La nueva unidad fue anunciada por el Presidente Gabriel Boric este jueves y tendrá como misión administrar los centros de alta y máxima seguridad que alberguen a sujetos ligados al crimen organizado.
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Junto con ello, realizó un llamado a quienes criticaban el sistema expresando que se tenga presente lo que "hemos logrado".
"Dada la sobrepoblación que nosotros tenemos, trasladar o cerrar ese establecimiento penal, ese establecimiento o cualquier otro en el país, que es otra cosa que nosotros hemos señalado, es relativamente imposible”, zanjó el ministro de Justicia.
La acción judicial de la institución, dirigida en contra un grupo de reclusos del recinto, sostiene que estos han participado en al menos 15 eventos violentos al interior de la cárcel. Con dichas medidas, como se indica, buscarían desestabilizar el control de Gendarmería sobre el recinto penal, razón por la cual se invoca la Ley de Seguridad de Interior del Estado.
"Dadas las características de la tecnología, no es posible que funcione por horarios. Funciona 24 horas, siete días a la semana”, afirmó el titular de Justicia.
El grupo era liderado por un ciudadano colombiano de 29 años, con situación migratoria regular y antecedentes por infracción a la Ley 20.000.
El penal que se encontraba cerrado desde 2018 fue remodelado, incorporándosele 91 nuevas plazas, además de mejoras en las condiciones de habitabilidad.
Previamente, un grupo de diputados UDI ofició a la Contraloría, denunciando que los inhibidores funcionan por un tiempo acotado. El secretario de Estado negó las acusaciones y comentó que los legisladores pudieron estar mal informados al respecto.
"Los parlamentarios tienen todo el derecho de ir a la Contraloría a plantear sus dudas. Pero uno esperaría, de vez en cuando, que se busque respaldar y buscar colaborar con sacar adelante acciones tan relevantes", sostuvo la titular de Interior.
Según se plantea en el documento, la sobrepoblación en las cárceles, el aumento de la inseguridad en su interior y la falta de infraestructura penitenciaria son algunos de los problemas que afectan a estos recintos en el país.
Tras un proceso que desde el gobierno fue calificado como exitoso y que incluyó el bloqueo de señal en tres recintos de la RM, el Ministerio de Justicia avanza en las bases de licitación para disponer el mismo sistema en otros penales del país. La apuesta es que a fin de año estén cubiertas dependencias que albergan, en suma, al 50% de la población penal.
Los fallecimientos al interior de los penales representan una gran preocupación para las autoridades. Por lo mismo, se adoptan protocolos especiales, donde las causas que más se repiten son tres: enfermedades, riñas y suicidios. La primera representa el 44% de los decesos registrados entre 2015 y 2024.
La idea es que los actores del "sistema de justicia penal" tengan en consideración el número de internos, capacidad y condiciones de las distintas cárceles del país al momento de decretar una condena o medida cautelar. "El Estado de Chile no puede negar el aumento explosivo de la prisión preventiva", acusó el ministro Luis Cordero.
Este es el séptimo operativo masivo que realiza la institución en lo que va de año.
Sobre la etapa inicial de esta medida -concentrada en tres recintos penitenciarios del centro de Santiago- Cordero adelantó que “ya terminó la fase de instalación, estamos en la fase de implementación".
