"Dadas las características de la tecnología, no es posible que funcione por horarios. Funciona 24 horas, siete días a la semana”, afirmó el titular de Justicia.
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El grupo era liderado por un ciudadano colombiano de 29 años, con situación migratoria regular y antecedentes por infracción a la Ley 20.000.
El penal que se encontraba cerrado desde 2018 fue remodelado, incorporándosele 91 nuevas plazas, además de mejoras en las condiciones de habitabilidad.
Previamente, un grupo de diputados UDI ofició a la Contraloría, denunciando que los inhibidores funcionan por un tiempo acotado. El secretario de Estado negó las acusaciones y comentó que los legisladores pudieron estar mal informados al respecto.
"Los parlamentarios tienen todo el derecho de ir a la Contraloría a plantear sus dudas. Pero uno esperaría, de vez en cuando, que se busque respaldar y buscar colaborar con sacar adelante acciones tan relevantes", sostuvo la titular de Interior.
Según se plantea en el documento, la sobrepoblación en las cárceles, el aumento de la inseguridad en su interior y la falta de infraestructura penitenciaria son algunos de los problemas que afectan a estos recintos en el país.
Tras un proceso que desde el gobierno fue calificado como exitoso y que incluyó el bloqueo de señal en tres recintos de la RM, el Ministerio de Justicia avanza en las bases de licitación para disponer el mismo sistema en otros penales del país. La apuesta es que a fin de año estén cubiertas dependencias que albergan, en suma, al 50% de la población penal.
Los fallecimientos al interior de los penales representan una gran preocupación para las autoridades. Por lo mismo, se adoptan protocolos especiales, donde las causas que más se repiten son tres: enfermedades, riñas y suicidios. La primera representa el 44% de los decesos registrados entre 2015 y 2024.
La idea es que los actores del "sistema de justicia penal" tengan en consideración el número de internos, capacidad y condiciones de las distintas cárceles del país al momento de decretar una condena o medida cautelar. "El Estado de Chile no puede negar el aumento explosivo de la prisión preventiva", acusó el ministro Luis Cordero.
Este es el séptimo operativo masivo que realiza la institución en lo que va de año.
Sobre la etapa inicial de esta medida -concentrada en tres recintos penitenciarios del centro de Santiago- Cordero adelantó que “ya terminó la fase de instalación, estamos en la fase de implementación".
El Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, encargado de la toma de muestras genéticas a personas presas en Ecuador, confirmó a France 24 que el hisopado bucal en las prisiones se interrumpió después del 15 de marzo de 2024 para buscar los “puntos de mejora” de un plan piloto, mientras que la institución que rige las cárceles aseguró que no hubo tal suspensión.
Las solicitudes de este año provienen de internos de los penales de Santiago Sur (1.135), Colina 1 (502), Colina 2 (161), Punta Peuco (4), Centro de Rehabilitación Abierto Manuel Rodríguez (9) y Centro de Estudio y Trabajo Metropolitano (35).
El secretario de Estado se refirió además a la instalación de inhibidores de señal telefónica en los recintos penitenciarios.
La mayoría debió mudarse lejos de sus familias y una vez en Gendarmería se dieron cuenta que el trabajo no era lo que esperaban. Hoy, con las cárceles al límite, muchos funcionarios sufren sobrecarga laboral, implementación deteriorada, poco acceso a salud mental y un clima de creciente violencia.
