Durante la tarde del miércoles, la vocera se comunicó con el fiscal nacional para bajar la tensión que se produjo luego de que ella señalara públicamente que había "indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata" y apuntara directamente a la oposición tras la formalización del exdirector de la PDI Sergio Muñoz.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que en el Ejecutivo y en el Ministerio Público “no hay espacio para poner en duda nuestras relaciones”. En tanto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo que para él "el punto está suficientemente superado", luego que recibiera un llamado de la portavoz.
Sobre las declaraciones de la vocera Camila Vallejo -quien habló esta semana de indicios de una “posible red corrupción de cuello y corbata"- el titular de Justicia dijo que la secretaria de Estado "manifestó su preocupación”.
El fiscal nacional señaló que la vocera lo llamó para abordar el tema.
Luego de que la vocera asegurara que había "indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata" y apuntara directamente contra exautoridades tras la formalización del exdirector de la PDI Sergio Muñoz, tanto el fiscal como la oposición salieron rápidamente a responder.
La vocera de gobierno dijo que tras la formalización del ex director de la PDI, Sergio Muñoz, para el gobierno hay "indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata", aunque enfatizó que ojalá se equivoquen "y esto fuera solamente una impresión y que se dé cuenta de que no existe tal cosa".
La vocera de Gobierno realizó esta afirmación luego de que se decretara la prisión preventiva para el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz. Al respecto, el jefe del Ministerio Público manifestó “yo no sé qué información tiene la ministra Vallejo para hacer una afirmación de esa naturaleza”.
Perú, Bolivia y hasta Argentina son los destinos que revisa la policía para dar los dos integrantes del Tren de Aragua que habrían ejecutado el secuestro y homicidio del exoficial venezolano. Las otras dos interrogantes son los contactos y la vida laboral de la víctima, mientras, que su familia entregó su cuentas bancarias y, además, concurrió hasta el SML para reconocer su cuerpo.
"Se impone la obligación de explorar las actividades que realizaba la víctima en Chile, la forma como se ganaba la vida, la forma como financiaba sus gastos, porque también podría dar una explicación de este secuestro con homicidio”, afirmó.
El fiscal nacional dijo que desde el Ministerio Público no descartan que en el crimen del exmilitar venezolano “la justificación sea política” y recalcó que no pueden "descuidar ni una ni otra circunstancia, porque el deber de objetividad no los impone”.
"Eso se va a exponer hoy día en la audiencia de formalización, como también se van a entregar más antecedentes respecto de cuál es la evidencia que se ha podido reunir para poder acreditar la participación de esta persona en los hechos", adelantó el jefe del Ministerio Público.
La resolución del máximo persecutor alude a la complejidad del caso y a los altos montos involucrados en la transacción. De acuerdo con lo expuesto, en medio del caso se pesquisa un “plan para perfeccionar” el contrato de compraventa entre la Municipalidad de Santiago e Inmobiliaria San Valentino.
Constatadas las amenazas que implica para la seguridad de persecutores la irrupción de nuevas y más violentas estructuras criminales, el fiscal nacional definió avanzar en una nueva institucionalidad que será la encargada de promover medidas preventivas ante eventuales riesgos. Como indicó la directora ejecutiva Mónica Naranjo, están "trabajando en la contratación de una persona que va a ser el encargado nacional de seguridad de fiscales" y que liderará la creación de la nueva política del organismo en esta materia.
El fiscal designado para la indagación señaló que ya comenzaron con las diligencias "destinadas al esclarecimiento de estos hechos".
Fiscal nacional comentó que solicitarán reuniones bilaterales con sus pares de Argentina, Bolivia, Colombia y Venezuela.
