Olga Espinoza y Javier Martínez
8 mar 2024 08:45 PM
Junto con la preocupación por las condiciones en que viven enajenados mentales en este Centro de Detención Preventiva, el magistrado Fernando Guzmán en una reciente visita carcelaria dio cuenta de las graves condiciones en que se encuentran encerrados los internos, muchos de los cuales están mezclados con reos de alta peligrosidad, al menos un 26% son foráneos. "Existe un grave problema con respecto a la clasificación y posterior criterio de segregación de los extranjeros, pues los actualmente en prisión preventiva son considerados de bajo compromiso delictual (no se tiene registro de sus antecedentes penales en el país de origen), no obstante la naturaleza de los delitos atribuidos y el hecho que están organizados en bandas que extorsionan a los demás imputados y manejan el comercio ilegal de drogas, armas, teléfonos móviles, alcohol y alimentos", se lee en el acta.
Se trata del quinto operativo de este tipo en lo que va de año.
Varios operativos en simultáneo se realizaron durante este jueves en diversas cárceles del país.
Si bien el Presidente Daniel Noboa se ha desmarcado de los métodos de su homólogo de El Salvador, varias de sus medidas se asemejan. Analistas destacan que los contextos de ambos países son distintos.
Desde la Región de Coquimbo, el mandatario destacó que en Chile los recintos penales no están en manos de los delincuentes, como en otros países de la región. "Tenemos que preguntarnos cómo hacemos las cosas para no llegar a ese lugar”, sostuvo -sin embargo-, al relevar la importancia de las medidas destinadas a la reinserción.
Esta semana se registraron una serie de hechos violentos en Ecuador. Entre ellos la presunta fuga de un líder narco y la irrupción de un grupo de encapuchados a un canal televisivo. Asimismo, 16 personas han muerto y 178 personas fueron tomadas como rehenes en las cárceles. Solo durante el 2023, 7.200 homicidios fueron contabilizados. Ante esto, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa declaró un “conflicto armado interno” y ordenó a las FF.AA concretar operaciones militares para neutralizar a las bandas narcotraficantes.
Desde el pasado 8 de enero la nación sudamericana vive una crisis de seguridad en la que en principio hubo 170 personas secuestradas en siete centros penitenciarios del país y que obligaron al Presidente Daniel Noboa a declarar un estado de excepción por la existencia de un “conflicto armado interno”.
El titular de Justicia le respondió al jefe comunal, quien a partir de la crisis de seguridad que se vive en Ecuador, propuso la construcción de una cárcel de alta seguridad en una isla o zona desértica.
Las instalaciones bloquearán señales celulares y satelitales, generarán su propia electricidad, tratarán su propia agua y emplearán guardias cuyos rostros estarán cubiertos para mantener el anonimato, dijo el gobierno.
El alcalde de La Florida hizo su planteamiento en respuesta a la crisis de seguridad que está atravesando Ecuador, algo que advierte que podría ser “un viaje al futuro de lo que nos espera a los chilenos”.
Asimismo, Daniel Noboa dijo que su Gobierno presentará este jueves el proyecto de las dos nuevas cárceles de alta seguridad, ubicadas en las provincias de Pastaza y Santa Elena, que serán construidas por la misma empresa que realizó las ya existentes en México y El Salvador.
El anuncio lo hizo el presidente en medio de la crisis del llamado “conflicto armado interno”.
Ni todos los intentos de su defensora penal pública, ni la de los jueces del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago libraron a Gustavo G.A. (36) de su trágico destino: morir en Santiago Uno. El imputado, que había intentado matar a su hermana y a su madre en medio de un cuadro grave de esquizofrenia, no debía estar en ese lugar. Pero los siquiátricos -Hospital Doctor Horwitxz y el de Putaendo- rechazaron en reiteradas ocasiones su ingreso asegurando estar más que colapsados. Gendarmería, por su parte, no cumplió con las órdenes del tribunal y lo dejó a su suerte en módulos donde compartió con reos comunes que lo golpearon hasta morir. Esta es la historia de cómo el sistema penal en su conjunto le falló a un enfermo de uno de los trastornos mentales más graves de la salud mental.
Fito, el líder de la banda criminal Los Choneros, desapareció de la cárcel donde estaba recluido cumpliendo una condena de 34 años desatando incidentes en seis cárceles a lo largo del país, que incluyeron la retención de agentes penitenciarios por reos.