Se espera que entre en funcionamiento parcial a fines de este año. Sin embargo, las obras de habilitación se extenderían hasta 2026, fecha en que el recinto operaría a su capacidad máxima.
Paulina Ortega
25 jul 2024 02:11 PM
Se espera que entre en funcionamiento parcial a fines de este año. Sin embargo, las obras de habilitación se extenderían hasta 2026, fecha en que el recinto operaría a su capacidad máxima.
Decreto oficializa el nuevo de nombre del penal ahora conocido como Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS).
La alcaldesa de Santiago hizo público su rechazo a la construcción de un nuevo recinto penitenciario de alta seguridad en su comuna, señalando varias veces que la tendencia internacional es que estos modelos se edifiquen alejados de la ciudad, patrón que recientemente en Latinoamérica sí se sigue.
El Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica (UC), realizó un perfil de los funcionarios de Gendarmería. Este permitió determinar el complejo clima laboral que existe al interior de la institución, el cual está marcado por falta de atención de salud mental, extensos turnos, actos de corrupción y consumo problemático de sustancias.
Si bien en un inicio no se contemplaban grandes avances en la materia, con el pasar de los meses el Ministerio de Justicia activó una serie de proyectos con miras a fortalecer las medidas de seguridad al interior de los recintos. Como advierten investigadores del CEP, en todo caso, urgen reformas estructurales en Gendarmería.
La nueva unidad fue anunciada por el Presidente Gabriel Boric este jueves y tendrá como misión administrar los centros de alta y máxima seguridad que alberguen a sujetos ligados al crimen organizado.
Junto con ello, realizó un llamado a quienes criticaban el sistema expresando que se tenga presente lo que "hemos logrado".
"Dada la sobrepoblación que nosotros tenemos, trasladar o cerrar ese establecimiento penal, ese establecimiento o cualquier otro en el país, que es otra cosa que nosotros hemos señalado, es relativamente imposible”, zanjó el ministro de Justicia.
La acción judicial de la institución, dirigida en contra un grupo de reclusos del recinto, sostiene que estos han participado en al menos 15 eventos violentos al interior de la cárcel. Con dichas medidas, como se indica, buscarían desestabilizar el control de Gendarmería sobre el recinto penal, razón por la cual se invoca la Ley de Seguridad de Interior del Estado.
"Dadas las características de la tecnología, no es posible que funcione por horarios. Funciona 24 horas, siete días a la semana”, afirmó el titular de Justicia.
El grupo era liderado por un ciudadano colombiano de 29 años, con situación migratoria regular y antecedentes por infracción a la Ley 20.000.
El penal que se encontraba cerrado desde 2018 fue remodelado, incorporándosele 91 nuevas plazas, además de mejoras en las condiciones de habitabilidad.
Previamente, un grupo de diputados UDI ofició a la Contraloría, denunciando que los inhibidores funcionan por un tiempo acotado. El secretario de Estado negó las acusaciones y comentó que los legisladores pudieron estar mal informados al respecto.
"Los parlamentarios tienen todo el derecho de ir a la Contraloría a plantear sus dudas. Pero uno esperaría, de vez en cuando, que se busque respaldar y buscar colaborar con sacar adelante acciones tan relevantes", sostuvo la titular de Interior.
Según se plantea en el documento, la sobrepoblación en las cárceles, el aumento de la inseguridad en su interior y la falta de infraestructura penitenciaria son algunos de los problemas que afectan a estos recintos en el país.