El fiscal nacional Ángel Valencia apuntó a la falta de coordinación del Sistema de Migraciones y el Ministerio Público para agilizar y materializar las expulsiones.
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"Aquí se dirige una investigación o se dirige una querella en contra de un fiscal regional. Y en consecuencia, sea cual sea el mérito, conforme a nuestra ley, lo que procede es que sea un fiscal regional el que la investigue", planteó el jefe del Ministerio Público.
"Con lo que me quedo es con la sensación amarga de que pueden terminar en definitiva en impunidad delitos muy graves", comentó el jefe del Ministerio Público.
"Me parece que es preferible que todas las autoridades del Estado contribuyamos absteniéndonos de emitir opiniones que cuestionen la integridad de quienes participan en ellas si no tenemos fundamento serio para aquello", planteó en alusión a los dichos del senador Javier Macaya, hijo del empresario sentenciado.
“En democracia las decisiones toman tiempo, es necesario ponerse de acuerdo. Mi ansiedad es cuánto tiempo nos demoramos en llegar a ello”, expresó la autoridad del Ministerio Público respecto a la urgencia en medidas de seguridad.
El fiscal nacional se refirió a los 16 homicidios que ocurrieron en diferentes puntos de la región desde el fin de semana pasado, afirmando que #este nivel de violencia en Chile no puede seguir así”.
El fiscal nacional afirmó que: Nosotros luchamos contra la impunidad con recursos escasos".
El fiscal nacional señaló que la nueva medida busca "integrar el trabajo de las Fiscalías de Flagrancia con el trabajo del Servicio de Migraciones y la actividad de control migratorio”.
Por determinación del fiscal nacional, Ángel Valencia, la causa quedó en manos del titular de la Fiscalía Regional de Antofagasta, quien realizó un acabado análisis de los antecedentes recopilados en el marco del caso. Así, solicitaron ante el Juzgado de Garantía de Calama que se deje sin efecto la orden de no perseverar presentada a comienzos de 2019 y reactivaron diligencias. Entre los nuevos elementos, familiares del joven entregaron sus dispositivos electrónicos.
Actualmente se investigan una serie de beneficios que habrían sido ofrecidos a Carlos Palma por parte Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, para que este bajara su candidatura a fiscal nacional.
A una semana de haber recibido el oficio firmado por el presidente Ricardo Blanco, Ángel Valencia les transmitió que no podía acceder a la solicitud. Esto, con miras a garantizar el éxito de las investigaciones en curso.
La resucitada instancia de la Corte Suprema solicitó al Ministerio Público acceso a investigaciones reservadas en las que aparecen conversaciones de integrantes del máximo tribunal. No pocos ven en esta acción -liderada por el presidente Ricardo Blanco- una táctica de ajedrez, ya que los magistrados saben que no pueden acceder a causas penales secretas y lo más probable es que la Fiscalía les niegue la petición. Sin conocer los WhatsApp no habría antecedentes para avanzar y todo volvería a fojas cero. ¿Jaque mate? o ¿Aún la partida está abierta?
Gonzalo Migueles asegura que el requerimiento de la comisión para que el Ministerio Público entregue antecedentes "se hace sobrepasando las facultades", respecto a "información secreta" y que se refiere a "personas ajenas al Poder Judicial".
El máximo persecutor recibió los antecedentes solicitados al fiscal regional de Aysén el sábado 21 de junio y ahora espera pronunciamiento de unidad especializada.
La magistrada dijo que no tenía sentido ahora un encuentro con el jefe del Ministerio Público.
