Presidenta promulga LGE y se fijan criterios para elevar la calidad de la educación

El ambiente era distinto. Diputados, senadores, expertos en educación e, incluso, la ministra de la cartera, Mónica Jiménez, se mostraron distendidos luego que la Presidenta Michelle Bachelet promulgara ayer la Ley General de Educación (LGE).

La iniciativa, que deroga la Loce, nació tras la Revolución Pingüina de 2006, y establece nuevas exigencias para los sostenedores. Por ejemplo, sólo podrán ser administradores quienes se constituyan como personas jurídicas, con giro único y que rindan cuenta pública de sus gastos.

Además, la LGE anuncia la creación de dos estamentos que velarán por el buen funcionamiento del sistema: una superintendencia y una Agencia de Calidad, que operarán una vez que el Congreso apruebe el proyecto de Aseguramiento de la Calidad.

La ley establece los contenidos mínimos que cada estudiante debe saber al terminar un curso, lo que permitirá, según Jiménez, elevar el nivel de la enseñanza.

"La Ley General apunta hacia la calidad (...). Todo el sistema va a ir trabajando hacia ese objetivo, a través de los estándares, del control de éstos y a través de estándares de desempeño de sostenedores, directores y profesores", señaló Jiménez.

El experto en educación Harald Beyer indicó que la ley es un avance, pero agregó que hay que trabajar en una carrera docente para asegurar que los profesores estén capacitados para su rol.

La Presidenta hizo un llamado a seguir debatiendo los problemas de la enseñanza y la importancia de la educación pública. "Sólo vamos a poder dar un salto al desarrollo si damos un salto en calidad. Esto exige un gran compromiso del Estado, porque si bien ninguna ley puede cambiar las cosas por el mero hecho de aprobarse, es indispensable contar con leyes que muestren una perspectiva de avance", señaló la Mandataria.