U. Federico Santa María denuncia irregularidades en su acreditación

Un atleta lanza balas a 15 metros de distancia. Una comisión lo evalúa y le pone nota 6, en una escala de 1 a 7. Con el tiempo, el deportista mejora: sus lanzamientos llegan a 16 metros. La comisión nuevamente lo analiza y le dice: la técnica que está usando no es la adecuada, le pondré un 5. Esa es la analogía que utiliza el presidente del Consejo Superior de la Universidad Federico Santa María, Sergio Solís, para explicar lo sucedido con la acreditación del plantel: de los seis años conseguidos en 2005, pasó a cinco años, pese a que, según él, la universidad mejoró sus estándares. "Algo no está bien".

El presidente del máximo organismo resolutivo del plantel viñamarino apunta a la participación en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) del ex académico del plantel Adolfo Arata, quien fue despedido a inicios de 2011. "Creo que ha sido muy determinante su participación en la acreditación y que la universidad haya tenido conflictos con él. No es difícil pensar que cuando uno comparte con un grupo de personas genera vínculos", dice.

Si bien en la sesión de la CNA en la que se resolvió el tema Arata se ausentó, Solís señala que en la acreditación hubo varias irregularidades, como las cartas que la comisión le envió al rector de la Santa María sobre el despido -un día antes de iniciarse el proceso de certificación- y al ministro de Educación, Harald Beyer, cuando la comisión aún no resolvía la apelación presentada por el plantel.

Arata no es cualquier académico: dos veces rector de la universidad, se enfrentó a Solís en 2005 por el máximo sillón de la Santa María, ganándole. Dirigió, además, uno de los departamentos que inyecta al plantel más recursos: Ingeniería Industrial.

"No participé en la evaluación de la USM. Que las autoridades universitarias me atribuyan la reducción del año de acreditación podría deberse a una manera de justificar su gestión frente a la comunidad universitaria. Como también para seguir intentando dañar mi imagen con el objeto de mantenerse en el poder", señala Arata.

La historia es la que sigue. El 13 de enero de 2011, el actual rector, José Rodríguez, decidió desvincular a Arata, sin indemnización. Nueve meses antes, el académico había decidido postularse, por primera vez, al Consejo Superior de la Santa María, donde salió electo por sus pares.

Si bien desde que era académico Arata integraba la CNA y bastaba con ausentarse de las resoluciones relacionadas con la universidad, el escenario cambiaba al pasar a formar parte del Consejo Superior. Este tiene directa relación con la CNA. Por ejemplo, recibe de primera mano los informes que emite cada ente involucrado y decide si apela.

El panorama se complicó más cuando el académico repostuló a la CNA, siendo elegido como representante de las universidades privadas (ejercía como docente de jornada parcial en la U. Adolfo Ibáñez). Por aquel entonces, la U. Santa María tramitaba la acreditación de tres programas, por lo que su rectoría no permitió que Arata ocupara el cargo en el Consejo Superior. Corría junio de 2010.

El académico recurrió a la justicia. Ante el hecho, el rector lo despidió. La historia judicial terminó a fines de agosto de 2011.

Los miércoles, los 14 comisionados de la CNA, entre ellos representantes de las Ues, tradicionales y privadas y del Mineduc, se juntan en una casa de Ricardo Lyon a tomar resoluciones acerca de diversas certificaciones.

Hasta esas oficinas llegó en mayo de 2011 la solicitud de la Santa María para renovar la acreditación.

La CNA conocía el caso de Arata. El propio ex académico lo presentó en la sesión del 11 de marzo de 2011. Según el acta pública del organismo, la comisión resolvió que la situación le incumbía por las supuestas inhabilidades que podían producirse entre ambos cargos (aunque Arata ya estaba despedido). "Mi caso se conoció, porque siendo miembro pregunté si podía postular al Consejo Superior y cuando me despidieron tenía que actualizar mi curriculum y declaración de intereses", dice el ex académico.

En esa sesión, la CNA, por unanimidad, manifestó su apoyo a Arata y resolvió que el presidente de la comisión, Iñigo Díaz, hiciera "un activo seguimiento de la situación".

Un hecho que, según entendidos, no está dentro de sus atribuciones. "Si una persona tiene un juicio pendiente, de cualquier naturaleza, con una entidad a ser acreditada y aunque esa persona considere que la situación es injusta, la comisión no puede protegerlo o defenderlo, ni pública ni privadamente. Debiera sacarlo del tema", dice José Joaquín Brunner, quien forma parte del grupo que estudia los cambios al sistema.

El caso es que con el mandato de la CNA, Iñigo Díaz pasó a la acción. Ofició a la Contraloría, que el 31 de marzo dictaminó que ambos cargos eran incompatibles, mientras hubiera una certificación en curso, pero que "si el afectado opta por dejar el cargo que ocupa en la junta directiva, se extingue el impedimento para integrar la CNA".

Como Arata ya no estaba en la universidad, para la CNA no había incompatibilidad. En la sesión del 15 de abril, se aseguró que "como el dictamen de la Contraloría es posterior (al despido), es posible que la universidad adopte alguna medida para subsanar la situación". En esa oportunidad, "la comisión manifestó su apoyo" a Arata.

Pocos días después, el 3 de mayo de 2011, Iñigo Díaz envió una carta al rector. En el documento, al que accedió La Tercera, señala que "en relación al término de la relación laboral del profesor titular y ex rector Adolfo Arata (…), la comisión se siente en la obligación de indicar su posición", y añade que, pese a reconocer la plena autonomía del plantel, la comisión "siente la obligación de señalar que toda institución debe respetar de manera rigurosa las condiciones básicas para el desarrollo de su quehacer académico".

Una acción que fue calificada de amenazante en el plantel. "Da la impresión que la carta tuvo la intención de generar presión para que Arata continuara con sus funciones", dice Solís.

Según Andrés Bernasconi, académico de la UC y experto en acreditación, la acción tampoco corresponde a la CNA. "Si la comisión tiene dudas sobre prácticas laborales, la CNA les indica a los pares evaluadores que, entre la información que recojan, levanten esa inquietud", señala. Aclara que su accionar, en todo caso, no constituye alguna infracción.

No fue lo único que sucedió entonces. Un día después de la carta de Iñigo Díaz al rector, la CNA le informaba el inicio del proceso para ser acreditado.

El trámite duró siete meses. El informe de pares evaluadores, bajo el cual la CNA emite su decisión final, concluye que "la universidad presenta una consolidación de su quehacer en las áreas obligatorias de acreditación y un desarrollo significativo en las áreas electivas". En las conclusiones dedican dos páginas a las fortalezas, destacando "un cuerpo académico bien formado y experimentado" y una "capacidad instalada en el Consejo Superior para orientar y regular el desarrollo institucional". Entre las debilidades, a tres cuartos de página, figuran un lento proceso de renovación de académicos y el desarrollo dispar entre la sede de Viña y la de Santiago. El caso Arata no aparece.

La ley no aclara hasta qué punto el informe de pares evaluadores debe ser considerado por la CNA en la decisión final. Esta también puede basarse en la opinión del relator, un funcionario del organismo que emite su propio dictamen, en función del de los pares. Fue lo que sucedió, pues el informe final de la CNA señala que "es posible advertir problemas en el aseguramiento de la calidad aún no resueltos".

En el acta pública se deja constancia de que Arata se ausentó de la sala en la votación. "Yo he actuado de forma ética y rigurosa. No participé del proceso de la Santa María, ni de la discusión de su reposición. Lo hice así porque cualquiera de mis intervenciones podría interpretarse con sesgo positivo y/o negativo", dice Arata.

En esa sesión, según consta en el acta, los comisionados acordaron darle a conocer los hechos al ministro de Educación, Harald Beyer, no sin antes consignar la conveniencia de separar las supuestas irregularidades del plantel con la acreditación.

La historia no terminó allí. El 23 de abril de este año, y tal como había sido acordado meses antes, Díaz escribió a Beyer exponiéndole que las autoridades del plantel desconocieron los resultados de la elección al Consejo Superior, dando cuenta del despido del profesor y acusando de un posible incumplimiento de "los derechos fundamentales de las personas". En la Santa María no dudaron en responder, enviando su propia misiva, de 15 páginas, al ministro. Consultado Beyer, dijo que la "CNA está en la obligación legal de dar a conocer hechos que puedan resultar irregulares", pero señaló que el "Mineduc investigó el accionar de la universidad y no encontró irregularidades".

Hace una semana, la CNA rechazó la apelación de la Santa María, manteniendo los cinco años de acreditación. El plantel apelará ante el Consejo Nacional de Educación.