Uribe propone amnistía a guerrilleros que no hayan cometido delitos graves

Amnistía a guerrilleros, protección efectiva para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y alivios judiciales para las Fuerzas Armadas. Eso es lo que ha propuesto el ex Presidente Alvaro Uribe (2002-2010) tras el plebiscito en el que se impuso el "No" al acuerdo de paz por 50,22% a 49,7% del "Sí".

El sorpresivo rechazo de los colombianos al pacto con las Farc ha puesto a Uribe de nuevo en el centro del escenario político, debido a que lideró la campaña del "No". Así, en una intervención en el Congreso la noche del lunes el actual senador por el Centro Democrático les pidió "a los senadores de los partidos de la Unidad Nacional (coalición de gobierno)" una "reflexión" sobre la disposición real del Ejecutivo para escuchar sus observaciones sobre el pacto con las Farc.

"Pido una ayuda y una reflexión de ustedes, que han escuchado al Presidente de la República en privado: ¿Habrá disposición de escuchar para introducir modificaciones?", les preguntó Uribe a los senadores oficialistas.

Uribe - cuyo padre fue asesinado por las Farc- propuso una salida judicial para los miembros de la guerrilla que no están acusados de delitos graves. Se trata de unos 5.700 guerrilleros los que podrían gozar de una amnistía, según un listado en poder del grupo negociador. Pero el uribismo ha insistido que los líderes de las Farc deben tener penas de privación de libertad y no pueden postular a cargos de elección popular.

El gobierno, por su parte, intenta consensuar un nuevo acuerdo y ha dicho que se encuentra trabajando en un diálogo con la oposición para ese fin. A su vez, las Farc anunciaron que mantienen el cese el fuego y que siguen apostando por "el camino de la paz". En medio de este ambiente, ayer se anunció que Santos y Uribe sostendrán hoy un encuentro cara a cara, el primero en casi seis años.

El acuerdo de paz, que quedó en el limbo con el plebiscito, preveía que los poco más de 6 mil combatientes de las Farc entregaran sus armas a la ONU para transitar posteriormente a la política. Además, el pacto recogía un proyecto de Ley de Amnistía que preveía el perdón jurídico para aquellos guerrilleros que no hubieran cometido delitos graves como los recogidos en el Estatuto de Roma. Quienes hubieran violado ese estatuto, que incluye crímenes de lesa humanidad, torturas, abusos sexuales o reclutamiento de menores, afrontarían penas privativas de la libertad de hasta ocho años siempre que reconociesen haber cometido esos delitos. Además, podían ocupar cargos públicos.

El asesor jurídico por parte de las Farc, Enrique Santiago Romero, se refirió ayer al nuevo proceso que se abre en Colombia tras el triunfo del "No". En diálogo con la radio W, este abogado recalcó la importancia de que la entrega de armas continúe con el fin de erradicar la violencia en el país. En ese sentido, aseveró que la renegociación es posible, por ejemplo, en el tema de la justicia transicional. "No será sencillo, pero yo sí estaría dispuesto a modificar algunos puntos del acuerdo de justicia para acabar con la impunidad. Sería muy bueno que todos los colombianos asuman las responsabilidades de sus actos sin discriminación del cargo", explicó.

Protección a guerrilleros

Por otro lado, Uribe recomendó también la creación de medidas de "protección efectiva" para las Farc y "que se consolide un estatus de no violencia inmediato". A su juicio, se ha producido una "disminución notable" de algunos delitos. Sin embargo, la extorsión y del narcotráfico han "avanzado notablemente". La tercera propuesta del ex mandatario incluye el "alivio judicial, sin impunidad" a los miembros de las Fuerzas Armadas que estén enfrentando procesos judiciales debido al conflicto armado.

El diario El Tiempo de Bogotá señaló que este último punto ha sido la bandera de lucha del Centro Democrático. En este sentido, el director para las Américas de la Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo en una entrevista publicada en La Tercera, que "Uribe no tiene credibilidad en esta materia", por el "acuerdo que le ofreció a los paramilitares para entregar las armas cuando era Presidente" que "garantizaba plena impunidad".

Vivanco hacía referencia a la invitación realizada por Uribe en noviembre de 2002 para negociar con el Consejo Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La Ley de Justicia y Paz, reglamentó la desmovilización de los "paras": quienes confesaran todos sus delitos y contaran toda la verdad a las autoridades obtendrían una pena máxima de ocho años en prisión, a menos de que hubieran cometido delitos de lesa humanidad.