El documento revela los temores de los funcionarios judiciales de la zona y cómo es convivir con la violencia rural, en medio de audiencias de formalización y juicios. “Varios funcionarios han sufrido ‘encerronas’ durante el traslado a sus hogares (...). Salir se torna una aventura riesgosa e insegura". Se expone el caso de la jueza que circula en un vehículo blindado, o el caso de un magistrado que no encuentra arriendo disponible, porque nadie quiere pasarle su casa a un miembro del Poder Judicial que podría ser blanco de un atentado. Hay "muchos testimonios de sucesos del día a día que los hacen trabajar con el fantasma del temor”, dice el texto remitido por el ministro Arturo Prado al presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva.
