De acuerdo con la "ficha laboral" del arquitecto, ingresó a la cartera en abril de 2008 y, según los registros de convenios celebrados por la misma repartición y entidades privadas, fue quien propuso a Fundación EnRed en Ñuble, Atacama y O'Higgins. Además, tras su salida del Ejecutivo, su hermana constituyó una empresa que luego emitió boletas a la misma ONG.
El exseremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras (exmilitante de RD), enredó nuevamente al gobierno al asegurar que el 7 de junio Presidencia supo a través de un documento formal del convenio de Democracia Viva y el Minvu, lo que echa por tierra la versión del jefe de asesores de que trataba de un rumor.
El comunicado del exseremi provocó que la oposición retomara las conversaciones para estudiar una acusación constitucional en contra de ministro de Vivienda y para exigir la renuncia del jefe de asesores del Segundo Piso. Este último es el que quedó en una posición más compleja, puesto que la versión de Contreras contradice la que él entregó ante la comisión investigadora de la Cámara, lo que desató críticas desde el propio oficialismo.
El titular de Vivienda y Urbanismo, en medio de un punto de prensa, llamó a la subsecretaria de la cartera para que explicara por qué no se respondió oportunamente a un oficio solicitado por fiscalía.
En el contexto de las indagatorias ligadas a los convenios con fundaciones, se allanó el recinto donde se encuentran las oficinas del ministro Carlos Montes, además de la Subsecretaria de Vivienda y oficinas del Programa de Asentamientos Precarios. "El gobierno es el primer interesado de que este caso se resuelva con toda la transparencia que corresponde", señaló el Mandatario.
"El que estemos acá junto con el ministro de Vivienda refuerza el respaldo que tiene por parte de todo el gobierno, partiendo por el Presidente de la República”, defendió la ministra vocera en un punto de prensa.
La diligencia adoptada por la Fiscalía de Tarapacá volvió a enardecer el ambiente político. La legisladora socialcristiana reiteró que presentarán el libelo a menos que el ministro renuncie.
"Nos interesa que se conozca todo, que realmente que se llegue al fondo, no estamos escondiendo nada”, aseguró el titular del Minvu tras la diligencia enmarcada en las investigaciones por líos de platas y acompañado de la vocera, Camila Vallejo.
Con orden de entrada y registro llegaron la mañana de este jueves oficiales que indagan millonarios traspasos a fundaciones. En medio de la diligencia, como pudo recabar La Tercera, los profesionales incautaron una serie de boletas que comprobarían los nexos de un exfuncionario con la fundación EnRed, la que se adjudicó millonarios convenios.
Se trata de la primera vez que en el marco de las indagatorias ligadas a los convenios con fundaciones se allana el recinto donde se encuentran las oficinas del ministro que encabeza la cartera, Carlos Montes.
Se trata de la primera vez que en el marco de las indagatorias ligadas a los convenios con fundaciones se allana el recinto donde se encuentran las oficinas del ministro que encabeza la cartera, Carlos Montes. Además, efectivos policiales hicieron ingreso a la Subsecretaria de Vivienda y a las oficinas del Programa de Asentamientos Precarios.
El líder republicano cuestionó el llamado de la ministra vocera a superar la "discusión casi meramente electoral" que, a su juicio, se ha dado en materia de seguridad. "Esto no es un debate electoral", respondió.
A última hora fracasaron las gestiones para eximir al ministro de Vivienda de un juicio crítico de parte de la instancia investigadora de la Cámara. Un punto de prensa de la diputada Ericka Ñanco terminó por dinamitar las negociaciones con tres legisladores que eran cruciales para lograr un informe que protegiera al secretario de Estado.
El diputado José Miguel Castro (RN) se refirió este martes a la aprobación del informe por los supuestos traspasos irregulares a fundaciones, en que el que, si bien la derecha debió atenuar la redacción contra el secretario de Estado, quedó una referencia que podría tener efectos constitucionales.
Para aprobar el informe, la derecha debió atenuar la redacción contra el secretario de Estado, sin embargo, quedó una referencia que podría tener efectos constitucionales. El texto, además, cuestiona al jefe de asesores presidenciales, Miguel Crispi; a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y a la exsubsecretaria Tatiana Rojas, a quien le asigna responsabilidades administrativas y penales.
