En 10 días, la renovación de la flota de autos en que se trasladan los ministros de la Corte Suprema pasó de un costoso trámite administrativo a una fuerte polémica que mantiene en entredicho a los titulares del máximo tribunal.

Es que tras una serie de análisis y revisiones por parte del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), el viernes 2 de febrero, el pleno aprobó la adquisición de 22 Lexus modelo ES300h, por un total que superaba los $ 1.200 millones. Sin embargo, conocida la noticia revelada por La Tercera, los reproches no se hicieron esperar y, en masa, usuarios en redes sociales salieron a criticar a los magistrados.

Por lo mismo, la tarde de este martes 13 de febrero el presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, convocó a un nuevo pleno extraordinario donde los jueces volvieron a abordar la compra.

Según comentaron quienes conocieron del tenor de dicha cita, que se extendió por aproximadamente 60 minutos, el ambiente fue tenso y se volvieron a escuchar comentarios de quienes anteriormente se habían manifestado en contra de la propuesta de la CAPJ.

Pese a ello, los titulares del máximo tribunal no echaron pie atrás y se limitaron a emitir un breve comunicado en que reiteraron que la adquisición de los vehículos sigue su curso.

“En relación a las publicaciones aparecidas en la prensa con ocasión de la decisión de la Corte Suprema de renovar los vehículos institucionales, es oportuno aclarar que el acuerdo sobre el particular fue adoptado luego de un procedimiento de evaluación iniciado con anterioridad por la Corporación Administrativa del Poder Judicial”, manifestaron.

Y agregaron: “Este proceso no ha culminado, por lo que aún no se han ejecutado los recursos fiscales que el Ministerio de Hacienda ha dispuesto para este preciso fin”.

Con ello, en todo caso, activaron los cuestionamientos de las autoridades de gobierno, pues en línea con lo que habían indicado a La Tercera más temprano, durante la tarde la Dirección de Presupuestos emitió una declaración donde descartaban haber aprobado recursos para los mencionados fines.

“La Ley de Presupuestos 2024 aprobada por el Congreso no incluye recursos asignados para la adquisición ni renovación de vehículos para el Poder Judicial. Si bien se solicitaron recursos para aquello, estos no fueron incluidos en la propuesta enviada al Congreso por parte del Ejecutivo. Asimismo, el Ministerio de Hacienda no ha realizado ninguna modificación presupuestaria al respecto”, informaron desde la entidad encabezada por Javiera Martínez.

El quién y cuándo autorizó los recursos para esta compra es algo que aún resta despejar, pues desde tribunales aseguran que los fondos están listos para ser girados, a pesar de lo expresado desde Hacienda.

Porque, de hecho, el propio ministro Mario Marcel (Ind.) se sumó al debate. “El Poder Judicial en la ejecución de su presupuesto es autónomo del gobierno, el gobierno no resuelve qué autos se compran ni cuándo se hace. Lo que se ha conocido estos días es una decisión autónoma de ellos”, sostuvo.

Y lanzó un sutil dardo: “Yo tengo un vehículo del 2015 con 260 mil kilómetros recorridos y todavía funciona bien”.

Luego fue el turno del subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, de intervenir. “En general, como criterio, trato de no referirme a decisiones que toman otros poderes del Estado, tendrán que explicar esos poderes cuáles son los criterios que lo han llevado a tomar una decisión de esa naturaleza”, dijo

“Puede que uno de los criterios sea el criterio de seguridad, yo sólo creo que hay un criterio general que tiene que ver con la situación global del país y que siempre es bueno tener un sentido de austeridad en el marco que son indispensable para proteger la seguridad de las autoridades, esos criterios tienen que combinarlo cada institución. Corresponde al Poder Judicial dar explicaciones de esas decisiones”, complementó.

De acuerdo con los antecedentes que remarcan desde el Poder Judicial, la decisión en torno a los Lexus se tomó luego de una serie de análisis y conforme al presupuesto que se les había asignado.

Todo comenzó, indicaron, el 15 de diciembre del 2022, cuando el Consejo Superior de la Corporación Administrativa aprobó solicitar el presupuesto para la renovación de los 22 autos del máximo tribunal, dadas las fallas de los actuales modelos (Toyota Camry, 2014), que estaban presentando problemas en sus baterías.

Sin embargo, no fue hasta mediados del 2023 que la determinación se vio por primera vez en el pleno de la Corte Suprema, cuando los ministros aprobaron la renovación, pero no así el detalle de la compra. Eso sí, como comentan altas fuentes de tribunales, a finales del mismo del año se les informó a los jueces que ya existía un presupuesto de más de $ 1.300 millones.

Fue así que el 2 de febrero, y luego de ver los modelos en los estacionamientos de la Corte, que se realizaron dos plenos. El primero durante la mañana, donde tres ministros manifestaron reproches a la millonaria compra: el presidente de la Suprema, Ricardo Blanco; la ministra Andrea Muñoz; y el ministro Mauricio Silva. Pero en el encuentro de la tarde, la mayoría determinó proseguir con la compra y se visó el desembolso de $ 1.253 millones, aunque ahora el asunto aparece en suspenso.

Pese a que hoy la polémica se ha tomado parte de la agenda, no es la primera vez que el Poder Judicial enfrenta este tipo de solicitudes. Es más, a principios de agosto 2020, en la preparatoria de la ley de presupuestos 2021, ocurrió algo similar, según reveló el exministro de Hacienda Ignacio Briones (Evópoli).

“Llegó una solicitud del Poder Judicial para renovar 100 autos de lujo. Con la deferencia del caso, llamé al presidente de la Corte Suprema y gentilmente le señalé que, por razones obvias, no accederíamos a esa solicitud. Supongo que no le gustó mucho mi llamado”, explicó a La Tercera.

Matías Acevedo, jefe de la Dipres en 2020, en tanto, recordó que “con los recursos públicos y en especial las autoridades, deben cuidar el fondo como también las formas. Y dándoles el beneficio de la duda de que necesitan vehículos (y renovarlos), no veo cómo se justificaba una compra de vehículos por ese valor. Y creo que la reacción de rechazo a esta medida de la ciudadanía lo confirma”.

Pero al margen de las interpretaciones y posturas de cada administración, expertos en la materia señalan que, conforme a la Ley de Presupuesto 2024, el Poder Judicial podría pedir una modificación presupuestaria para adquirir los autos y el Ejecutivo tendría, esta vez, nulo margen para oponerse.

Esto, como explican, porque en su artículo 12 la normativa estableció que el Poder Judicial está eximido de pedir autorización “para adquirir, arrendar o convenir toda clase de vehículos para el transporte terrestre”, lo que les permitiría imputar el gasto al subtítulo 29, que refiere sobre la adquisición de activos no financieros y que tiene asignados un monto total de $ 7.070 millones.

Una segunda alternativa, de todas maneras, sería que el gasto se hiciera con cargo a los dineros que no se gastaron en 2023 y que pidieron sumar al presupuesto de 2024.

En todo caso, la decisión de los supremos escaló y generó más de una molestia en el Ejecutivo y aún no se avizora acuerdo.