En el operativo también se decomisaron 644 armas blancas. Desde junio de 2022 a la fecha se han ejecutado 27 operativos simultáneos, sumando un total de 785 intervenciones en unidades penales.
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La estadística, entregada por el defensor penal público, Carlos Mora, revela que desde mayo del año pasado la Defensoría Penal Pública ha recibido un total de 325 casos de violencia institucional de parte de agentes del Estado a personas recluidas en diferentes cárceles del país. Del total de casos, 298 corresponde a hombres y 27 a mujeres.
Hoy se realizó la decimoquinta intervención en lo que va de año en recintos penales. El procedimiento abarcó una población penal de 4.188 personas en 16 regiones del país.
La relatora especial de Naciones Unidas, Alice Jill Edwards, presentó este jueves sus observaciones tras una estadía de diez días en el país, que incluyó visitas a prisiones, comisarías de Carabineros y la PDI, hospitales psiquiátricos, centros de detención juvenil y unidades del Servicio Médico Legal.
A diez años del inicio del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, la institución dio a conocer el número de personas que han estado privadas de libertad y que después fueron declaradas inocentes. Del total de mujeres, más de cien de ellas son extranjeras. Mientras de que las 76 personas que integran la iniciativa de la institución, sólo seis han sido compensadas por el Estado.
El trabajo de la Asociación de Municipalidad de Chile tuvo como objetivo “conocer más en detalle datos del sistema penitenciario, alertar la falta de medidas concretas y determinar de qué forma los municipios pueden aportar en la reinserción social". De acuerdo al estudio, hay 138.335 personas privadas de libertad en distintos regímenes (abierto, cerrado y post penitenciario) y 45.769 están tras las rejas.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que “Gendarmería ha señalado y el gobierno comparte la doctrina de Gendarmería, que no pueden realizar visita de cárcel aquellas personas que no tengan regularizada su situación en el país, especialmente en recitos de máxima seguridad”.
De acuerdo con cifras reportadas por el ministro de Justicia, Luis Cordero, al 12 de octubre se contabilizan 54.678 personas privadas de libertad, lo que da cuenta de que el sistema está sobrepasado en 31%. Eso, como dan cuenta las autoridades, incide directamente en la imposibilidad de hacer una segregación adecuada, pero también va afectando presupuestos y labores de reinserción. "No solo las cárceles están siendo objeto de congestión, es todo el sistema".
El ministro de Justicia señaló que esa cifra es el "número (de reos) que el país tenía estimado para el próximo año" y que una de las razones es que “la prisión preventiva se ha aumentado muchísimo".
Los cadáveres de seis reclusos fueron hallados en la cárcel del Litoral, en la ciudad ecuatoriana de Veracruz, y entre ellos se encuentran los individuos acusados por el homicidio de Fernando Villavicencio, a quienes previamente se les había negado el traslado a una prisión más segura.
La diligencia terminó, además, con la incautación de numerosa información de interés investigativo sobre la banda, como contactos telefónicos, dinero en efectivo y droga en pequeñas cantidades.
Con la nueva prórroga, el gobierno ecuatoriano indicó que pretende controlar las circunstancias que han alterado el funcionamiento del sistema penitenciario como “amotinamientos suscitados que suelen implicar enfrentamientos violentos entre grupos de delincuencia organizada”, en los que hay graves lesiones, mutilaciones y asesinatos de reclusos.
El Servicio de Atención a Personas Adultas Privadas de Libertad, ente responsable de las cárceles ecuatorianas, aseguró que los funcionarios que estuvieron retenidos al menos desde el jueves pasaron evaluaciones médicas para verificar su estado de salud -del que no dieron detalles- y se encuentran “a buen recaudo”.
El secretario de Seguridad Pública y del Estado ecuatoriano, Wagner Bravo, indicó no han retomado el control de la cárcel de Turi, en el sur de la ciudad de Cuenca, donde se originó un motín el miércoles, por lo que todavía hay funcionarios en manos de los reclusos. El presidente Guillermo Lasso reconoció que las medidas contra el crimen organizado habían “generado reacciones violentas de las organizaciones criminales”.
