En la carta dan a conocer dos iniciativas que buscan fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad y perfeccionar las atribuciones de las municipalidades en seguridad pública a nivel comunal.
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Para levantar este análisis, además, se les consultó a los gobiernos locales sobre el presupuesto que destinaron a seguridad en 2022, detectando brechas relevantes respecto de la inversión en este tema: en las comunas con alto desarrollo se destinan -en promedio- $ 498 millones, en tanto, en niveles de desarrollo más bajo, poco más de $ 20 millones.
"Nos preocupan las brechas en el presupuesto destinado a seguridad, la escasa capacitación a funcionarios en gestión a nivel de seguridad, la falta de planes preventivos que la mayoría de los municipios nos son capaces de gestionar”, explicó el presidente de la organización de municipios, Gustavo Alessandri.
Algunos jefes comunales también solicitaron que en la Macrozona Sur "no se saque de las calles a los militares que están ejerciendo su rol de seguridad producto del Estado de Excepción para destinarle a los establecimientos educacionales".
Podrán realizar seguimiento a la tramitación de las causas, ingresar elementos de prueba, conocer las resoluciones e incluso hacer denuncias. Esto permitirá que los vecinos y vecinas ahorren tiempo en el desplazamiento y en la espera, ya que hoy un trámite presencial puede demorar hasta cinco horas.
Desde la Asociación de Municipalidades de Chile, señalaron que el gobierno "ha enviado una serie de anuncios contrarios que incluye que la primera semana se deben mantener los colegios abiertos, con entrega de alimentación y actividades, con los docentes y asistentes de la educación de manera presencial y los niños que lo requieran también”.
Autoridad de gobierno hizo hincapié en que rol de los municipios es la prevención y dijo estar dispuesto a propiciar una mejora de sus atribuciones en ese rol. Esto, tras la solicitud de alcaldes para que se legisle en favor de que guardias comunales puedan portar bastones retráctiles, gas pimienta y esposas para concretar detenciones.
El alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, explicó que “los vecinos dicen claramente que dotemos de mayores facultades a los inspectores municipales para que podamos ejercer una labor de prevención, de seguridad en la comuna que es lo que nos están exigiendo a nosotros”.
En medio del complejo escenario hídrico, hasta el Palacio de La Moneda llegaron alcaldes de la Asociación de Municipalidades de Chile y la Asociación de Municipios Rurales para solicitar al Presidente Boric decretar Estado Constitucional de Catástrofe en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O´Higgins, Maule y Metropolitana. "Hacemos un llamado al gobierno a levantar lo antes posible una mesa hídrica multidisciplinaria con expertos técnicos donde todos hagamos una política de Estado y no de gobierno", dijo el alcalde de Santa Cruz, William Arévalo.
La Asociación Chilena de Municipios pidió al Mineduc presentar una iniciativa legal y están buscando apoyos en el Congreso para ello. El subsecretario de Educación, Jorge Poblete, reconoce las tratativas y sostiene que "lo que no está en cuestionamiento es derogar la ley, sino que ampliar el plazo".
El alcalde de Estación Central y presidente de la instancia, Rodrigo Delgado, se contactó ayer con el jefe de gabinete para pedirle realizar el encuentro que se desarrollará hoy, a las 10.30, en La Moneda.
Estudio de Amuch advierte sobre disparidad de medios y herramientas entre ellos para enfrentar la delincuencia.
Análisis incluyó las autorizaciones transitorias entre 2011 y 2015, que suman casi 621 mil unidades, con un crecimiento del 108% en el período. Santiago y Antofagasta concentran la mayoría de los permisos, en tanto peruanos y colombianos son quienes más los solicitan.
Según un estudio de la Amuch, el 62,1% posee educación básica y media y un 31,5% tiene un título universitario. La mayoría trabaja en puestos de empleado, asesora del hogar, obrero o vendedor.
Estudio de la Asociación de Municipalidades consideró tendencias en década 2005-2015. Se observa una disminución de ciudadanos de Perú y la irrupción de otras nacionalidades.
