Fallo sobre central hidroeléctrica

APENAS DIAS después de que la central Río Cuervo recibiera el permiso que permitía su construcción, la Corte Suprema sorprendió al revertir un fallo de la Corte de Apelaciones y acoger un recurso de protección presentado por organizaciones ecologistas en contra del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) de Aysén, por la aprobación del Informe Consolidado del Estudio (ICE) de Impacto Ambiental del proyecto hidroeléctrico. Según el máximo tribunal, "el ICE adolece de ilegalidad" por no haber considerado una recomendación del Sernageomin que solicitaba la realización de un estudio de suelo que, "a juicio de esta Corte, resulta imprescindible para que el proyecto pueda ser sometido a la aprobación o rechazo".

Vuelve a configurarse así un escenario comparable al que han sufrido otros proyectos energéticos, como Castilla, o productivos, como El Morro, según el cual los tribunales de justicia parecen haberse transformado en revisores de última instancia de aspectos técnicos que cabe resolver a la institucionalidad diseñada por la ley para esos efectos. En el caso de Río Cuervo, llama la atención que la Corte Suprema evalúe la cualidad técnica del informe solicitado por el Sernageomin, más aún cuando esta entidad se mostró satisfecha con las respuestas proporcionadas por la empresa impulsora del proyecto. Este superó con éxito casi tres años de tramitaciones y respondió las inquietudes y reparos planteados por ONG, grupos indígenas y ciudadanos y reparticiones públicas.

La tendencia a la judicialización respecto de este tipo de proyectos genera inseguridad en los inversionistas, arriesga la efectividad y relevancia del Seia y amenaza con desnaturalizar la labor de los tribunales al convertirlos en instancias de evaluación técnica. Deja además en letra muerta el sistema de ventanilla que se incorporó en la legislación ambiental.