El exjefe de asesores del Segundo Piso del gobierno de Sebastián Piñera, planteó que el estallido social fue "una forma de, a través del vandalismo, de la violencia, de desestabilizar un gobierno, para que ese gobierno deje de continuar".
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El exconvencional y exasesor presidencial se refirió a la crisis que de desató en el país el 18 de octubre de 2019, asegurando que el error estuvo en creer “que era un proyecto que iba en una dirección” y que con eso “nos hemos farreado la posibilidad de verlo como un síntoma”.
El extitular del Interior en el segundo gobierno de Sebastián Piñera aseguró también, respecto al estallido social, que hubo "gente de distintos colores" que "hubiesen querido, a lo mejor, que saliera el Presidente y otros hubiesen querido que salieran los militares a la calle. Yo creo que ambas posibilidades nos hubiesen llevado a un desfonde institucional".
“Vamos a estar generando las coordinaciones para que el día sea lo más normal posible y para que quienes quisieran manifestarse lo puedan hacer, pero quienes van a cometer delitos no”, sostuvo Constanza Martínez.
La presidenta del Partido Socialista hizo una reflexión sobre el estallido social de 2019 y sus consecuencias, asegurando que “después de cuatro años seguimos envueltos en muchas explicaciones y en pocas soluciones”, aunque valoró que tras la crisis "se haya logrado una salida institucional".
La Sala también desestimó una solicitud de RN que denunciaba que sectores de izquierda con representación parlamentaria buscaron, mediante el fomento de la violencia, "despojar a un Presidente democráticamente electo de su cargo”. En tanto, se aprobó una resolución del Partido Republicano por la cual la Corporación "rechaza los actos de violencia" cometidos en el marco del estallido y pide al Presidente Boric abstenerse de realizar más indultos.
Xavier Altamirano entregará dichos insumos al Presidente Gabriel Boric para la definición de lo que sería una política de reparación integral desde el Estado. Considerando que el plan comprometido por el gobierno ha tardado, eso sí, sostuvo que "hasta la fecha, hemos dado respuestas lo más expeditas posible mediante derivaciones a otros servicios y coordinaciones con Salud".
A partir de las 19:30 hasta las 21 horas está convocada una sesión especial para “condenar el estallido delictual ocurrido el 18 de octubre del año 2019″. Sin embargo, factores de contingencia atentaban en contra del ánimo de la UDI de colocar un tema candente de discusión política.
La policía uniformada se encuentra recogiendo información de inteligencia, al menos, desde el 9 de octubre, para adelantarse a eventuales focos de conflicto. Por lo mismo, el 3 de este mes enviaron el "Plan Operativo 47" a las prefecturas de la Región Metropolitana para preparar los servicios que se dispondrán el miércoles, los cuales contemplan un despliegue de cerca de 5 mil efectivos.
El subsecretario de Prevención del Delito señaló que, si bien las concentraciones en torno a estas fechas han disminuido progresivamente desde 2019, desde la entidad mantienen "zonas críticas", particularmente en la Región Metropolitana, “donde tendremos un contingente especial”, afirmó.
Unos cinco mil uniformados se desplegarán a lo largo del país para evitar posibles desmanes.
El 18 de octubre de 2019 fue un punto de inflexión en Chile. No sólo en lo social, sino que también a la infraestructura y el paisaje urbano de distintas ciudades del país. A cuatro años de las movilizaciones, no son pocas las iglesias, museos, bares e incluso plazas que mantienen las heridas de la revuelta social. Algunos ya comenzaron su recuperación, mientras que otros están a medio camino o derechamente han sido cerrados.
El 20 de octubre de 2019, tras el estallido social, el entonces legislador se enfrascó en una discusión en un programa de TV con figuras del oficialismo de la época como Jacqueline van Rysselberghe (UDI). Esta semana el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, al abordar los llamados de secundarios a evadir el pago del pasaje en el tren subterráneo aseguró que ese "no es el camino adecuado".
En estaciones como República y Los Héroes se registraron destrozos en torniquetes y validadores del servicio.
Henry Cuellar y Víctor Lastra fueron condenados por el delito de lesiones graves gravísimas con ocasión de apremios ilegítimos.
