La alcaldesa de Providencia denunció irregularidades en la investigación y se refirió a la arista que involucra a la comuna de Recoleta.
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El persecutor encabezó la cuenta pública de la Fiscalía Nacional, poniendo énfasis en medidas y propuestas para enfrentar desafíos actuales de la institución. "Los delitos violentos han aumentado significativamente durante los últimos años y el crimen organizado es una grave amenaza para nuestra sociedad", advirtió.
En 2022 se destinó el 75% del presupuesto ejecutado a 176 “reubicaciones” de testigos con protección. Además, se cubrieron costos de alimentación, seguridad y asistencia social. El fiscal nacional defiende la medida: “Circunstancias graves justifican medidas distintas a las reglas generales”.
El jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, instruyó a fiscal regional de La Araucanía llevar la arista penal de este caso para conocer las eventuales responsabilidades en torno a “conductas eventualmente constitutivas de delito”.
“Así las cosas, no se reúnen los supuestos para que se interponga el presente arbitrio y, no resulta ser la vía idónea para los fines que se pretenden, razón por la que no puede ser acogida a tramitación”, dice la argumentación del tribunal de alzada.
El recurso de los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz busca que se suspenda la instrucción con la cual el fiscal nacional ordenó a los persecutores del país solicitar prisión preventiva para los imputados que son extranjeros y no cuentan con identificación. El recurso presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago alega que la orden de Ángel Valencia "amenaza al ejercicio legítimo de sus derechos a la libertad personal y seguridad individual" de los migrantes.
Ángel Valencia manifestó su molestia por la decisión del Juzgado e insistió en el “deber legal” que poseen “todas las instituciones del Estado, de proteger a las víctimas de los delitos violentos”.
Carlos Mora Jano hizo hincapié en que la prisión preventiva constituye una medida cautelar “excepcionalísima” en el ordenamiento jurídico.
“Vamos a seguir haciéndolo, porque vamos a seguir velando por la seguridad ciudadana en Chile", afirmó el jefe del órgano persecutor.
Ángela Vivanco señaló que el lineamiento del Ministerio Público no pone "presión" al Poder Judicial.
La líder del gremio, Mariela Hernández, enfatizó en que los jueces no se rigen ni están mandatados por instructivos emanados desde la Fiscalía, sino que sus resoluciones obedecen única y exclusivamente a la Constitución y las leyes.
Sujeto venezolano de 22 años estaba con firma y arraigo tras ser formalizado.
En la reunión extraordinaria que sostuvo el fiscal nacional Ángel Valencia junto a los jefes regionales del Ministerio Público del país, se hizo un pequeño balance de las primeras horas de la instrucción anunciada tras el homicidio del suboficial mayor Daniel Palma. La medida apunta a que los investigadores soliciten la medida cautelar más gravosa que contempla la ley, prisión preventiva, cada vez que detengan a un extranjero indocumentado a la espera de que se esclarezca su identidad. La iniciativa si bien cuenta con el apoyo transversal de los líderes del ente perseguidor, generó algunos reparos por la lentitud del servicio de identificación en el resto del país. Con todo, la máxima autoridad de la Fiscalía golpeó la mesa y reiteró: es una decisión ya tomada y no hay pie atrás.
El plan fue anunciado por el Presidente Gabriel Boric el jueves pasado y tiene por objetivo intervenir 30 comunas de Chile donde se concentran los mayores delitos violentos.
Fiscal nacional solicitó una reunión con los persecutores regionales de la capital para analizar medidas urgentes tras el nuevo asesinato de un carabinero.
