Era un correo esperado por funcionarios y fiscales de la Zona Metropolitana Oriente. El 1 de enero de este año, el jefe de la repartición, Manuel Guerra, había enviado a amigos y conocidos un mensaje de WhatsApp en el que explicitaba que estaba buscando trabajo. En esa época la decisión sorprendió a sus cercanos, pues aún le restaban tres años para el cargo en el que fue electo en 2015. Se pensó que su dimisión era inminente, sin embargo, pasaron seis meses, el anuncio se fue dilatando y sólo este jueves 1 de julio se concretó una situación que incomodaba a directivos e investigadores, principalmente porque “pedir trabajo” desde un escaño de poder -como el que ostenta un fiscal regional- al menos no era bien visto.

A las 15.43 a las casillas de los trabajadores de la Fiscalía Oriente cayó el esperado e-mail titulado “Comunica renuncia”. En la misiva, el fiscal Guerra expresaba que “junto con saludarlos fraternalmente, les escribo para comunicarles que con esta fecha he decidido presentar ante el señor fiscal nacional mi renuncia al cargo de fiscal regional Metropolitano Oriente que ejerzo desde el 27 de noviembre de 2015, la cual se hará efectiva el próximo 1 de agosto del año en curso. Lo anterior obedece a razones estrictamente personales y forman parte de mi deseo de proyectarme en otros ámbitos profesionales, sintiendo que este es un momento adecuado para hacerlo”.

En paralelo, el investigador -quien lideró en una época el denominado caso Penta, en el que ofreció un juicio abreviado a los controladores del grupo, que indagó al Presidente Sebastián Piñera en el denominado caso Exalmar, y que imputó por tráfico de influencias al senador RN Manuel José Ossandón- envió su carta de renuncia a su jefe, el fiscal nacional Jorge Abbott. A este último le profundizó aún más los motivos que lo llevaban a dejar la institución en la que estuvo 19 años, ocupando dos veces el cargo de fiscal regional, en Tarapacá y en la Zona Oriente. “Mi partida se debe a que considero que he cumplido un ciclo de vida profesional y que ha llegado la hora de emprender nuevos desafíos profesionales en los cuales siempre procuraré ocupar muchas de las enseñanzas que me deja mi contribución como trabajador de la Fiscalía de Chile (...). Aprovecho de pedir disculpas a quienes en alguna oportunidad pude haber afectado con mis decisiones. Jamás lo hice con ánimo de perjudicar a nadie, sino sobre la base de principios y convicciones que me guían”, se lee en la misiva.

Al interior del Ministerio Público no es un secreto que Guerra y Abbott no se llevaban bien. De hecho, el aún fiscal regional Oriente debe su lealtad al ex fiscal nacional Sabas Chahuán. Su descontento al interior de la fiscalía, dicen fuentes de la institución, se debe también a estos roces entre ambos y la falta de confianza que hubo. Si bien al principio el abogado -egresado de la Universidad La República y masón- reemplazaba a Abbott cuando éste no estaba, cada vez fue alejándose de su círculo más íntimo.

La gran pregunta que ronda ahora es ¿adónde se irá Guerra? Irse a un estudio de abogados que litiguen en sede penal no estaría en los planes del investigador. La situación podría activar un serio conflicto de interés por la cantidad de causas penales secretas que conoce en base a su actual cargo. Por eso hay quienes plantean que lo que alista es una asesoría privada a las municipalidades en temas de seguridad. Conocidas son las buenas relaciones que generó con alcaldes de su sector y en ese sentido crearía un estudio jurídico para ofrecer estos servicios. Hay quienes plantean que ya estaría en conversaciones con la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (AMSZO), que agrupa a Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea.

Consultado por La Tercera para ahondar en los motivos de su salida del Ministerio Público y los planes de futuro, el fiscal Guerra dijo que no haría comentario alguno.

Como Guerra ha dilatado tanto tiempo su salida, esto activó a eventuales aspirantes a sucederlo en este cargo que es elegido tras un concurso público en el que intervienen las cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, las que elaboran una terna de la cual el fiscal nacional, Jorge Abbott, deberá escoger.

En los pasillos del Ministerio Público de la Zona Oriente dicen que corren ya con ventaja la actual jefa de la Fiscalía de Las Condes, y quien lidera la investigación por abuso y violación en contra del cineasta Nicolás López, la fiscal Lorena Parra, quien además es estrecha colaboradora y amiga personal de Manuel Guerra. También está entre los favoritos el jefe de Alta Complejidad de esta zona, el fiscal Felipe Sepúlveda, y una “externa” a la jurisdicción oriente, la actual directora ejecutiva de la Fiscalía Occidente, la abogada Rocío Berríos, quien cuenta con la simpatía de no pocos ministros de corte. Naturalmente, se espera que otros fiscales jefe también intenten ser elegidos, ahí suena el jefe de Ñuñoa, Álvaro Pérez.

La situación de Guerra al interior del Ministerio Público ha sido tema de conversación en el mundo judicial hace meses. “¿Cuándo renuncia?”, era una de las preguntas recurrentes cuando salía su nombre a la palestra. El académico de la UDP, el profesor de Derecho Mauricio Duce -también llamado “padre de la reforma procesal penal”- dijo: “Tengo la impresión de que esto es algo inédito en la historia del Ministerio Público, no recuerdo un caso similar”. Para él, “por una parte hay un ámbito interno, en que una persona que tiene una posición de jefatura expresa su intención de irse a otro lado y esta situación se extiende en el tiempo, esto puede generar problemas de liderazgos internos, en la medida en que tú sabes que tu jefe se puede ir en cualquier momento y esto puede tener un impacto en cómo se cumplen las funciones y el clima interno de trabajo, porque la gente tiende a ponerse en la posición de que va a llegar alguien nuevo y van a cambiar las cosas”.

Asimismo, asegura, “la segunda cuestión son los riesgos que esto genera en las decisiones que se tienen que tomar a futuro, cuando las personas dan un paso para pasar a otro ámbito de su vida, todas sus decisiones empiezan a ser funcionales al paso siguiente y, por lo tanto, esto puede generar sesgos en casos extremos en la toma de algunas decisiones, pero aun cuando no genere sesgos y aun cuando la persona tenga la capacidad de seguir tomando las decisiones más justas y razonables a la luz del rol que cumple en la actualidad, sin pensar en el futuro, tienes un segundo riesgo, y es que alguna de esas decisiones sean percibidas por quienes las reciben como inspiradas en el sesgo y eso también afecta la legitimidad de las mismas y eventualmente el prestigio institucional”.

En definitiva, Duce expresó que “la extensión de una situación de este tipo no parece positiva”.

El profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, Jonatan Valenzuela, sostuvo, por su parte, que “el Ministerio Publico está construido sobre varias premisas y una de ellas es la estabilidad de la función de fiscal. En la época de la reforma procesal penal los puestos de trabajo de la fiscalía eran puestos diseñados para que la gente estuviera establemente ahí, que fueran atractivos y no hubiese tanta rotación. Eso no se ha conseguido. Por un lado, hoy los sueldos no son tan competitivos y las cargas de trabajo son muy altas. Nada de estos problemas de base se aprecian en el caso de Manuel Guerra, él es un fiscal regional”.

Acto seguido, agrega que “me parece que su anuncio que hizo en enero, manifiesta un interés estratégico de la persona, pero pasa por encima de los intereses estratégicos del fiscal regional. Yo creo que en tanto se cumpla el cargo, él debe servir a los intereses del cargo incluso más que a los intereses del abogado Manuel Guerra. Lo que dijo en enero, lo da en una clave de una persona que tiene un trabajo, que está pensando en dejarlo y lo anuncia por la prensa, eso no es natural, el mercado laboral no se maneja por la prensa, creo que eso genera un problema con la idea de estabilidad de la persecución penal, uno necesita estabilidad en esa función, es muy clave, porque la fiscalía representa el interés punitivo estatal de todos los chilenos, entonces los delitos que se persiguen y la manera en que se persiguen son de interés público, por lo mismo, las personas que ejercen ese rol son personas que tienen que servir a los intereses institucionales antes que intereses de abogados particulares”.