Hasta ahora, el Ejecutivo ha pedido la renuncia a cuatro seremis, dos subsecretarias y al jefe del Departamento de Asentamientos Precarios del Minvu. A las que se suman la dimisión del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y la salida de Daniel Andrade de la Subsecretaría de Defensa. Además, se cuenta la renuncia del fiscal investigado por presunto traspaso de información a funcionarios del GORE de Los Lagos.
La otrora autoridad de Vivienda en Antofagasta entregará detalles sobre quién, cuándo y cómo envió a Presidencia antecedentes del caso de Democracia Viva. Además, de acuerdo con sus cercanos, relatará respecto de la serie de personeros de gobierno que visaron los convenios que se firmaron desde la repartición. Entre ellos, se referirá al rol de Verónica Serrano, tía del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda y quien le pidió apurar los procesos.
Los secretarios de Estado de la Segpres y de Justicia insistieron este domingo en que no llegó el informe sobre el caso Democracia Viva a Presidencia, como planteó el exseremi de Vivienda Carlos Contreras.
Asimismo, los diputados de la bancada de RN solicitaron realizar las modificaciones legales para sancionar a quienes falseen información en las instancias investigadoras de la Cámara Baja.
El 5 de junio, el jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado, remitió un documento a la Subsecretaría de Vivienda, liderada en ese entonces por Tatiana Rojas (RD), en que hacía un análisis de lo denunciado por la asociación de funcionarios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. La acusación, presentada el 2 de mayo, daba cuenta de una serie de irregularidades en el servicio entonces liderado por Carlos Contreras, los cuales fueron acogidos parcialmente por el Ejecutivo. Se consideró que el ahora imputado exseremi había tomado medidas para mejorar estas inconsistencias. Pero, lo atribuido a la triada de Contreras, Daniel Andrade y Catalina Pérez, al menos, ya hacía ruido en La Moneda.
En un punto de prensa, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, señaló que los temas relacionados al lío de platas "no se van a seguir resolviendo con especulaciones" y apuntó a que el asunto está en manos de la justicia. "Esperamos que las instituciones funcionen".
El exseremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras (exmilitante de RD), enredó nuevamente al gobierno al asegurar que el 7 de junio Presidencia supo a través de un documento formal del convenio de Democracia Viva y el Minvu, lo que echa por tierra la versión del jefe de asesores de que trataba de un rumor.
Los legisladores Juan Antonio Coloma y Juan Manuel Fuenzalida aseguraron que si se llega a comprobar la versión del ex seremi de Vivienda se debe pedir la renuncia de Miguel Crispi y así entregar "una señal en contra de la corrupción”.
Guillermo Chahuán, a través de una declaración pública, indicó que su representado en su presentación ante la comisión investigadora por los líos de plata "se ajusta plenamente a los hechos: no recibió el informe señalado".
El exseremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras, publicó una declaración que puso en entredicho la versión que ha mantenido el gobierno respecto de la fecha en que se enteraron oficialmente del caso.
El exjefe de gabinete de Catalina Pérez puso en entredicho la versión del Ejecutivo respecto a la fecha en que se enteraron formalmente del caso. "El tema nunca se ha tratado de un 'rumor', como dijo en su minuto el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi", aseguró.
El Ministerio Público decidió resguardar el acceso de los intervinientes al expediente de la causa durante seis meses, invocando para ello la ley que permite esta facultad, en razón de mantener una investigación con indicios de blanqueo de capitales. Entre las diligencias del ente persecutor hay una serie de solicitudes de análisis a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Tres meses de investigación lleva el caso que surgió por los millonarios traspasos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a Democracia Viva. La Fiscalía cuenta con declaraciones, cartolas bancarias y algunos antecedentes bajo reserva que apuntan a desentrañar una trama que complica a, al menos, tres de sus exmilitantes: Daniel Andrade, Carlos Contreras y la diputada Catalina Pérez.
Carlos Contreras declaró ante el tribunal supremo de RD, luego de que estallara el caso de los millonarios convenios entre el Servicio y Democracia Viva. Además de una explicación técnica de por qué se firmaron esos traspasos, dijo que "es necesario tener presente que la derecha está buscando nuevos flancos". También, defendió la experiencia de la cuestionada ONG de Daniel Andrade.
De acuerdo con antecedentes contenidos en la carpeta del caso, la profesional ejercía como mano derecha del otrora seremi de Vivienda Carlos Contreras y habría tenido directa injerencia en la selección de las fundaciones que firmaron millonarios convenios con el organismo.
