El pasado sábado expiró el plazo para la postulación y ahora el pleno de la Corte Suprema deberá agendar una audiencia de concurso público en la que los postulantes expondrán al pleno su experiencia y sus pretensiones para el cargo. El tribunal designa una quina y Gabriel Boric deberá elegir al sucesor de Enrique Vergara.
La Corte Suprema abrió un concurso público durante 15 días para proponer una quina de candidatos para el cargo de presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). El Presidente de la República debe escoger luego al sucesor de Enrique Vergara, quien cesa sus funciones el 12 de mayo Entre los estudios especializados, tres son los nombres se repiten: Javier Velozo, socio de Contreras Velozo Abogados; Francisco Agüero, director del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile, y Daniela Gorab, ministra titular del tribunal. Diez abogados de libre competencia delinean los desafíos del sucesor de Vergara.
Los tenedores locales de bonos ficharon al bufete Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo para reclamar contra la propuesta en tribunales chilenos. Reclaman que el plan los discrimina en relación a los acreedores extranjeros.
A 71 días de la presentación de su demanda laboral por una supuesta discriminación, la abogada María José Martabit y el bufete cerraron un acuerdo de conciliación. El estudio accedió a pagar "sin reconocer los fundamentos de la demanda" y las partes se comprometieron a no efectuar declaraciones denigratorias del otro.
El juez del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, César Orellana, acogió la petición de la fiscalía y agendó para el 15 de febrero de 2022 la formalización del empresario Mario Signorio. Esto, luego de que su hermana Chantal Signorio presentara una querella en su contra por supuestamente usar fondos del holding en viajes personales. Su defensa, a cargo del penalista Jorge Bofill, sostuvo que la querellante busca instrumentalizar el sistema penal para resolver un antiguo conflicto de familia.
El magistrado presentó un escrito en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuestionando a la abogada integrante de la Corte Suprema, Leonor Etcheberry. A su juicio, ella debió haberse inhabilitado del caso.
Una serie de oficinas han puesto en marcha planes para fortalecer las áreas de derecho público en medio de la discusión que inició la Convención Constitucional. Desde incorporar nuevos rostros a ascender a asociados, las prácticas son variadas e incluso algunos se han debido reformular por completo. Aquí, ocho connotados especialistas explican cómo han cambiado sus estudios.
Asumió el cargo a partir del 1 de agosto.
El socio principal de Claro & Cia. renunció la semana pasada a Invercap, la última mesa que integraba. "Sintió que había cumplido una etapa", cuenta Juan Enrique Rassmuss, controlador de Invercap. Eyzaguirre ha estado en una decena de compañías -entre ellas SQM, Walmart, Latam Airlines, Embotelladora Andina, Komax y Toesca- y ahora, por primera vez en dos décadas, no está en ninguna. Siempre electo por sus clientes, suele estar en las empresas con fecha de término y con propósitos transitorios.
El bufete neoyorquino Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP asesora a Latam Airlines y Automotores Gildemeister. También representará a los acreedores de Corp Group Banking. En el primer proceso ya ha facturado US$30 millones. Su relación con el país es de larga data. Desde los años 80 ha representado a la República de Chile en varios casos. Y muchos chilenos han pasado por sus oficinas en Manhattan.
El 10 de octubre de 2020, el abogado Juan Carlos Ferrada, socio de Ferrada & Asociados, presentó una demanda en contra del estudio Barros y Errázuriz (ByE) por el no pago de un informe en derecho que el bufete le encomendó en noviembre de 2017. El demandante exige el pago de 800 UF ($ 23,4 millones) y por diversas vías ha intentado obtener el pago. La justicia, en una primera controversia, falló a favor del primero y condenó en costas.
Nunca en los cuarenta años del complejo turístico se habían instalado rejas en sus calles. Hoy la relación entre vecinos de uno de los condominios del balneario con cuatro inmobiliaria está quebrada, luego que estas últimas acudieran a tribunales y lograran desbloquear las vías. El problema es que los residentes no quieren dar su brazo a torcer y luego de perder en la Corte Suprema evalúan iniciar nuevas acciones legales.
Según fuentes de la industria, la Asociación de Regantes del Canal Las Mercedes fichó al abogado José Joaquín Ugarte para su defensa.
Expertos y expertas en derecho constitucional han sido parte del debate previo y post plebiscito y algunos de ellos buscarán aportar desde la misma Convención. ¿Cuáles son los pros y contra de tener a estos expertos en el debate que terminará en una nueva Carta Fundamental?
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