Los legisladores Juan Antonio Coloma y Juan Manuel Fuenzalida aseguraron que si se llega a comprobar la versión del ex seremi de Vivienda se debe pedir la renuncia de Miguel Crispi y así entregar "una señal en contra de la corrupción”.
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Guillermo Chahuán, a través de una declaración pública, indicó que su representado en su presentación ante la comisión investigadora por los líos de plata "se ajusta plenamente a los hechos: no recibió el informe señalado".
El exseremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras, publicó una declaración que puso en entredicho la versión que ha mantenido el gobierno respecto de la fecha en que se enteraron oficialmente del caso.
El exjefe de gabinete de Catalina Pérez puso en entredicho la versión del Ejecutivo respecto a la fecha en que se enteraron formalmente del caso. "El tema nunca se ha tratado de un 'rumor', como dijo en su minuto el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi", aseguró.
El Ministerio Público decidió resguardar el acceso de los intervinientes al expediente de la causa durante seis meses, invocando para ello la ley que permite esta facultad, en razón de mantener una investigación con indicios de blanqueo de capitales. Entre las diligencias del ente persecutor hay una serie de solicitudes de análisis a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Tres meses de investigación lleva el caso que surgió por los millonarios traspasos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a Democracia Viva. La Fiscalía cuenta con declaraciones, cartolas bancarias y algunos antecedentes bajo reserva que apuntan a desentrañar una trama que complica a, al menos, tres de sus exmilitantes: Daniel Andrade, Carlos Contreras y la diputada Catalina Pérez.
Carlos Contreras declaró ante el tribunal supremo de RD, luego de que estallara el caso de los millonarios convenios entre el Servicio y Democracia Viva. Además de una explicación técnica de por qué se firmaron esos traspasos, dijo que "es necesario tener presente que la derecha está buscando nuevos flancos". También, defendió la experiencia de la cuestionada ONG de Daniel Andrade.
De acuerdo con antecedentes contenidos en la carpeta del caso, la profesional ejercía como mano derecha del otrora seremi de Vivienda Carlos Contreras y habría tenido directa injerencia en la selección de las fundaciones que firmaron millonarios convenios con el organismo.
En un reservado informe se revisaron testimonios allegados a la causa penal, además de rendiciones de cuentas de la fundación ligada a RD. En el análisis se advierte la comisión de delitos que involucran directamente al exseremi Carlos Contreras, el ingeniero Daniel Andrade y, por primera vez, se menciona a la parlamentaria.
Las declaraciones de la exautoridad ocurren a una semana de la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, que lo sindica como autor del delito de fraude al Fisco.
En su escrito, el Consejo de Defensa del Estado afirma que tales nexos no fueron advertidos a ninguno de los funcionarios del Serviu ni de la Seremi de Vivienda en el marco de la firma de los convenios, lo que sustenta, en parte, la acusación de fraude al Fisco por $391.768.516.
El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, aseguró que "la prueba documental y testimonial recogida en la investigación" permite presumir que los líos de platas no se debieron a una falta de expertiz o de gestión, "sino a la comisión de un fraude al Fisco”.
Además, Libertad Triviño aseguró que se revisaron todas las cuentas del partido y "no hay ningún peso ni de esta (Democracia Viva) ni de otra fundación que haya llegado a Revolución Democrática".
Carlos Contreras explicó que la incorporación de nuevas organizaciones comenzó porque cada cada debían renovar el listado de organizaciones, ya que algunas de ellas tenían atraso en sus procesos de rendición y esto impide generar nuevos convenios, por lo mismo debían buscar nuevas organizaciones.
El próximo fin de semana, la colectividad presidida por el senador Juan Ignacio Latorre realizará sus elecciones internas, con las que esperan dar por superada la polémica desatada por los cuestionados convenios entre fundaciones y el Ministerio de Vivienda, en el que están vinculados sus militantes. Si bien la diputada Pérez tenía pensado lanzar una nómina, el escándalo obligó a sus integrantes a descartarla.
