Entre aplausos se retiró del Congreso la ministra del Interior, Izkia Siches, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados desechara la acusación constitucional presentada en su contra por el Partido Republicano.

A la sesión concurrieron varios ministros para acompañar a la jefa de gabinete. Giorgio Jackson (Segpres), Camila Vallejo (Segegob), Antonia Orellana (Mujer), Jeannette Jara (Trabajo) y Antonia Urrejola (RR.EE.) llegaron para darle una muestra de apoyo. También se presentaron los tres subsecretarios de su cartera: Manuel Monsalve (Interior), Miguel Crispi (Desarrollo Regional) y Eduardo Vergara (Prevención del Delito), entre otros.

En todo caso, el libelo había llegado a la sala con un informe negativo de la comisión de diputados que analizó los siete capítulos de la presentación. Esta se basó en distintos hechos que marcaron la instalación de la jefa de gabinete en el gobierno, como la utilización de la palabra wallmapu y las réplicas que ello provocó en Argentina, o la acusación que planteó en el Congreso de que el gobierno anterior había ocultado información respecto de un supuesto avión que había regresado con migrantes venezolanos expulsados, lo que resultó ser falso.

Durante su discusión, la defensa de la ministra del Interior invocó la “cuestión previa”, la que finalmente fue aprobada en el hemiciclo por 84 votos a favor, 57 en contra y dos abstenciones. Con aquella determinación, se dio “por no interpuesta” la acusación. En esa mayoría fue clave el apoyo de algunos diputados de la UDI y de la DC.

Sin embargo, casi al final de su intervención en la sala de la Cámara, la abogada Elisa Walker (DC), quien asumió la defensa de la ministra Siches, hizo una incómoda reflexión para las fuerzas que hoy integran el oficialismo y que en el período presidencial pasado estaban en la oposición.

Tras respirar profundamente, la abogada arremetió: “Durante el gobierno pasado se presentaron 11 acusaciones constitucionales. Ese número no es un número positivo. Claramente, ese es un ejercicio excesivo de este mecanismo de control constitucional, según las normas que lo regulan y el control de carácter excepcional”.

En ese instante, la ministra Siches, quien estaba sentada a su lado, aprovechó de juntar más su asiento con el de su defensora.

“Durante el período anterior, en varias oportunidades esta Cámara de Diputados concluyó que las acusaciones no cumplían con los requisitos para ser revisadas por el Senado. Los y las invito a hacer el mismo ejercicio, a resguardar el sano espacio de la discrepancia política y evitar desnaturalizar este mecanismo de control constitucional”, añadió la abogada.

Si bien la intervención de Walker era una “opinión personal”, según informaron en Interior, igualmente deslizaba una suerte de autocrítica en el oficialismo por su rol opositor en el pasado.

De las 11 acusaciones presentadas durante el gobierno de Sebastián Piñera, el actual oficialismo estuvo detrás de 10 de ellas. La única que no tuvo eco colectivo en la izquierda y la centroizquierda fue el libelo contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, quien fue acusada por el diputado Andrés Longton (RN) y otros parlamentarios de la derecha, de la DC y del FREVS, a raíz de su rol en la libertad concedida a Hugo Bustamante, condenado por el crimen de la menor Ámbar Cornejo, en Villa Alemana, en 2020.

Particularmente, el Presidente Gabriel Boric, cuando era diputado, estuvo a favor de nueve de esas acusaciones. Incluso fue patrocinante de dos de ellas: una contra tres ministros de la Corte Suprema, en 2018, y otra contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, en 2019. Únicamente no votó en la última acusación, en noviembre de 2021, en contra del entonces Presidente Sebastián Piñera, debido a que se encontraba en cuarentena por dar positivo al Covid. En el caso de la jueza Donoso, Boric votó en contra.

A su vez, los ministros Giorgio Jackson y Camila Vallejo apoyaron 10 de esas 11 acusaciones, en su mayoría contra exministros y dos contra Piñera.

Incluso, en el último libelo contra el exmandatario, en noviembre de 2021, Jackson, quien estaba con cuarentena preventiva por la misma situación de Boric, llegó de madrugada a votar.

El actual ministro se convirtió en uno de los votos decisivos de esa jornada, que es recordada por el papel del socialista Jaime Naranjo, quien alargó su discurso por 15 horas, precisamente a la espera de que Jackson cumpliera su confinamiento.

Vallejo, además, fue patrocinante de tres libelos: contra el exministro de Salud Emilio Santelices, en 2018; contra el extitular del Interior Víctor Pérez, en 2020, y contra el exjefe del Ministerio de Educación Raúl Figueroa, en 2021.

En el caso de la jueza Donoso, la actual ministra vocera se abstuvo, mientras que Jackson rechazó esa acusación, al igual que Boric.

No obstante, este martes en la sala, la abogada Walker remarcó sus reparos al abuso de las acusaciones.

“No corresponde usar este mecanismo para destituir a una ministra de Estado por el solo hecho de no compartir la visión política de quien conduce el gobierno”, expresó la jurista DC, quien en su argumentación sostuvo que los libelos deben ser entendidos como herramientas de “ultima ratio”, citando a profesores de derecho constitucional como Francisco Zúñiga (PS) y Jorge Correa Sutil (DC). Este último defendió al exministro Santelices ante una presentación de la oposición, en junio de 2018, debido al reglamento del aborto en tres causales que limitaba su implementación.

Entonces, desde el Frente Amplio arremetieron contra Correa Sutil, a quien acusaron de ser parte de “una política mercenaria”.

En todo caso, la mirada retrospectiva sobre las acusaciones también ya se ha dado en otros temas dentro de las fuerzas que apoyan al Presidente Boric. Por ejemplo, una reflexión similar se ha hecho respecto de los retiros de ahorros previsionales, que eran promovidos en el pasado, pero una vez desde La Moneda dejaron de ser una causa para los actuales legisladores oficialistas.

Consultado por las palabras de Elisa Walker sobre las acusaciones, el jefe de diputados del PS, Marcos Ilabaca, coincidió en la autocrítica. “Siempre he sido crítico del uso de las acusaciones constitucionales. Creo que las primeras de ellas presentadas por miembros del Frente Amplio eran inoficiosas. La única que tenía fundamento fue la que se presentó contra el ministro Chadwick”.

“Comparto plenamente lo que dijo la abogada Walker, hubo un abuso que desnaturalizó estas acusaciones y todos los elementos de fiscalización. Creo que hoy las fuerzas que están en la oposición o no somos parte del gobierno hemos actuado con bastante más responsabilidad que con la que actuaron quienes están en el gobierno”, añadió el jefe de bancada de la DC, Eric Aedo.

Por su parte, la diputada y expresidenta RD Catalina Pérez expresó sus discrepancias. “Creo que el amplio número de acusaciones constitucionales presentadas durante el período pasado se condice con el momento de inestabilidad política y social que el país sufrió, conocido por todos, junto con la administración de un gobierno que yo evalúo como uno de los peores de la historia republicana. Como parlamentarios tenemos la obligación de ser un contrapeso al Ejecutivo, sobre todo si se pone en juego la vida de las personas o se violan sus derechos humanos, contexto muy distinto al que vivimos hoy”, añadió Pérez.