En un reservado informe se revisaron testimonios allegados a la causa penal, además de rendiciones de cuentas de la fundación ligada a RD. En el análisis se advierte la comisión de delitos que involucran directamente al exseremi Carlos Contreras, el ingeniero Daniel Andrade y, por primera vez, se menciona a la parlamentaria.
Las declaraciones de la exautoridad ocurren a una semana de la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, que lo sindica como autor del delito de fraude al Fisco.
En su escrito, el Consejo de Defensa del Estado afirma que tales nexos no fueron advertidos a ninguno de los funcionarios del Serviu ni de la Seremi de Vivienda en el marco de la firma de los convenios, lo que sustenta, en parte, la acusación de fraude al Fisco por $391.768.516.
El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, aseguró que "la prueba documental y testimonial recogida en la investigación" permite presumir que los líos de platas no se debieron a una falta de expertiz o de gestión, "sino a la comisión de un fraude al Fisco”.
Además, Libertad Triviño aseguró que se revisaron todas las cuentas del partido y "no hay ningún peso ni de esta (Democracia Viva) ni de otra fundación que haya llegado a Revolución Democrática".
Carlos Contreras explicó que la incorporación de nuevas organizaciones comenzó porque cada cada debían renovar el listado de organizaciones, ya que algunas de ellas tenían atraso en sus procesos de rendición y esto impide generar nuevos convenios, por lo mismo debían buscar nuevas organizaciones.
El próximo fin de semana, la colectividad presidida por el senador Juan Ignacio Latorre realizará sus elecciones internas, con las que esperan dar por superada la polémica desatada por los cuestionados convenios entre fundaciones y el Ministerio de Vivienda, en el que están vinculados sus militantes. Si bien la diputada Pérez tenía pensado lanzar una nómina, el escándalo obligó a sus integrantes a descartarla.
Un documento firmado por el exseremi Carlos Contreras (RD) en julio de 2022 sólo exigió un mínimo de seis meses de antigüedad y "experiencia en trabajo socioterritorial" a las nuevas fundaciones que quisieran firmar millonarios convenios con el Minvu de Antofagasta. Además, sugirió que la remuneración de los profesionales a contratar fuera de $ 1.200.000 mensuales.
La orden se da tras un requerimiento presentado por la bancada de diputados de Renovación Nacional, quienes también solicitaron que a dichos funcionarios se les imposibilite "ejercer labores en la Administración del Estado”, criticando la existencia de una "lógica de impunidad administrativa instalada por esta administración, donde las renuncias permiten evadir medidas disciplinarias y reasumir funciones públicas en otras reparticiones".
Rodrigo Hernández firmó una autorización a Urbanismo Social sin asumir su inhabilidad. El militante RD había sido asesor jurídico de la ONG que luego fue beneficiada con contratos con el Minvu en Antofagasta y en la región en que él era seremi.
El jefe de la cuestionada cartera reveló este nuevo antecedente en sesión de este miércoles de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.
"Fue una decisión colectiva en términos de su rol como diputada en su distrito, con su círculo cercano", señalo el timonel de la tienda oficialista.
Además de los integrantes de la ya polémica fundación, hay una serie de personajes que aparecen clave en la trama que indaga el fiscal Cristian Aguilar, jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta. Y es que tras emitir una orden para que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI analice las transacciones entre la entidad encabezada por Daniel Andrade y el Serviu de Antofagasta, el Ministerio Público persigue determinar si existen figuras delictuales como fraude al Fisco o tráfico de influencias.
En menos de dos semanas, una acusación de eventual conflicto de interés y aprovechamiento de cargos públicos para beneficiar a militantes de Revolución Democrática se convirtió en la mayor crisis de su tipo en el gobierno de Gabriel Boric. El episodio, que ha significado renuncias, condenas públicas y la intervención del Ministerio Público, puede ser difícil de entender. Acá te ayudamos a comprender el corazón de la denuncia que remece al oficialismo.
El escándalo político entre la fundación de la pareja de Catalina Pérez, Democracia Viva, y el Serviu de Antofagasta remeció los cimientos del Frente Amplio. La dureza de las declaraciones del gobierno y del partido del Presidente Boric, Convergencia Social, busca neutralizar el efecto que podría generar que uno de sus filas enfrente un caso de posible corrupción. En Palacio ya se ha activado un control de daños: develar si hay nuevas aristas de Democracia Viva donde estén involucradas otras autoridades RD.
