de Patricio Aylwin fue la que menos apeló a ese recurso, con un aumento de 20%, aunque los datos consideran información sólo desde 1991. En la era de Ricardo Lagos se elevaron en 28%.

En términos absolutos, el mayor aumento en trabajadores a contrata corresponde al período de Bachelet, con 26.914 personas; le sigue Lagos (16.282), Frei (15.341) y Aylwin (6.370).

La contrata es un pacto laboral a honorarios, pero que tiene un plazo definido y se plantea para una función específica. Una vez que ésta se cumple, la relación contractual entre empleador (Estado) y trabajador termina. Para los efectos del estatuto administrativo de los funcionarios del gobierno central -la norma madre en el aparato público- el personal de planta y a contrata se considera como parte de la dotación máxima del gobierno (que se autoriza cada año en la Ley de Presupuestos) y comparten algunos beneficios como, por ejemplo, el que en algunos casos el empleador pague imposiciones previsionales y otorgue las mismas regalías de la dotación de planta. Pero ello no es obligatorio y, además, la contrata en cualquier momento puede ser revocable, no así el funcionario de planta.

Inamovilidad laboral

El alza de las contratas contrasta con la baja de 2,26% en la dotación de planta entre 1991 y 2009. A la fecha llega a 87.397 personas y representa el 44,4% de la dotación total del sector público. La poca merma se explica sobre todo porque el personal de planta goza de inamovilidad laboral, es decir, la imposibilidad del Estado de despedirlos sin sumario. Este beneficio lo fijó el gobierno militar hace más de dos décadas en el estatuto administrativo de los funcionarios del gobierno central, aclara la subdirectora de LyD, Bettina Horst.

"El estatuto administrativo no se ha modificado, porque se trata de una reforma del Estado tremendamente difícil, pues hay sectores de trabajadores públicos que lo sienten como un derecho adquirido y ha sido imposible revertir eso en la ley. En el fondo, lo que se ha hecho en la práctica en los últimos 20 años es un reconocimiento a las rigideces del estatuto, haciendo más uso de las contratas", dice.

Explica que la dotación de planta está definida por ley y que la ley de cada ministerio e institución define qué tipo de cargo tiene cada planta y para aumentarla se requiere cambio legal o la creación de una nueva entidad. Sin embargo, aunque el mencionado estatuto administrativo señala que en el gobierno central no puede haber más del 20% de la planta a contrata, Horst aclara que hay cuerpos legales que han liberalizado ese tope y, por ende, en la práctica eso es casi inaplicable. Sin embargo, los municipios siguen con este límite de 20%.

"En el fondo, las mismas rigideces que impone la ley y las libertades que entrega han permitido el crecimiento de las contratas. Per se esto no tiene nada de malo, por cuanto introduce una flexibilidad en materia de recursos humanos del sector público. Lo importante es conocer el uso que se da a esa flexibilidad tanto para elevar el número de personal a contrata y honorarios, como también para disminuirlo", afirma la experta de LyD.