Fraude en el Ejército: juez Astudillo solicita equipo especial a la PDI

El 13 de noviembre, el Pleno de la Corte Suprema designó al ministro de la Corte Marcial, Omar Astudillo, para que investigue el millonario fraude ocurrido en el Ejército, por un monto que, hasta ahora, podría superar los $ 3.300 millones.

"Se trata de un juez que conoce de cerca las investigaciones complejas", comentan en el Poder Judicial, apuntando a que Astudillo fue uno de los magistrados a cargo de indagar los casos EFE (fraude al Fisco, ocurrido entre 2003 y 2005) y Mirage (por comisiones ilegales, en 2008).

Respecto de lo ocurrido en la institución castrense, fue en abril de 2014 cuando el propio Ejército detectó y denunció irregularidades que, en ese minuto, bordeaban los $ 103 millones, en la unidad Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF). Estas se habrían gestado a través del pago de facturas a empresas proveedoras (de privados), por concepto de adquisición y contratación de servicios e insumos para reparaciones de vehículos militares. Sin embargo, los trabajos eran ficticios y aquellas facturas, que el Ejército cancelaba mediante su tesorería, con cargo a los fondos de la Ley Reservada del Cobre, eran adulteradas.

Según revelaron fuentes de la investigación a La Tercera, una de las primeras decisiones que tomó el magistrado fue pedir a la PDI que conformara un equipo especial de detectives para indagar los antecedentes referentes a las facturas falsas.

Esto quedó a cargo de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI. El magistrado pidió que el grupo estuviera integrado por los mismos efectivos que trabajaron con él durante la indagatoria del caso EFE.

En la investigación ya han declarado miembros del alto mando, entre ellos el general Héctor Ureta, ex comandante de la División de Mantenimiento y quien pasará a retiro a fines de este mes. Según publicó The Clinic, a través de un correo electrónico dirigido a otros uniformados, este oficial habría apuntado como principal responsable de lo ocurrido al CAF, señalando también a otras responsabilidades involucradas. Por este motivo, trascendió que el ministro Astudillo no descartaría indagar esos antecedentes.

120 días

El jueves se conformó la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, cuya primera sesión quedó fijada para este martes 15, en la cual se elegirá presidente y se fijará día y hora de funcionamiento, con miras a los 120 días que tendrá de plazo para emitir su informe.

La conformación política de sus 13 integrantes fue la siguiente: tres UDI, dos DC, dos RN, dos PS, un PPD, un PRSD, un PC y un independiente. Uno de sus miembros será el actual presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, Jaime Pilowsky: "El objetivo de esta instancia es determinar los hechos, las fallas en los sistemas de control, la verdadera cuantía de los montos defraudados y las responsabilidades políticas y administrativas".

Agregó que "si bien es la propia instancia la que deberá determinar los invitados a entregar su testimonio, entre los primeros citados estarían el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, y el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo".

También trascendió que la comisión citaría al general (r) Juan Fuentealba, quien se desempeñaba como comandante en jefe cuando ocurrieron los hechos, y a los oficiales responsables del CAF, de la Unidad de Mantenimiento y de la Tesorería del Ejército.

Este lunes, además, Pilowsky, junto al diputado Ricardo Rincón (ambos DC), solicitarán a la Contraloría que fiscalice los fondos y gastos efectuados bajo la Ley 13.196, (Ley Reservada del Cobre) y ejecutados por el CAF del Ejército.

Respecto de lo investigado, el coronel José Urrejola, fiscal general militar del Ministerio Público Militar, destacó que "se trata de un delito grave, por el cual se ha sometido a proceso a cinco funcionarios militares, dos de ellos privados de libertad".

En efecto, hasta antes del nombramiento del ministro Astudillo, la investigación en el mundo uniformado estuvo radicada en la VI Fiscalía Militar, a cargo de la fiscal militar Paola Jofré. A lo largo de esta indagatoria, la persecutora sometió a proceso a Clovis Montero (coronel), Juan Carlos Cruz (cabo 1°), Millaray Simunovic (sargento 2°), Miguel Escobar (sargento 1°) y Claudio González (suboficial). Todos ellos por presunta defraudación fiscal y falsedad documentaria, en calidad de autores.