FNE acusa a productores de pollo de colusión desde hace al menos una década

Alcanzar acuerdos para limitar la producción de pollos y asignar cuotas de mercado es la base de la colusión que Agrosuper, Ariztía y Don Pollo sostendrían desde hace al menos una década, según denunció ayer la Fiscalía Nacional Económica (FNE), a través de una demanda que presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

El fiscalizador solicitó al tribunal, en la mayor denuncia por colusión tras las acusaciones contra tres cadenas de farmacias en 2008 y contra empresas de buses este año, multas históricas de 30 mil UTA (unos US$ 27 millones) para cada firma y 20 mil UTA (US$ 18 millones) para la Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA). En total, cerca de US$ 110 millones.

La FNE asegura que infringieron el artículo 3° del Decreto Ley N° 211, "al celebrar y ejecutar un acuerdo entre competidores, consistente en limitar su producción, controlando la cantidad producida y ofrecida al mercado nacional, y asignarse cuotas en el mercado de producción y comercialización de dicho producto".

La acción judicial también se dirige contra la APA, gremio que negó las acusaciones (ver nota secundaria). La FNE pidió disolver el gremio, al que acusa de coordinar el desempeño del cartel. Según la FNE, desde 1995, las tres empresas requeridas -que concentran más del 92% de la producción nacional-, con la coordinación de APA, efectuaron anualmente una proyección del consumo de pollo para el año siguiente, en virtud de la cual "han determinado las toneladas que deben producir y vender" (ver infografía). "El actuar colusivo de las requeridas derivó en un acuerdo consistente en la limitación de producción", dice la demanda.

Las proyecciones eran discutidas por ejecutivos de las firmas en las reuniones de directorio de APA, tras lo cual asignaban porcentajes de producción a cada empresa. Estos se mantuvieron estables en el tiempo: Agrosuper tenía 61%, Ariztía el 31% y Don Pollo el 8%. Para fiscalizar el pacto, sostiene la demanda, se creó una Comisión de Evaluación, integrada por tres personas y un secretario ejecutivo, que era el presidente de APA: Juan Miguel Ovalle. Así, la APA confeccionaba las proyecciones de demanda; remitía el detalle de las cargas asignadas; monitoreaba el acuerdo del cumplimiento adoptado y coordinaba ajustes cuando se excedía la producción.

Según la Fiscalía, la reducción de las toneladas se efectuaba mediante un alza en las exportaciones, el aumento en la producción de congelados o "la matanza de crías recién nacidas". Desde 2006, las empresas productoras no han excedido las cantidades proyectadas por la APA, limitando su producción.

La FNE sostiene que hay información "sensible, estratégica y detallada del negocio" que ha fluido entre las empresas.