Polémica en Recoleta por orden para demoler torre

"Esperamos que este hecho siente un precedente histórico a nivel nacional, para que las empresas constructoras entiendan que no pueden abusar de nadie ni pasar por encima de la ley", dijo ayer el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

El edil se refería al decreto municipal 2388, firmado el martes de esta semana, y que establece que se debe demoler parcialmente, desde los 25 metros de altura hacia arriba, una torre habitacional construida por la firma Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A. y que mide 47,5. En total, se deberá demoler cerca de nueve pisos de los 19 que tiene la construcción.

La razón, según el municipio, es que "se infringió grave e insanablemente la Ley General de Urbanismo y Construcciones, autorizándose, por la administración anterior, un proyecto de envergadura superior a lo permitido en ese lugar".

Barrio universitario

La torre en cuestión está terminada, pero aún deshabitada, ya que no cuenta con la recepción final de la obra. Se encuentra emplazada en la esquina de las calles Pío Nono y Bellavista, dentro del denominado Conjunto Armónico Bellavista (CAB), que también integran el edificio de la Universidad San Sebastián y otra torre similar, ya concluida y habitada por particulares. También hay una tercera torre por levantarse.

Según Jean Pierre Chiffelle, director jurídico de la municipalidad, la investigación comenzó tras el caso de Carlos Reyes, el ex director de Obras de Recoleta, quien en agosto del año pasado, en un juicio abreviado (Tercer Juzgado de Garantía de Santiago), fue condenado por delitos de cohecho y falsificación de instrumento público. "A partir de eso, se revisaron todos los permisos y documentos donde esta persona intervino", informó Chiffelle. Así, se analizó la aprobación, el 12 de octubre de 2007, del permiso de edificación del CAB, para "tres torres habitacionales y un edificio de equipamiento educacional" (según reza el permiso Nº 252/07).

El alcalde Daniel Jadue indicó que "hemos hecho todas las consultas a la Seremi y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y los permisos de edificación extendidos señalan una altura de 47,5 metros de altura, muy superior a lo contemplado en el plano regulador, que son 25 metros. Por lo tanto, esto no es un capricho nuestro. Sencillamente, se construyó fuera de la ley, con autorización de la anterior administración de este municipio".

Sin embargo, añadió que "decidimos que el decreto de demolición no afecte al inmueble educacional y a la otra torre que ya se encuentra habitada, para respetar los derechos de terceras personas, estudiantes y particulares que hacen uso de esas instalaciones de buena fe".

Inmobiliaria

El abogado de la inmobiliaria afectada, Christian Espejo, sostuvo que "esta es una causa muy seria y, por eso, hemos elegido el camino de la prudencia. Por lo tanto, sólo diré que nuestros permisos y recepciones están ajustados a derecho desde el origen, y así lo vamos a demostrar en los tribunales. Lo que ha ocurrido es un abuso del alcalde y un desvío de la autoridad". Añadió que la torre cuestionada, como aún no posee su recepción final de obras, no tiene departamentos vendidos, sino sólo reservas.

Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, opinó que "si las autoridades hubiesen ejercido sus roles oportunamente, el alcalde no habría tenido que decretar la demolición de 10 pisos de una torre ilegal".

Sebastián Gray, presidente del Colegio de Arquitectos, destacó que "el delito es flagrante, por la mezcla de corrupción. Esperamos que los castigos sean ejemplares".