Con precios que van desde los $ 220 mil a $1 millón por cada acción legal, diversos estudios de abogados y profesionales particulares venden a los migrantes la esperanza de apurar sus trámites a través de la justicia.
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“No tengo esperanza de convertir a malos en buenos, así que voy a terminar esta columna con un comentario cínico y no valórico. Un buen abogado que conozco suele decir: nadie se ha ido preso por no firmar. A lo que yo agregaría: nadie se ha ido preso por no hablar”.
Ese jueves se reunieron Daniel Sauer, el dueño de Factop, y sus abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. Esta última registró un audio de una hora y 48 minutos que desató el escándalo. Para esa fecha, Daniel y su hermano Ariel Sauer ya habían declarado en la CMF, acompañados de Hermosilla y Villalobos, a quienes entregaron poderes para representarlos. El caso STF estaba acotado a la CMF, pero el del factoring Factop estaba a punto de destaparse. Rodrigo Topelberg, socio de las dos empresas, quebró con los Sauer al mes siguiente y el 31 de julio se querelló. Tres días después, el 3 de agosto, amplió su querella. En ese documento de 10 páginas, el exsocio entregó antecedentes que coinciden con el audio grabado por Villalobos.
Pese a que no existe mayor debate sobre la legalidad del registro dado a conocer por Ciper, en el cual se escucha a los protagonistas cómo relatan supuestos pagos de coimas a funcionarios del SII y CMF, aún faltarían más pruebas para comprobar un presunto ilícito a juicio de los abogados. El objetivo de esas pesquisas será comprobar -sostienen expertos- si efectivamente se llevaron a cabo dichos traspasos de dinero o, eventualmente, esos recursos quedaron en el bolsillo del propio Hermosilla, configurándose así un nuevo delito.
El ente contralor sostuvo ante el Tribunal Ambiental de Santiago que “a través de esta actuación artificiosa, la SMA (Superintendencia del Medio Ambiente) pretende quedar excluida de la fiscalización de este organismo de control, pero también del examen jurisdiccional, con lo que sus actos administrativos quedarían al margen de cualquier control, cuestión que no resiste mayor análisis”.
Abogados especialistas en libre competencia se mostraros sorprendidos con la decisión del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que se abrió a discutir los efectos que provoca la concentración económica de conglomerados en Chile. Los consultados destacaron que la resolución está dentro de las facultades del tribunal, pero también recalcaron que es un proceso complejo.
Ante la renuncia de la consejera María Inés Horvitz, es el Mandatario quien debe nombrar al reemplazante. Y a juicio de los funcionarios, ese nombre debiese salir desde el interior de la institución y no de profesionales externos.
Al menos 16 penalistas son los que hoy trabajan en la defensa de parte de las 53 fundaciones indagadas por el Ministerio Público. Entre los defensores se cuentan los penalistas Luis Hermosilla, Susana Borzutzky, Gonzalo Medina, Ramón Sepúlveda, Matías Kunsemuller, además de profesionales de la Defensoría Penal Pública.
Une veintena de categorías y cientos de juristas locales incluye la última versión de la prestigiosa guía que todos los años elabora la inglesa Chambers and Partners. Dos abogados sobresalen: José María Eyzaguirre, en M&A, y Nelson Contador, en quiebras y reorganizaciones. Solo seis mujeres aparecen en los grupos más destacados. Y solo hombres encabezan los tres subgrupos en los que se divide la resolución de conflictos: delitos de cuello y corbata, arbitraje y litigios.
La fecha sugerida de abril de 2026 es una contrapropuesta a la recomendación emitida por el Departamento de Justicia para que el juicio empiece el 2 de enero de 2024. Se prevé que el fiscal especial Jack Smith se oponga a la solicitud, que busca postergar el proceso hasta casi un año después de las elecciones presidenciales de 2024, en las que el exmandatario es favorito para conseguir la nominación republicana.
Una radiografía del Centro de Competencia (CeCo) de la Universidad Adolfo Ibáñez detalló que la mayoría de los abogados que se dedican a la libre competencia son hombres (74%) con algún grado de especialización adicional a la universidad de pregrado. Más del 80% cursó el pregrado en dos universidades (la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile) y más del 50% posee un grado de magíster o superior. Dentro de este último grupo, sólo un 25% estudió en Latinoamérica, mientras que en Norteamérica y Europa lo hizo el 41% y 33%, respectivamente.
El presidente ejecutivo de Carey Abogados cumplió 80 años en agosto de 2022, la fecha en la que debía retirarse del bufete. Los estatutos del Estudio Carey Limitada establecen una edad de retiro a los 70 años, pero la excepción se ha ido ampliando en el caso del socio principal. Ahora, Jorge Carey Tagle, también director de empresas como Melon, Masisa y AFP ProVida, seguirá en el cargo hasta agosto de 2024.
Del grupo -ligado a la derecha- que obtuvo la mayoría de votos, fue reelecto el abogado Pedro Pablo Vergara, y se sumaron cuatro nuevos integrantes: Loreto Ried, Gabriel Zaliasnik, Rodrigo Ochagavía y Marcela Achurra. La lista “Libertades Públicas” y “Todas y Todos por un Estado Social y Democrático de Derecho”, en tanto, también logaron instalar consejeros.
Los juristas conforman un nuevo eslabón de la arremetida -judicial y administrativa- implementada por la oposición tras destaparse la presunta trama de corrupción que complica al oficialismo.
