Los vínculos comerciales de las familias Boric y Morano

"Claro que lo conozco. ¿Cómo no voy a conocer al diputado (Juan) Morano? En Punta Arenas todos lo conocen", dice Luis Boric, padre del diputado Gabriel Boric. Y rápidamente precisa que, además de conocerlo por su labor parlamentaria, es el padrino de una de sus hijas.

El vínculo que une a la familia del diputado de la Izquierda Autónoma con la de su par DC es antiguo. A inicios de los años 70 Luis Boric fue profesor de Juan Morano en la Universidad de Magallanes. Luego se hicieron amigos, y después constituyeron varias sociedades junto a otras personas.

Su relación se volvió pública recientemente a raíz de la venta de un terreno -propiedad de Luis Boric, la esposa de Morano, Patricia Buchner, y Julio López- en más de $ 1.300 millones de pesos al Serviu para la construcción de viviendas sociales. La tasación fiscal del predio era de $ 3 millones 277 mil.

El 25 de enero la Contraloría resolvió abstenerse de autorizar la compraventa, vía trato directo del terreno, por considerar que "no se ajusta a derecho". Según informó el portal El Líbero, el organismo determinó "inconsistencias en cuanto al valor determinado" en la tasación que efectuó el Serviu en 2014, es decir, los $ 1.300 millones

Las primeras sociedades que integraron Boric y Morano se constituyeron a comienzos de los años 70. Según registros comerciales, fueron Bozzo y CIA Ltda. y Asesoría Técnica Representaciones Limitada. Luego formaron Inverona SA., Bozzo y Compañía limitada, y Sociedad Comercial Industrial y de Servicios de Responsabilidad. En algunas se incorporaría después la esposa de Morano.

Gradualmente, sin embargo, las fueron abandonando, y no coinciden en ninguna desde fines de los años 90. "La mayoría fallaron", afirma Morano. Comenta que hicieron una imprenta, una distribuidora, una sociedad de exportaciones y un taller, entre otras.

El controvertido terreno en Magallanes, por lo tanto, es el último vínculo comercial que los une.

Luis Boric dice que, a partir de la resolución de Contraloría, no hay mucho que comentar. "Junto con los otros dos copropietarios revisaremos si aceptamos las otras ofertas que hemos recibido, que han sido mayores incluso que la del Serviu. Ahora, nosotros privilegiamos la del Serviu porque los dueños somos todos magallánicos, estamos comprometidos con el desarrollo de la región. Al lado de eso se han estado construyendo viviendas sociales y esto estaba destinado para eso. Eso es todo. O sea, el terreno está en los valores y cualquiera que pregunte allá en Punta Arenas sabe que esos son".

Morano, en tanto, hizo énfasis en que su señora, Buchner, fue la que solicitó la cláusula que dejaba el contrato sujeto a la aprobación de Contraloría para ser efectivo. "Para mí evidentemente aquí es preferible no venderle al Serviu, me evita todo este tema, pero no hay viviendas sociales entonces en Punta Arenas", advirtió Morano, asegurando que en la ciudad no existen otros terrenos que tengan condiciones similares -como instalaciones de luz y agua-, para iniciar de inmediato la construcción de viviendas sociales.

También descartó un posible sobre precio, afirmando que las diferencias entre la tasación fiscal y el valor de un inmueble puede diferir incluso más que en este caso.

Una de las aristas que golpeó directamente al diputado DC fue la tesis que surgió en cuanto a que fue durante su mandato en la alcaldía de Punta Arenas, en 2004, cuando se cambió el plano regulador. Morano sostiene que eso "refleja solamente desconocimiento o mala fe" y que él no incidió en nada del proceso.

Ayer, el diputado Boric se hizo cargo de la resolución de Contraloría y a las versiones que lo vincularon con un presunto tráfico de influencias publicando una declaración pública en su Blog. En ella explicó la determinación de Contraloría y estableció que la compra del terreno por parte de su familia ocurrió antes de que naciera, y el cambio de uso de suelo se produjo cuando él estaba en primer año de universidad.

"Jamás he realizado actuación alguna que tenga que ver con el caso en cuestión, ya que estoy plenamente consciente que de hacerlo estaría incurriendo en un flagrante conflicto de interés, pero por sobre todo porque tengo la más profunda convicción que los asuntos privados, propios o de familiares, no pueden interferir ni menos sobreponerse al rol público que hoy desempeño", aseguró el diputado, y añadió: "Corresponde que tanto el SERVIU como los vendedores (entre ellos mi padre), solucionen las objeciones que el organismo contralor ha planteado, o bien, de no ser ello posible, desistan de la compraventa en cuestión".