Un impacto no evaluado

LA ACTUAL discusión en torno a los proyectos de ley para la elección de intendentes y transferencia de competencia a regiones, parece haber olvidado un punto de gran relevancia para el país: su impacto sobre la actual institucionalidad medioambiental.

En particular, no parece haber reflexión sobre las implicancias que tendrá el hecho de que la Comisión de Evaluación Ambiental de cada región (CEA, que reemplazó a la antigua Comisión Regional del Medio Ambiente, Corema) sea eventualmente presidida por una autoridad elegida popularmente.

Este tema tiene una fuerte relevancia para el país. Basta considerar que sólo en 2015 se aprobaron 445 proyectos de inversión por US$ 23 mil millones, 95% de ellos a través de Declaraciones de Impacto Ambiental y 5% a través de Estudios de Impacto Ambiental.

El debate sobre las facultades que efectivamente serán transferidas a la autoridad elegida popularmente y aquellas que permanecerán en la figura representativa del Gobierno Central no está cerrado y es parte de la intensa discusión que actualmente se desarrolla en el Senado.

El objetivo de descentralizar administrativamente el país es pertinente, pero a su vez se hace necesario evaluar sus posibles consecuencias.

En el año 2010, al término de la primera administración de Michelle Bachelet, se reformó la institucionalidad ambiental y se modificó el artículo 86 de la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente.

Uno de los objetivos del proyecto era tecnificar el Servicio de Evaluación Ambiental y por eso excluía la participación de representantes políticos de cada CEA, como gobernadores y consejeros regionales, además de los mismos intendentes.

No obstante, durante la tramitación en el Congreso se mantuvo la participación de estos últimos y además se les otorgó la facultad de dirimir en caso de que las votaciones en relación a los proyectos de inversión terminaran en empate.

Desde entonces, todas las iniciativas de inversión regional que son ingresadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) son calificadas por una Comisión que es presidida por el Intendente e integrada por los Seremi de las carteras de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, Minería, y Planificación, además del Director Regional del Servicio, quien actúa como secretario.

El problema es que, a pesar de valorar los esfuerzos por descentralizar las decisiones administrativas y presupuestarias del país, la discusión legislativa ha carecido de dos importantes reflexiones.

La primera de ellas, la conveniencia de traspasar las facultades del Intendente a una autoridad electa que eventualmente dirimirá la evaluación de proyectos de impacto ambiental y el efecto político que podría significar.

En segundo lugar, la pertinencia de mantener radicada en el Comité de Ministros, entidad intrínsecamente centralista, la apelación de las decisiones tomadas por la Comisión de Evaluación Ambiental, cuyas decisiones posteriormente igualmente pueden ser revisadas por los Tribunales Ambientales de Santiago, Valdivia y, en el futuro, también por el de Antofagasta.