Ángel Valencia respondió a una pregunta sobre la situación del jefe comunal.
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El fiscal nacional además se pronunció por la solicitud de que lidere la investigación en contra del alcalde Jadue, asegurando que espera conocer la petición de los diputados republicanos antes de adelantar una decisión.
El órgano persecutor investigará el presunto delito de tráfico de influencias, luego que dos diputados acusaran la participación de Andrea Gutiérrez en la firma de dos convenios, que beneficiaron a una organización cuya representante legal es pareja de su exjefe de gabinete. En el Puerto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo que "tenemos de hace mucho rato claro que el problema es grave”.
En la misiva enviada a Ángel Valencia, los diputados plantean que obtener el testimonio de Ñanco "podría aportar en la obtención de la verdad y la eventual condena de los involucrados".
El fiscal nacional, Ángel Valencia, detalló las características que permiten al organismo que dirige catalogar de “extraordinario” o “fuera de lo común” la sustracción de computadores y una caja fuerte desde el ministerio encabezado por Giorgio Jackson.
La situación fue considerada grave y, por lo mismo, el abogado Francisco Cox interpuso un reclamo de ilegalidad en contra de la Fiscalía Nacional con miras a que ordene la confección del registro. Como explicó, los mencionados antecedentes son clave para dirigir acciones para fortalecer el combate del crimen organizado, lo que justamente fue posicionado como una prioridad por el fiscal Ángel Valencia.
Parlamentarios de oposición y centro-izquierda se refirieron a las declaraciones de Ángel Valencia, máxima autoridad del Ministerio Público, quien aseguró que la actual Ley Antiterrorista “es muy difícil de aplicar”, ya que, a su juicio, “el estándar no es de muy buena calidad”.
El fiscal nacional dijo que era "posible" que el titular de Desarrollo Social y su par de Vivienda tuvieran que declarar en el marco de la investigación por las transferencias de dineros desde el Estado a organizaciones sin fines de lucro, aclarando que de momento ningún fiscal "ha manifestado que tengan rol que permita atribuirles que tienen algún tipo de participación”. El ministro, en tanto, dijo que “si en algún momento tenemos que entregar más información, lo vamos a hacer sin titubear".
Ángel Valencia, máxima autoridad del Ministerio Público, aseguró que la actual Ley Antiterrorista “es muy difícil de aplicar”, ya que, a su juicio, “el estándar no es de muy buena calidad”.
Ángel Valencia, quien encabeza el Ministerio Público, dijo que la disposición de los fiscales en este caso “es hacer lo que tengan que hacer, caiga quien caiga”, y que su interés es “llegar lo más arriba, a quienes pudieron haber urdido un mecanismo, si es que ese mecanismo existió”. En tanto, titular de Desarrollo Social aseguró que "no hay ningún antecedente que nos vincule a nosotros como ministros”.
Ángel Valencia, quien encabeza el Ministerio Público, detalló las eventuales irregularidades en las asignaciones de dineros desde ministerios a fundaciones ligadas al oficialismo.
El jefe del Ministerio Público sostuvo que las indagatorias a cargo del ente persecutor podrían tener resultados en un plazo superior a un año. "Hay algunos denominadores comunes que son llamativos, por ejemplo, que se traten de fundaciones que fueron constituidas hace muy poco tiempo", sostuvo Valencia.
Aunque enfrentó un complejo aterrizaje en el edificio de calle Catedral 1437, el máximo persecutor asegura que las aguas se han calmado y que ha podido avanzar a paso firme en las modificaciones que, a su juicio, el Ministerio Público requiere.
Tras la solicitud realizada por la oposición, desde el Ministerio Público indicaron que, hasta ahora, no se han identificado las circunstancias previstas en la ley que justifiquen la intervención directa de Ángel Valencia en este caso.
El Ministerio Público elaboró un sistema estandarizado para compartir antecedentes en las causas de tráfico de drogas, luego de la polémica que enfrentó a Rodolfo Carter con el persecutor jefe, Ángel Valencia. "La municipalidad deberá cumplir con la obligación de resguardo de la información entregada" y deberá cumplir con "la obligación" de cuidar los datos que se le proporcionen, no haciéndola pública.
